El proyecto de Presupuesto para este año, que ingresó a la Legislatura para su tratamiento, es el fiel reflejo de la dependencia casi total que Tucumán tiene de la Nación. La gestión del gobernador Julio Miranda apuesta todas sus fichas a la asistencia federal, ya que en el rubro ingresos se evidencia una caída de $ 66,6 millones respecto de las partidas giradas el año pasado.
Además, el cálculo de gastos e ingresos sólo contempla el pago de intereses del endeudamiento público ($ 97,6 millones anuales) y no del capital, estimado en $ 446 millones. Según las previsiones oficiales, la Nación se haría cargo de la refinanciación de ese pasivo a través de un sistema de canje a 16 años, con lo que se desafectaría parte de la coparticipación federal.
En cuanto al nivel de gastos (se proyectan $ 1.089 millones al año), los salarios que se pagan a casi 55.000 estatales siguen representando el 51% del presupuesto, una cifra similar a la del año pasado. El ministro de Economía, Osvaldo Jaldo, confía en que la Cámara le aprobará el proyecto, ya que esa es una de las metas acordadas con la Nación cuando se firmó el pacto fiscal para financiar el déficit provincial.
Según Jaldo, Tucumán cumplió las pautas de reducción del 60% de ese déficit, "pese al proceso inflacionario que sufre el país". Los técnicos nacionales, que auditarán las cuentas públicas tucumanas, corroborarán dentro de una semana si las cifras presupuestarias se ajustan a las pautas de ajuste.
El ahorro
En cuanto al ahorro previsto por efecto de las medidas de contención del gasto público, el ministro de Economía consideró que hasta fines de año será de $ 36,6 millones. En ese ajuste se incluyen las jubilaciones ordinarias de los estatales y las restricciones impuestas al gasto en las reparticiones públicas.
Las transferencias corrientes ($ 270,3 millones para aportes a colegios privados, incentivo docente, ayuda a municipios y planes sociales) representan el 24% del presupuesto global. Al comparar esa cifra con la del año pasado, se evidencia un incremento de $ 41,4 millones.
Ampliación de partidas
En la Legislatura, el radical José Ascárate advirtió que el Gobierno, en el proyecto de Presupuesto, no tuvo en cuenta el pago de la amortización de la deuda. "Ese compromiso insume la mitad del ejercicio y por esa razón, los tucumanos observamos los graves problemas que existen en el financiamiento de servicios esenciales como salud y educación", aclaró. Ascárate observó que, ante esta situación, el PE se verá obligado en diciembre a pedirle a la Cámara una ampliación de partidas.
El titular de la UCR destacó, sin embargo, que el ministro de Economía se comprometió que hasta enero pondrá a consideración de la Legislatura el proyecto de gastos e ingresos para 2003.
PRINCIPALES PUNTOS DE LA INICIATIVA
El gasto en personal que el Estado destina para pagar sueldos es de $ 560 millones. Según esa cifra, la planilla salarial bruta (incluye aportes previsionales y el aguinaldo anual) es de $ 43 millones mensuales.
El pago de la amortización y los intereses de la deuda pública previsto para este año es de $ 543,6 millones, casi el doble que el año pasado. El Gobierno argumenta que esa situación obedece al incremento de las tasas bancarias pactadas con los acreedores sobre deudas dolarizadas y a la devaluación que sufrió el peso.
El aumento en la partida 012 (Bienes y Servicios no Personales) de $ 13,2 millones respecto de 2001 se debe prioritariamente al efecto inflacionario, explicaron en el Ministerio de Economía.
Los organismos de control tendrán una partida anual de $ 9 millones. La Defensoría del Pueblo mantuvo el nivel de créditos del año pasado, mientras que hubo una leve suba en el presupuesto del Tribunal de Cuentas.
El Poder Ejecutivo prevé un ingreso de $ 35,3 millones por el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), es decir, $ 22 millones menos que el año pasado. Los recursos viales también experimentarán un descenso. Según los funcionarios de Economía, este año se recibirán $ 34,7 millones.
Para el rubro Medio Ambiente y Salud, se establecieron fondos por $ 19,5 millones, incluyendo el pago del déficit anual que acarrea el gerenciamiento del servicio de agua y cloacas.
