El desafío de controlar los fondos públicos

La madurez de un sistema político está dada por el efectivo control de los actos de quienes gobiernan. El concepto fue reconocido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ( dictada tras la Revolución Francesa de 1789) donde se afirmó que el pueblo tiene el deber de pedir cuentas a todo funcionario público por su administración y se proclamó que la sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes no tiene constitución.
La ley que habilitó la reforma parcial de la Carta Magna de 1990, abrió la posibilidad para que los constituyentes otorguen rango constitucional a dos institutos directamente vinculados con el control de la administración pública. Se trata del Tribunal de Cuentas, órgano que opera en la provincia desde 1972 con rango legal, y del Juicio de Residencia por el que se podría evaluar a los funcionarios tras el cese de su mandato.
La necesidad de dar jerarquía constitucional al Tribunal de Cuentas es uno de los argumentos más reiterados al momento de justificar la necesidad de modificar la Ley Fundamental de la provincia. Es, también, un reclamo permanente de quienes integran ese órgano de control y de distintos sectores de la oposición política. Se sostiene que la medida garantizará que la tarea de monitorear el manejo de los recursos del Estado, quedará a salvo de las coyunturas que afecten a los distintos poderes.
La ley que habilitó la reforma parcial de la Constitución de 1990, al limitar la discusión sólo al Tribunal de Cuentas, cerró la posibilidad de avanzar hacia otros sistemas de control de la administración pública. En la Nación, por ejemplo, desde 1992 que no funciona un organismo de esta naturaleza. El régimen de controles mutó entonces hacia otras figuras como la Auditoría General de la Nación - que depende del Poder Legislativo y se dedica al control externo- y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), responsable del control interno de la administración del Estado.

Antes, durante y después
En Tucumán, como en la mayoría de las provincias del país, las tareas de contralor siguen estando a cargo de un Tribunal de Cuentas. El órgano funciona según las pautas establecidas por la Ley de Administración Financiera y está diseñado para observar el cumplimiento formal de las leyes y la regularidad contable de los actos estatales. Realiza monitoreos antes, durante y después de la ejecución de los actos públicos.
Entre las facultades del organismo se destaca la posibilidad de verificar la legitimidad de los actos en forma previa a su ejecución. El Tribunal puede aprobar u objetar las decisiones oficiales, suspender sus efectos y, en algunos casos, promover acciones administrativas o judiciales para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Siguiendo el modelo impuesto por las "Cour de Comptes" creadas por Napoleón -Francia 1807-, el Tribunal de Cuentas es un organismo colegiado que integra la administración pública, aunque con independencia para el ejercicio de sus funciones. Esta independencia se pone a prueba cuando el sistema habilita al Poder Ejecutivo a tomar decisiones vinculadas al funcionamiento del Tribunal. La designación de alguno sus miembros es una de las situaciones conflictivas, también las limitaciones para el control de los recursos que se disponen para ejercer las distintas tareas de control.
Pese al consenso que pueda haber sobre la necesidad de dar rango constitucional al principal organismo de control de las finanzas provinciales, en la discusión se barajarán distintas alternativas. Estas podrían definir cuantos vocales debería tener el Tribunal de Cuentas en el futuro y que pasará con quienes hoy ocupan esos cargos. También, estará en debate cómo será el procedimiento de selección de los funcionarios e incluir la figura del concurso público de antecedentes. Hoy la ley exige como requisito para ejercer esa función tener título universitarios de abogado o de contador.
En la reforma de 1994 se le otorgó rango constitucional a la Auditoría General de la Nación. El acuerdo entre el PJ y la UCR también garantizó que el órgano tenga que ser presidido por un funcionario propuesto por el principal partido de la oposición. La alternativa también estará en debate en la provincia.