La política oscila entre el derrotero impreciso de las elecciones y las puertas de los despachos judiciales. Ese decurso de los hechos desconcierta a la opinión pública. No es para menos. Se golpea a un periodista de LA GACETA en la plaza Independencia cuando se desarrollaba un acto en defensa del fiscal Esteban Jerez. Las dos organizaciones que manifestaban paralelamente ese lunes 21 de octubre, en abierta competencia por la ocupación de ese espacio público con las instituciones solidarias con Jerez, llegaron una semana después para decirle que lo apoyan. La presión social se hizo sentir en la CGT Regional, de Enrique Altier, y en las 62 Organizaciones, de Juan Jesús Soria. Mientras la agresión consumada frente a la Casa de Gobierno no esté esclarecida, la sombra de la sospecha no los abandonará, en medio de un contexto de escepticismo. Hay de por medio una historia de ataques a otros periodistas y maniobras intimidatorias jamás dilucidadas ni por la Justicia provincial ni por los jueces federales.
La dinámica política deparó otras sorpresas. Al mismo fiscal Jerez se lo quiere privar de la investigación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), porque rozaría al pacto Julio Miranda-Olijela Rivas. Los rumores trazan un eje imaginario con base en la Casa de Gobierno, despachos judiciales y el Ministerio del Interior. Incluso se habla de la visita silenciosa de un funcionario de alto rango de la cartera política nacional que llegó para enterarse de algunos entretelones de ese delicado asunto. Un oficio que la jueza de la II Nominación, Emma de Nucci, envió al Ministerio del Interior, como derivación de un planteo del letrado Carlos Ruiz Núñez, les dio consistencia a los comentarios. El final de la movida es claro: la causa debería radicarse en un juzgado federal de Buenos Aires, lejos de las miradas indiscretas. La argumentación invocada dice que al haberse emitido los ATN en Buenos Aires por el Ministerio del Interior, a un juez con competencia en esa ciudad le corresponde entender. De ese modo, se neutralizaría a Jerez. A este lo acusan de recalentar la investigación en un ambiente caldeado prematuramente por la aceleración del pulso electoral.
El debate, sin embargo, está lejos de haber acabado. Un fallo del juez federal Felipe Terán confirmando que es de competencia provincial el análisis del gasto de los ATN, se contrapone a la tesis acunada desde el mundo oficial.
Existe, además, un fallo de la Justicia de Neuquén que condenó a la ex diputada nacional Norma Amelia Miralles por un caso similar al que genera inquietud en el mundo oficial. La trama que se teje silenciosamente en reuniones protegidas de los inquisidores no alcanza a contrarrestar la percepción de una franja de la sociedad: al fiscal le ponen trabas para que proceda. La embestida de Sisto Terán en contra del radical Carlos Courel pinta el costado político del pleito.
