Presente y futuro del mapa territorial

La ley que habilitó la reforma de la Constitución provincial preservó la vigencia plena del actual inciso 9 del artículo 38 de la Carta Magna, que dispone la división del mapa territorial con tres secciones electorales, con sus presentes integraciones. Esta decisión se sustentó en los acuerdos políticos alcanzados entre oficialistas y opositores, que posibilitaron la sanción de la norma, como manera de evitar ciertas manipulaciones electorales para garantizar victorias en las urnas.
La experiencia tucumana en el armado de territorios afines a quienes están en el poder y perjudiciales para las expresiones de la oposición, con el propósito de asegurarse mayorías parlamentarias, es abundante, especialmente en el período 1983/1990, cuando el abanico cubrió desde el distrito único a siete secciones distintas. Todos se basaron en leyes electorales especiales, ya que la Constitución de 1907 no estableció ningún régimen específico en esta materia. Precisamente, esa utilización del terreno y del votante motivó a Fuerza Republicana (mayoría en la Convención Constituyente) a plasmar en un artículo determinado de la Ley Fundamental cómo se debía dividir la provincia. Esa disposición es la que se aplica en la votación del próximo mes.
Pese a la previsión dispuesta por los legisladores, se conversa y se evalúa incansablemente sobre las posibles ingenierías territoriales que se podrían incluir en la reforma. Una de las opciones que más se menciona es la de disponer sub-secciones electorales (dividiendo a las tres actuales, pero manteniendo su denominación general y su integración formal) para la consagración de los legisladores provinciales, bajo el argumento de una mejor y mayor representatividad entre el votado y el votante. Esta posibilidad podría dar lugar a planteos judiciales, según esgrimieron dirigentes de la oposición.
La otra evaluación que se realiza tiene íntima vinculación con los cambios por venir en la creación de nuevos municipios y la jerarquización de comunas rurales que integran los departamentos actuales y que no se modificarán en la letra. Si bien naturalmente las nuevas estructuras administrativas deberían seguir perteneciendo al territorio donde figuran ahora (más allá de sus competencias y potestades), no se descarta la aparición de algún otro departamento, que debería integrarse a una sección electoral determinada. Esto habilitaría una discusión específica en la futura Convención Constituyente.