El debate se centrará sobre la facultad del PE para designar y remover jueces

El funcionamiento del Poder Judicial está consagrado en la quinta sección de la Constitución reformada en 1990. En el actual proceso reformista, los futuros convencionales constituyentes sólo podrán discutir cambios en dos de las 14 disposiciones referidas a la organización de este poder del Estado.
Según la norma que habilita la reforma parcial de la Carta Magna provincial, entra en debate la cláusula que establece que los jueces y demás funcionarios judiciales serán nombrados por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo del Poder Legislativo. En ese marco, cobra singular magnitud la discusión sobre la restitución del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
El mecanismo de selección de los jueces de Paz también ingresará en el análisis de la futura Convención Constituyente. Actualmente, estos funcionarios son designados por el PE con acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Como contrapartida, está garantizada la inamovilidad de los miembros del Poder Judicial mientras dure su buena conducta, como así también la intangibilidad de sus remuneraciones.
Los convencionales podrán incorporar novedosos institutos en el digesto supremo. Por ejemplo, la posibilidad de que el Poder Judicial goce de autarquía. También se menciona la inclusión de la “Policía Judicial”, la carrera judicial y la escuela judicial. Inclusive, la Convención podrá establecer en el texto constitucional la independencia del Ministerio Público Fiscal. Actualmente, este se rige por la Ley Orgánica de Tribunales y es conducido por un ministro fiscal y actúan dentro de el todos los fiscales. El ministro fiscal sirve como nexo entre la Corte Suprema de Justicia y las Fiscalías. El Ministerio Público no tiene autonomía de funcionamiento y sólo tiene poder de superintendencia sobre los fiscales.

El juicio político
Un espacio importante dentro de la agenda de los reformistas lo ocupará el artículo 110 de la actual Carta Magna. En esta disposición se especifica el régimen de juicio político. De igual manera, es posible que se fijen procedimientos para la remoción de los miembros del Poder Judicial. En este sentido, la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución habilita el establecimiento del jurado de enjuiciamiento.
Finalmente, la Carta Magna provincial podrá contemplar la incorporación con rango constitucional de nuevos institutos, como el hábeas data (acción tendiente a respetar la vida privada) y el hábeas corpus. Este último es una herramienta a la cual los detenidos pueden recurrir para frenar los abusos de autoridad.