El Juicio de Residencia se utilizó en la Colonia para examinar la gestión

La ley que habilitó la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de 1990 dejó abierta la posibilidad de incorporar el Juicio de Residencia, dentro del capítulo del control de la administración pública. Se trata de una institución que tiene antecedentes en los tiempos coloniales y que se vincula con la posibilidad de analizar la conducta de los funcionarios públicos, luego del cese de su mandato.
El Juicio de Residencia fue una de las herramientas de las que se valió la corona de España para controlar la hacienda en los territorios del continente americano. El proceso consistía en examinar las cuentas de los actos cumplidos por un funcionario público al concluir el desempeño de su cargo. Se intentaba conocer tanto lo malo como lo bueno de la gestión, ya que no sólo se buscaba hacer efectiva la responsabilidad del agente sino también premiar al buen gobernante. Mientras se realizaba el juicio, el funcionario saliente no podía cambiar su lugar de residencia, de allí el nombre de esta institución.

En sede administrativa
En la actualidad, es el Tribunal de Cuentas el que está habilitado para realizar actuaciones administrativas contra algún funcionario remiso a cumplir con las rendiciones de gastos.
Según la Ley de Administración Financiera que rige en la provincia y regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas , el organismo tiene a mano el Juicio de Cuentas y el Juicio de Responsabilidad, los que preven trámites y efectos distintos de acuerdo al acto administrativo.
La posibilidad de evaluar la legalidad de la conducta de los funcionarios públicos, está habilitada para el Poder Judicial que - entre 2000 y 2005 - dispuso de una fiscalía especial para investigar los casos de corrupción en el ámbito estatal.


La Convención Constituyente está habilitada para discutir sobre los derechos de los usuarios y de los consumidores. La cuestión podría derivar en la incorporación con rango constitucional de pautas u organismos para el ejercicio de la defensa de quienes se vinculan con las empresas a través de una relación comercial.
El derecho del consumidor es reconocido como un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos, consagrados por el ordenamiento jurídico en favor del consumidor para garantizarle en el mercado una posición de equilibrio en sus relaciones con los empresarios. Uno de los asuntos más polémicos en esta rama jurídica son las garantías para los usuarios de menores recursos económicos.


La posibilidad de incorporar a los partidos políticos en la Carta Magna quedó abierta por la ley que habilitó la reforma parcial del texto vigente desde 1990. En el orden nacional, las organizaciones partidarias están incorporadas a la Constitución desde 1994, decisión que se acordó entre radicales y peronistas en el denominado “Pacto de Olivos”.
Por definición, los partidos políticos son todas las organizaciones de personas que se plantean como objetivo la conquista o el mantenimiento de espacios de poder en el Estado. En Tucumán, una ley regula su funcionamiento. Los constituyentes podrán discutir,entre otras cuestiones, elementos vinculados con el financiamiento estatal para este tipo de agrupaciones humanas.