La decisión de reflotar la reforma de la Constitución provincial tomará cuerpo la próxima semana, cuando el tema sea tratado (por segunda vez en el año) en el recinto legislativo.
Pese a la decisión tomada de avanzar en la modificación de la Carta Magna, el peronismo todavía no se pone de acuerdo sobre algunos puntos. Para afuera, voceros mirandistas aseguran que se suprimirá, para los comicios de 2003, la reelección del gobernador y vice, y que se habilitaría para en los restantes cargos. Pero en el interior del oficialismo, la decisión aún está siendo debatida, porque el primer objetivo de esta nueva movida política es fortalecer la autoridad de Julio Miranda, para lo cual no habría nada mejor (según opiniones de peso) que darle la posibilidad de seguir en el cargo o la potestad de señalar a su sucesor.
Formalmente, el único proyecto en debate es el referido a fijar las calidades de los futuros convencionales constituyentes, un punto exigido por la Carta Magna y que no había sido cumplido en febrero. Esta omisión figura entre los cuestionamientos del Colegio de Abogados a la ley de reforma, y que está en estudio en la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El proyecto de Gerónimo Vargas Aignase (PJ) dispone para los convencionales las mismas exigencias que para los legisladores: 25 años como mínimo, ciudadanía argentina (nativo o por opción, obtenida hace no menos de dos años) y estar domiciliado en la provincia. El legislador es el encargado de redactar también la norma que garantice la estabilidad de jueces y fiscales, a pedido de Miranda (se suprimirá del debate todo lo referido a la Sección V de la Ley Fundamental). La estrategia del PJ consistirá en plantear los cambios a la reforma como una simple modificación de la ley general que habilitó el tema. No se mencionará la transformación de reforma total a parcial, para evitar la exigencia constitucional de 27 votos (2/3 del total).
Pese a la decisión tomada de avanzar en la modificación de la Carta Magna, el peronismo todavía no se pone de acuerdo sobre algunos puntos. Para afuera, voceros mirandistas aseguran que se suprimirá, para los comicios de 2003, la reelección del gobernador y vice, y que se habilitaría para en los restantes cargos. Pero en el interior del oficialismo, la decisión aún está siendo debatida, porque el primer objetivo de esta nueva movida política es fortalecer la autoridad de Julio Miranda, para lo cual no habría nada mejor (según opiniones de peso) que darle la posibilidad de seguir en el cargo o la potestad de señalar a su sucesor.
Formalmente, el único proyecto en debate es el referido a fijar las calidades de los futuros convencionales constituyentes, un punto exigido por la Carta Magna y que no había sido cumplido en febrero. Esta omisión figura entre los cuestionamientos del Colegio de Abogados a la ley de reforma, y que está en estudio en la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El proyecto de Gerónimo Vargas Aignase (PJ) dispone para los convencionales las mismas exigencias que para los legisladores: 25 años como mínimo, ciudadanía argentina (nativo o por opción, obtenida hace no menos de dos años) y estar domiciliado en la provincia. El legislador es el encargado de redactar también la norma que garantice la estabilidad de jueces y fiscales, a pedido de Miranda (se suprimirá del debate todo lo referido a la Sección V de la Ley Fundamental). La estrategia del PJ consistirá en plantear los cambios a la reforma como una simple modificación de la ley general que habilitó el tema. No se mencionará la transformación de reforma total a parcial, para evitar la exigencia constitucional de 27 votos (2/3 del total).
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