El Colegio de Abogados de Tucumán está preocupado por la arbitraria persecución que sufren algunos de sus afiliados en organismos públicos y por la ola de asaltos en estudios jurídicos del centro de esta ciudad.
Hace algunos días, el colegio recibió denuncias de que a un grupo de letrados se les coartaba el libre ejercicio de su profesión, según indicó su titular, Carlos Parajón Canteli. En particular, los afectados desempeñan tareas en la Caja Popular de Ahorros y en la Dirección Provincial de Vialidad.
Ante esos hechos, los abogados y las autoridades del colegio interpusieron una acción de amparo en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, para que "los perseguidos" puedan ejercer su tarea. En tanto, ayer se superó el problema con el abogado de Vialidad. Este pidió su traslado a la Fiscalía de Estado, según reveló a LA GACETA Parajón Canteli.
El vicepresidente de la institución, Mario Racedo, fue más allá en esta denuncia. "Los abogados Víctor Cortés y María Victoria Bestani son perseguidos por las conducciones de la Caja y de Vialidad", indicó. El dirigente se quejó de que a los abogados de carrera "se los prive de elementos de trabajo, se los desplace de oficinas y se les impongan horarios imposibles de cumplir, además de amenazas físicas contra ellos y sus familias".
Los robos
Otra de las situaciones que aqueja a los abogados son los asaltos. La entidad reclamó al Ministerio de Gobierno que refuerce la seguridad en las zonas donde hay estudios jurídicos, donde se registraron 15 asaltos, según sus directivos.Racedo también advirtió sobre un hecho que tuvo como protagonista a la abogada y dirigente de organizaciones de Derechos Humanos, Laura Figueroa. La letrada, quien motoriza la investigación en el Pozo de Vargas donde estarían sepultados detenidos desaparecidos, denunció que esta semana volvió a ser intimidada por desconocidos, en un suceso que vinculó con el robo sufrido días pasados, donde los ladrones deslizaron datos sobre sus conversaciones y actividades privadas. Figueroa envió una carta documento al gobernador Julio Miranda, reclamando por su seguridad, y amplió la denuncia efectuada en la Justicia Federal.
Racedo resaltó que "los ataques a Figueroa no son simples casos policiales sino que configuran una persecución política e ideológica, a diferencia de muchos otros hechos que se limitan a la búsqueda de dinero o de objetos de valor".
Hace algunos días, el colegio recibió denuncias de que a un grupo de letrados se les coartaba el libre ejercicio de su profesión, según indicó su titular, Carlos Parajón Canteli. En particular, los afectados desempeñan tareas en la Caja Popular de Ahorros y en la Dirección Provincial de Vialidad.
Ante esos hechos, los abogados y las autoridades del colegio interpusieron una acción de amparo en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, para que "los perseguidos" puedan ejercer su tarea. En tanto, ayer se superó el problema con el abogado de Vialidad. Este pidió su traslado a la Fiscalía de Estado, según reveló a LA GACETA Parajón Canteli.
El vicepresidente de la institución, Mario Racedo, fue más allá en esta denuncia. "Los abogados Víctor Cortés y María Victoria Bestani son perseguidos por las conducciones de la Caja y de Vialidad", indicó. El dirigente se quejó de que a los abogados de carrera "se los prive de elementos de trabajo, se los desplace de oficinas y se les impongan horarios imposibles de cumplir, además de amenazas físicas contra ellos y sus familias".
Los robos
Otra de las situaciones que aqueja a los abogados son los asaltos. La entidad reclamó al Ministerio de Gobierno que refuerce la seguridad en las zonas donde hay estudios jurídicos, donde se registraron 15 asaltos, según sus directivos.Racedo también advirtió sobre un hecho que tuvo como protagonista a la abogada y dirigente de organizaciones de Derechos Humanos, Laura Figueroa. La letrada, quien motoriza la investigación en el Pozo de Vargas donde estarían sepultados detenidos desaparecidos, denunció que esta semana volvió a ser intimidada por desconocidos, en un suceso que vinculó con el robo sufrido días pasados, donde los ladrones deslizaron datos sobre sus conversaciones y actividades privadas. Figueroa envió una carta documento al gobernador Julio Miranda, reclamando por su seguridad, y amplió la denuncia efectuada en la Justicia Federal.
Racedo resaltó que "los ataques a Figueroa no son simples casos policiales sino que configuran una persecución política e ideológica, a diferencia de muchos otros hechos que se limitan a la búsqueda de dinero o de objetos de valor".
Lo más popular
Ranking notas premium







