Cambiarían las atribuciones del PE

La actual estructura del Poder Ejecutivo de Tucumán nació con la reforma de 1990. Las pautas de su funcionamiento están contenidas en la Sección IV del texto vigente, la que está dividida en tres capítulos. El primero de ellos establece la naturaleza y duración del cargo, el segundo determina las atribuciones del PE, y el tercero legisla sobre los ministros a cargo del despacho.
La ley que dispuso la reforma parcial de la Carta Magna habilitó la discusión sólo de ocho de los 14 artículos del primer capítulo. Quedó permitido analizar la duración del cargo del gobernador y del vicegobernador y la posibilidad o no de su reelección. También, el procedimiento en caso de vacancia de algunos de los cargos, el procedimiento a seguir en caso de acefalía, la residencia del mandatario, la formula de juramento. Otra cuestión a analizar será la prohibición de cobrar gastos reservados y las limitaciones salariales para el gobernador.
No podrán modificarse, por ser temas excluídos de la ley que habilitó la reforma constitucional: la conformación del PE con un gobernador y vice, los requisitos para ocupar esos cargos, el tratamiento de excelencia para ambos funcionarios, la elección directa por distrito único y a simple pluralidad de votos. Tampoco estará en debate la imposibilidad de que los ministros sean electos al frente del Gobierno mientras ocupen sus cargos.

El ejercicio de la función
El capítulo segundo referido al Poder Ejecutivo podrá ser modificado en su totalidad. Se trata los 21 incisos que establecen las facultades del gobernador y del vice. Establecen, por ejemplo, que él representa a Tucumán ante la Nación y las otras provincias.
Se indica, además, que el mandatario puede nombrar y remover ministros y que debe dar cuenta anualmente a la Legislatura sobre sus actos, en la apertura del período de sesiones. Se establece, también, que puede conmutar penas, conceder jubilaciones y retiros y otorgar licencias. Que puede vetar leyes, auxiliar con la fuerza pública a los otros poderes, e inspeccionar los bienes y recursos de la policía, así como pedir informes a los departamentos de administración. Otros apartados, en cambio, fijan atribuciones que hacen al poder político del Ejecutivo y sobre los cuales puede haber cambios y agregados sustanciales.
Por ejemplo, es muy probable que se incluya en este capítulo la figura de los decretos de necesidad y urgencia. En Tucumán, tienen vigencia de ley si no son rechazados por la Legislatura a los 20 días de su dictado. En la Carta Magna tucumana, el inciso 2 del artículo 87 consigna que el Ejecutivo participa en la formación de las leyes (con arreglo a la Constitución provincial), las sanciona y las promulga. El punto siguiente establece que expide instrucciones y reglamentos para ejecutar las leyes, pero sin alterar su espíritu. Precisamente, se calcula que también habrá reformas en lo atinente a la potestad del Gobierno en cuestiones impositivas.
Otro término que tampoco suele respetarse es el de la acefalía de los ministerios. "En ningún caso (podrá) durar más de treinta días", señala el inciso 16, también sujeto a cambio.
Durante la reforma, además, pueden producirse innovaciones respecto de la capacidad del Gobierno para intervenir municipalidades y comunas. Hoy está compelido a hacerlo mediante un proyecto de ley, salvo que la Legislatura esté de receso. Justamente, también puede haber novedades respecto de las atribuciones del Ejecutivo durante el lapso que está fuera del período de sesiones ordinarias. Hoy, en ese interregno, puede nombrar interinamente a los funcionarios cuya designación requiere el acuerdo parlamentario.
Otro inciso modificable es el 5. Faculta a la gobernación a nombrar, con acuerdo de la Legislatura, "los jueces de la Corte Suprema, de las Cámaras de primera Instancia, el ministro Fiscal, los fiscales, los defensores y asesores en la Administración de justicia, y demás funcionarios para cuyo nombramiento se exija este requisito".

Los ministros
La Convención también podrá alterar totalmente el capítulo tercero, vinculado con la cantidad de ministros que puede designar el gobernador y las funciones de estos.
Las modificaciones autorizadas podrían dar una nueva fisonomía al Poder Ejecutivo provincial. Pese a que se excluyó de la discusión a la figura vicegobernador, la posibilidad de modificar todas sus atribuciones abrirá un amplio abanico de decisiones a adoptar. Las opiniones políticas podrían moverse entre la opción de consolidar las facultades del gobernador, para ejercer la tarea de conducir el Estado, o fortalecer el sistema de pesos y contrapesos ampliando limitaciones y controles.