En todos los procesos de reformas constitucionales que se iniciaron a partir de 1983 en el país, se ha receptado el régimen municipal de autonomía; por ello en 1994 (en la reforma de la Carta Magna Nacional) se reconoció la autonomía, pero en los hechos no se produjeron cambios. Así lo entiende Juan Pablo Berarducci, representante en Tucumán del grupo “Civilidad”, una institución que fue declarada de interés nacional por el Senado, a raíz de sus aportes realizados a las convenciones constituyentes en materia de municipalidades.
El régimen municipal no debe ser sólo un capítulo más de la Constitución, sino un principio estructurante del andamiaje político de la provincia -asegura-, porque supone tener una visión de desarrollo, de la distribución de los recursos.
A modo de ejemplo, el especialista que reside en Yerba Buena mencionó que así como la Constitución debe garantizar los derechos de los individuos, también debe garantizar los derechos de las sociedades, que son los municipios y las comunas.
“Uno de los derechos que se debe garantizar es el de la representación vinculada al territorio; es decir que se debe ordenar el sistema de representación política. Por ejemplo -explicó- cada municipio podría tener un sistema electoral propio, algunos con Ley de Lemas y otros con circunscripciones barriales”.
“Al hablar de autonomía, se deben reconocer las capacidades financieras. Hay bienes sobre los que el municipio debe cobrar impuestos, como el automotor -dijo-. Tenemos un sistema unitario y fuertemente concentrado en el gobernador de turno, que dificulta el desarrollo de los municipios”, señaló.
Según Berarducci, la autonomía no es independencia sino que supone el reconocimiento de las competencias para resolver aquellas cuestiones que le son propias.
Precisó que los datos poblaciones demuestran que el interior se está despoblando, porque la gente se concentra en el Gran San Miguel. “Ese problema se soluciona generando polos de desarrollo en los municipios para que puedan generar riqueza y una posibilidad de desarrollo de la gente, porque si se los debilita se convierten en comunidades expulsoras”, indicó.
“El gran tema del régimen municipal ya no es la discusión sobre si deben ser autónomos, porque ese reconocimiento quedó establecido en la Constitución Nacional, en 1994. Ahora, se deben fundar los pilares del nuevo Estado provincial”, concluyó.
El régimen municipal no debe ser sólo un capítulo más de la Constitución, sino un principio estructurante del andamiaje político de la provincia -asegura-, porque supone tener una visión de desarrollo, de la distribución de los recursos.
A modo de ejemplo, el especialista que reside en Yerba Buena mencionó que así como la Constitución debe garantizar los derechos de los individuos, también debe garantizar los derechos de las sociedades, que son los municipios y las comunas.
“Uno de los derechos que se debe garantizar es el de la representación vinculada al territorio; es decir que se debe ordenar el sistema de representación política. Por ejemplo -explicó- cada municipio podría tener un sistema electoral propio, algunos con Ley de Lemas y otros con circunscripciones barriales”.
“Al hablar de autonomía, se deben reconocer las capacidades financieras. Hay bienes sobre los que el municipio debe cobrar impuestos, como el automotor -dijo-. Tenemos un sistema unitario y fuertemente concentrado en el gobernador de turno, que dificulta el desarrollo de los municipios”, señaló.
Según Berarducci, la autonomía no es independencia sino que supone el reconocimiento de las competencias para resolver aquellas cuestiones que le son propias.
Precisó que los datos poblaciones demuestran que el interior se está despoblando, porque la gente se concentra en el Gran San Miguel. “Ese problema se soluciona generando polos de desarrollo en los municipios para que puedan generar riqueza y una posibilidad de desarrollo de la gente, porque si se los debilita se convierten en comunidades expulsoras”, indicó.
“El gran tema del régimen municipal ya no es la discusión sobre si deben ser autónomos, porque ese reconocimiento quedó establecido en la Constitución Nacional, en 1994. Ahora, se deben fundar los pilares del nuevo Estado provincial”, concluyó.







