El reclamo por una real autonomía municipal

La Convención Constituyente tendrá en sus manos la posibilidad de adecuar la Carta Magna provincial, en lo referido a los municipios, a lo que consagra la Constitución Nacional reformada en 1994. Tucumán es una de las cinco provincias del país, junto con Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe, que no contiene los preceptos del artículo 123 del texto supremo. Este garantiza las autonomías municipales.
Los especialistas sostienen que las administraciones municipales son la primera instancia de participación que encuentran los ciudadanos. Por ello, cuentan con autonomía económica y administrativa en las cuestiones de su competencia.
La ley que habilita la reforma parcial de la Constitución incluyó expresamente la necesidad de que los futuros convencionales discutan sobre la conveniencia de establecer, en el texto fundacional, la autonomía municipal.
Actualmente, en la provincia los gobiernos locales no cuentan con una autonomía plena. Por ejemplo, un intendente debe solicitar autorización del Poder Ejecutivo para contraer un crédito. Lo mismo ocurre con los ingresos por coparticipación federal que distribuye la Nación. Estos llegan en forma indirecta. Primero a la Provincia y luego a los municipios. Otro hecho significativo lo representa el cobro de impuestos. El inmobiliario y del automotor son percibidos directamente por el gobierno central, pero las administraciones municipales tienen la facultad para emitir licencias de manejo. En cambio, sí está taxativamente establecido que son los gobiernos locales los que deciden sobre el uso y el destino del suelo dentro de su ejido.
Un eje del debate sobre el régimen municipal debería girar sobre el rol de los concejos deliberantes: el número de miembros y si la función debe ser remunerativa o ad honorem.

Regionalización
Dentro de la discusión sobre el futuro de los municipios y del mapa territorial de la provincia, adquiere singular importancia la posibilidad de que la Carta Magna mencione a los procesos de regionalización.
En su artículo 124, la Constitución Nacional reformada en 1994 establece que las provincias pueden constituir regiones con fines de desarrollo económico y social. La tradición, además, indica que existe un innumerable listado de acuerdos entre los distritos argentinos para crear regiones con intereses comunes, que necesitan unirse para planificar y ejecutar políticas de desarrollo.
La norma que habilitó la reforma parcial de la Constitución Provincial preve la incorporación de la regionalización como nuevo instituto y, por ende, la delegación de facultades en órganos supraprovinciales. Abre, también, la discusión sobre uno de los temas más polémicos dentro de la relación entre la Nación y las provincias y, a su vez, entre las provincias y los municipios o comunas rurales. Una región, según los constitucionalistas, puede estar compuesta por una conexión geográfica o por intereses comerciales. En todos los casos, la regionalización tiende a promover una profundización del federalismo.
Finalmente, en lo que hace al interior provincial, el proceso de reforma también alienta la creación de un régimen de protección especial para los Valles Calchaquíes. Esta ley es uno de los reclamos formulados por la Comisión Intersectorial Pro Reserva de la Biósfera Valle de Tafí. El proyecto impulsa la constitución de un organismo mixto. Este tendrá entre sus miembros, además de funcionarios y legisladores, a referentes de las comunidades del lugar.
Inclusive, se limitarán en los territorios protegidos las inversiones turísticas, los cultivos intensivos y las exploraciones mineras. La idea es avanzar en la zona montañosa de la provincia, comprendida por los departamentos de Tafí del Valle, oeste de los departamentos de Trancas, Tafí Viejo, Lules y Famaillá y noreste de Monteros.