La integración de los indígenas

La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantiza, además, el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconoce, finalmente, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
Con el proceso de democratización de América Latina y con la consiguiente consolidación de los derechos humanos, se posibilitó la inclusión de tales garantías hacia estos grupos, tradicionalmente marginados, en los textos fundacionales de cada país. Los pueblos indígenas siempre estuvieron ausentes en las decisiones de las sociedades modernas, ajenos a la vida política, social y cultural.
Tucumán se encuentra hoy a las puertas de incluir los derechos aborígenes en su Carta Magna. De acuerdo a las estimaciones del Gobierno nacional, al menos 500.000 indígenas viven en el país. En nuestra provincia, entre otras, existe la comunidad “diaguita calchaquí”, una de las más grandes colectividades. Cuenta con aproximadamente 10.000 personas que habitan no sólo en Tucumán, si no también en las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja.
Según el proyecto de reforma constitucional elaborado por el Poder Ejecutivo y sancionado por la Legislatura, es necesario que la Provincia reivindique la existencia de los pueblos indígenas, garantice el respeto a su identidad, a su autodeterminación y el derecho a contar con sus propias instituciones.


Un escrito de la Asociación Tucumana de Investigadores en Lengua Quechua advierte que la preservación de los rasgos culturales de las comunidades aborígenes exige hoy un salto cualitativo, que supere las barreras de los prejuicios lingüísticos, étnicos y socioculturales.
El informe, firmado por la profesora Lelia Inés Albarracín en el sitio www.generacionlibre.com.ar (lanzado por la Secretaría de Gobierno), promueve que docentes monolingües en castellano aprendan una lengua originaria como segunda lengua para que puedan reflexionar sobre las huellas que el contacto lingüístico dejó en el dialecto regional del castellano. “Esto permitiría crear una actitud de respeto hacia esta variedad de la lengua, evitando la discriminación de los educandos por la variedad que usan. Serán los mismos docentes los que propiciarán entre sus alumnos el interés por las lenguas amerindias”, expresa el informe de la especialista.




De acuerdo a los proyectos que estudiaron los legisladores y consensuaron con las comunidades indígenas, el sistema de protección de los Valles Calchaquíes contemplaría los siguientes aspectos:

1. Cubriría alos departamentos de Tafí del Valle, oeste de Trancas, Tafí Viejo, Lules y Famaillá y noreste de Monteros. Los municipios involucrados deberán adherir mediante ordenanza a su integración.

2. Involucraría la protección especial de los recursos naturales y culturales del área, que estará a cargo de un ente integrado por funcionarios, legisladores, empresarios, profesionales y por miembros de las comunidades indígenas del lugar.

3. Limitaría las inversiones turísticas, los cultivos intensivos y las explotaciones mineras a gran escala.

4. Gozaría de una partida especial asignada por el Poder Ejecutivo provincial y debería generar recursos propios para el financiamiento de estudios.

5. El ente de administración o Consejo Regional debería tener a su cargo la aprobación o el rechazo de los contratos y concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro del área protegida, como comercios y bares. No podría, tampoco, conceder autorizaciones para la construcción de edificaciones privadas o públicas dentro de las zonas de conservación.