Según lo acordado con la Nación en el acuerdo firmado en julio pasado, el resultado financiero primario (ingresos menos gastos sin incluir el pago de la deuda pública) no debe superar los $ 12 millones hasta fin de año.
Además, el cálculo de gastos e ingresos sólo contempla el pago de intereses del endeudamiento público ($ 97,6 millones anuales) y no del capital, estimado en $ 446 millones. Según las previsiones oficiales, la Nación se haría cargo de la refinanciación de ese pasivo a través de un sistema de canje a 16 años, con lo que se desafectaría parte de la coparticipación federal.
En cuanto al nivel de gastos (se proyectan $ 1.089 millones al año), los salarios que se pagan a casi 55.000 estatales siguen representando el 51% del presupuesto, una cifra similar a la del año pasado. El ministro de Economía, Osvaldo Jaldo, confía en que la Cámara le aprobará el proyecto, ya que esa es una de las metas acordadas con la Nación cuando se firmó el pacto fiscal para financiar el déficit provincial.
Según Jaldo, Tucumán cumplió las pautas de reducción del 60% de ese déficit, "pese al proceso inflacionario que sufre el país". Los técnicos nacionales, que auditarán las cuentas públicas tucumanas, corroborarán dentro de una semana si las cifras presupuestarias se ajustan a las pautas de ajuste.
El ahorro
En cuanto al ahorro previsto por efecto de las medidas de contención del gasto público, el ministro de Economía consideró que hasta fines de año será de $ 36,6 millones. En ese ajuste se incluyen las jubilaciones ordinarias de los estatales y las restricciones impuestas al gasto en las reparticiones públicas.
Las transferencias corrientes ($ 270,3 millones para aportes a colegios privados, incentivo docente, ayuda a municipios y planes sociales) representan el 24% del presupuesto global. Al comparar esa cifra con la del año pasado, se evidencia un incremento de $ 41,4 millones.
Ampliación de partidas
En la Legislatura, el radical José Ascárate advirtió que el Gobierno, en el proyecto de Presupuesto, no tuvo en cuenta el pago de la amortización de la deuda. "Ese compromiso insume la mitad del ejercicio y por esa razón, los tucumanos observamos los graves problemas que existen en el financiamiento de servicios esenciales como salud y educación", aclaró. Ascárate observó que, ante esta situación, el PE se verá obligado en diciembre a pedirle a la Cámara una ampliación de partidas.
El titular de la UCR destacó, sin embargo, que el ministro de Economía se comprometió que hasta enero pondrá a consideración de la Legislatura el proyecto de gastos e ingresos para 2003.
El gasto en personal que el Estado destina para pagar sueldos es de $ 560 millones. Según esa cifra, la planilla salarial bruta (incluye aportes previsionales y el aguinaldo anual) es de $ 43 millones mensuales.
El pago de la amortización y los intereses de la deuda pública previsto para este año es de $ 543,6 millones, casi el doble que el año pasado. El Gobierno argumenta que esa situación obedece al incremento de las tasas bancarias pactadas con los acreedores sobre deudas dolarizadas y a la devaluación que sufrió el peso.
El aumento en la partida 012 (Bienes y Servicios no Personales) de $ 13,2 millones respecto de 2001 se debe prioritariamente al efecto inflacionario, explicaron en el Ministerio de Economía.
Los organismos de control tendrán una partida anual de $ 9 millones. La Defensoría del Pueblo mantuvo el nivel de créditos del año pasado, mientras que hubo una leve suba en el presupuesto del Tribunal de Cuentas.
El Poder Ejecutivo prevé un ingreso de $ 35,3 millones por el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), es decir, $ 22 millones menos que el año pasado. Los recursos viales también experimentarán un descenso. Según los funcionarios de Economía, este año se recibirán $ 34,7 millones.
Para el rubro Medio Ambiente y Salud, se establecieron fondos por $ 19,5 millones, incluyendo el pago del déficit anual que acarrea el gerenciamiento del servicio de agua y cloacas.
Según lo acordado con la Nación en el acuerdo firmado en julio pasado, el resultado financiero primario (ingresos menos gastos sin incluir el pago de la deuda pública) no debe superar los $ 12 millones hasta fin de año.
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