Traducir líneas políticas en pautas presupuestarias

El secretario de Ciencia y Técnica de la Provincia, Daniel Posse, concibe a la Constitución de la provincia como una construcción jurídica que debe ser lógica. Debe contar con un esquema racional y puede tornarse moderna, sencilla y ágil. Pero, sobre todo, puede poner a Tucumán a la vanguardia de las provincias argentinas en el campo específico de su cartera.
“Profundizar los lineamientos para consagrar una política de Estado en materia de innovación y desarrollo tecnológico puede convertirse en un salto, en un avance verdaderamente significativo”, manifiesta.
“Existen diversas maneras por medio de las cuales la Convención Constituyente puede proveer al fortalecimiento de la ciencia y de la técnica en la provincia. Pero lo que sería un adelanto, en la provincia y en el país, consistiría en que la propia Constitución estableciera una pauta presupuestaria concreta para destinar al desarrollo de estos conocimientos”, aseveró.
Como ejemplo, Posse afirma que los países desarrollados, en promedio, invierten alrededor del 2,5% de su Producto Bruto Interno (PBI) a la promoción y el desarrollo tecnológico. “En la Argentina, en cambio, hoy se destina sólo el 0,4% del PBI. Esa brecha explica muchas cosas”, manifestó.
“Los Estados pobres emplean la casi totalidad de los recursos a los bienes primarios y a la explotación de recursos naturales -aseveró el abogado-. La reforma de nuestra Carta Magna nos da la posibilidad de plantearnos nuevas metas, de manera racional y planificada”.
“Sólo hace falta la voluntad política de los constituyentes, para que tomen acciones decididas. Si disponen que un porcentaje determinado de los recursos de la Provincia serán destinados a la innovación científica y tecnológica, por mandato constitucional, pasaremos a la vanguardia en el país”, remarcó.
El profesional advirtió, también, que dar rango constitucional a las políticas sobre ciencia y técnica implica el desafío de consagrar mecanismos más ágiles para modificar la Carta Magna en el futuro, a fin de actualizarla periódicamente. “Deberían consagrarse mecanismos de enmienda menos complejos: no puede ser que para hacer una reforma haya que convocar siempre a elecciones, con el gasto que implican”, concluyó.