Estará en discusión la estructura de la Legislatura

Cuando la reforma de la Constitución se ponga en marcha, toda la sección tercera de la actual Carta Magna, que se refiere al Poder Legislativo puede ser modificada.
Entre sus 34 artículos, el 63 tiene una particular importancia, dado que en sus 25 incisos enumera una serie de atribuciones propias de la Legislatura, cuyas reformas pueden introducir cambios considerables en la escena política e institucional.
Resaltan, en primer lugar, las facultades referidas a las cuentas públicas. El inciso primero determina que le corresponde a la Cámara establecer los impuestos, y es posible que se se especifique esta cuestión con mayor detalle.
Compete también a los legisladores fijar el presupuesto general de la provincia. La Legislatura es también la que debe aprobar o desechar la cuenta de inversión que le remitirá el Poder Ejecutivo. Hasta ahora, lo que suele ocurrir es que la Cámara no trata esa rendición de cuentas, que queda tácitamente promulgada ante el “silencio” parlamentario. Acentuar las implicancias de este inciso contribuiría a la fortalecer la transparencia institucional.

Territorios
El apartado 6 faculta a los legisladores a establecer la división territorial de la provincia. Su modificación podría facilitar la creación de municipalidades y comunas, así como la división o la fusión de las actuales administraciones vecinales. Directa relación con él tiene el punto 14, referido a la potestad del parlamentaria de organizar el régimen municipal.
En contraste, otras pautas del artículo 63 pueden desaparecer. Ese es el caso, por ejemplo, del último punto, referido a verificar la elección de senadores nacionales. Quedó sin aplicación desde que en 2001 los miembros de la Cámara Alta son elegidos por el voto popular.
La reforma de la Constitución puede modificar también aspectos referidos al funcionamiento de la Legislatura. Estará sujeto a cambios, por ejemplo, el artículo 48, que divide la fase de sesiones ordinarias en dos segmentos de 60 días cada uno. Se da por descontado que se prolongará el período, puesto que -salvo contadas excepciones- siempre se extendió hasta el 31 de diciembre. Otra variación probable es la referida a la admisión de los legisladores electos, aunque no hay antecedentes desde 1990 de que en la Cámara local se haya rechazado el título (o pliego) de un parlamentario.
Paralelamente, una modificación del artículo 52 daría lugar a cambiar el número y hasta la estructura de las comisiones de la Legislatura, modificación del Reglamento Interno mediante.
Una reforma que impactaría en el Ejecutivo es la del apartado 53, referido a la interpelación de los ministros. Podría habilitarse, por ejemplo, la figura del voto de censura, como herramienta de peso político para la Cámara. A la vez, una modificación que afectaría a ambos poderes sería el del artículo 65, según el cual las leyes pueden tener principio sólo en ellos. Los constituyentes pueden pautar normas que sólo puedan originarse en la Cámara, estipular el uso de los decretos de necesidad y urgencia y establecer los términos de la iniciativa popular.

¿Bicameralidad?
La estructura del Poder Legislativo podría ser reformada por la Convención Constituyente, que podría decidir volver a la bicameralidad.
La crisis de representatividad que azoló el país tras el retorno de la democracia en 1983, instaló la idea de que los poderes legislativos debían ser los más pequenos posible y en la reforma de 1990 se decidió establecer un Poder Legislativo con una sola Cámara. La reducción del gasto político sirvió para justificar el cambio de rumbo.
Entre los argumentos políticos, se consideró que una sola Cámara mejoraría la eficiencia y la agilidad del sistema. Quienes impulsan el retorno a un régimen bicameral, consideran que contar con dos cámaras mejorará la representación de los departamentos del interior, por la incorporación de senadores elegidos directamente por cada jurisdicción. También, se sostiene que permitirá una reflexión más profunda y acabada de las normas que se sancionen. En el debate preconstituyente se anticipa como mayoritario el criterio de no volver al sistema bicameral. En esa línea se expresaron tanto el gobernador, como el vice. La decisión se justificaría en los datos del último censo de población y podría incorporar entre 10 y 20 bancas.