Especialistas en cada una de estas áreas opinaron acerca de qué aportes podrían consagrarse en el nuevo texto constitucional. Con independencia de las sugerencias específicas para cada tema, todos coincidieron en que debe quedar asentado en la futura Ley de Leyes el compromiso del Estado de sostener con los recursos materiales adecuados la promoción y el desarrollo de estos aspectos que conforman los valores de la sociedad.
La salud es un bien de la sociedad
El Estado tiene la obligación de velar por la salud de sus habitantes. El principio debería ser interpretado con amplitud, según el concepto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado a esta palabra: “el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad” .
El derecho a la salud involucra la promoción, la prevención, la rehabilitación, la atención primaria y la asistencia a los ciudadanos, cuya atención compete a la medicina como ciencia que procura la recuperación o el mantenimiento de la salud individual y colectiva de todos los hombres.
El derecho a la salud, es un bien jurídico social reconocido por la Constitución Nacional tras la reforma realizada en 1994. La incorporación del principio se dio a través del otorgamiento de rango constitucional para los siguientes Pactos y Tratados Internacionales: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Según la página on line del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, en el link de información al ciudadano ( www.msal.gov.ar), este conjunto de normas permite definir a este como “el derecho social de la población de acceder en igualdad de condiciones a servicios médicos suficientes para una adecuada protección y preservación de la salud”.
La información oficial incluye el concepto de justicia distributiva como directamente vinculado con el derecho en cuestión. El derecho a la salud está ineludiblemente relacionado con la asignación del presupuesto público y con el principio de la diferencia, por el que deben priorizarse a aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación más vulnerable.
El concepto de salud como derecho humano universal, en definitiva, pone énfasis tanto en los aspectos sociales y éticos de la atención de la salud, como en la obligación del Estado para asegurar su vigencia.
Desde la concepción
Los constituyentes podrán introducir modificaciones en el artículo 125 de la Carta Magna vigente desde 1990, el que se refiere a la Salud. El texto vigente dispone que “la Provincia procurará medidas y recursos legítimos, eficaces, eficientes, viables y conducentes en el más alto grado posible, al mantenimiento, restauración y promoción de la salud física y espiritual de todos”. Se fija además, que la Provincia fijará la política sanitaria en coordinación con la Nación y que la vida será protegida desde la concepción de la misma.
La salud es un bien de la sociedad
El Estado tiene la obligación de velar por la salud de sus habitantes. El principio debería ser interpretado con amplitud, según el concepto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado a esta palabra: “el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad” .
El derecho a la salud involucra la promoción, la prevención, la rehabilitación, la atención primaria y la asistencia a los ciudadanos, cuya atención compete a la medicina como ciencia que procura la recuperación o el mantenimiento de la salud individual y colectiva de todos los hombres.
El derecho a la salud, es un bien jurídico social reconocido por la Constitución Nacional tras la reforma realizada en 1994. La incorporación del principio se dio a través del otorgamiento de rango constitucional para los siguientes Pactos y Tratados Internacionales: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Según la página on line del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, en el link de información al ciudadano ( www.msal.gov.ar), este conjunto de normas permite definir a este como “el derecho social de la población de acceder en igualdad de condiciones a servicios médicos suficientes para una adecuada protección y preservación de la salud”.
La información oficial incluye el concepto de justicia distributiva como directamente vinculado con el derecho en cuestión. El derecho a la salud está ineludiblemente relacionado con la asignación del presupuesto público y con el principio de la diferencia, por el que deben priorizarse a aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación más vulnerable.
El concepto de salud como derecho humano universal, en definitiva, pone énfasis tanto en los aspectos sociales y éticos de la atención de la salud, como en la obligación del Estado para asegurar su vigencia.
Desde la concepción
Los constituyentes podrán introducir modificaciones en el artículo 125 de la Carta Magna vigente desde 1990, el que se refiere a la Salud. El texto vigente dispone que “la Provincia procurará medidas y recursos legítimos, eficaces, eficientes, viables y conducentes en el más alto grado posible, al mantenimiento, restauración y promoción de la salud física y espiritual de todos”. Se fija además, que la Provincia fijará la política sanitaria en coordinación con la Nación y que la vida será protegida desde la concepción de la misma.







