Una regionalización declamativa

En su artículo 124, la Constitución Nacional establece que las provincias pueden constituir regiones con fines de desarrollo económico y social. La tradición, además, indica que existe un innumerable listado de acuerdos entre los distritos argentinos para crear regiones con intereses comunes, que necesitan unirse para planificar y ejecutar políticas de desarrollo. Sin embargo, los resultados de tales convenios son los que hoy están en discusión.
La norma que habilitó la reforma parcial de la Constitución Provincial preve la incorporación de la regionalización como nuevo instituto y, por ende, la delegación de facultades en órganos supraprovinciales. Abre, también, la discusión sobre uno de los temas más polémicos dentro de la relación entre la Nación y las provincias y, a su vez, entre las provincias y los municipios o comunas rurales. Una región, según los constitucionalistas, puede estar compuesta por una conexión geográfica o por intereses comerciales. En todos los casos, la regionalización debe promover una profundización del federalismo.

Otro nivel de gobierno
Según los especialistas, la región es una alternativa federal que abre todo un debate: la conveniencia de que constituya un nuevo nivel de gobierno entre el poder central y las provincias.
La bibliografía ofrece conceptos muy distintos. Hay quienes entienden que las autonomías provinciales no deben debilitarse. El constitucionalista Pedro Frías asegura que dar a la región órganos electivos propios, por ejemplo, implica lo contrario a la reforma del Estado. Es decir, fomenta la creación de nuevos espacios partidarios y aparatos burocráticos. Defiende, asimismo, un avance en la regionalización y sostiene que los convenios interprovinciales contribuyeron notablemente a afianzar las relaciones intergubernamentales. “La región no es la contrafigura de la provincia o de la Nación, sino el punto de concentración de las competencias y de conciliación de los intereses”, afirma Frías.
La Constitución Nacional reformada en 1994 determina las características de los órganos que comprenderán cada región. Establece que las provincias tienen libertad para organizar los núcleos que asociarán a los gobernadores, a los ministros o a los legisladores. A modo de ejemplo, aparecen los Parlamentos del NOA (ver “La discusión que...”) y de la Patagonia. Estos están integrados por representaciones proporcionales de los bloques de cada Legislatura provincial.
Para la ley fundacional, la región es un modo de descentralización administrativa del poder en el territorio. La Constitución, a criterio de los especialistas, optó por una concepción jurídica que reconoce la regionalización, pero sólo con fines limitados. “El regionalismo que escuetamente esboza la nueva norma, incorporada por la reforma, no intercala una nueva estructura política en la organización tradicional de nuestro régimen, en el que se mantiene la dualidad distributiva del poder entre el estado federal y las provincias”, manifiesta el constitucionalista Germán Bidart Campos.
En otros ordenamientos jurídicos, en cambio, se la concibe en un sentido más pleno, como una forma de descentralización política dotada de autonomía. Así ocurre, por ejemplo, en España. Este país adoptó un federalismo compuesto por estados autónomos y regionales, a partir de la sanción de la Constitución de 1978. Las autonomías españolas ofrecen dos niveles. Uno, el histórico, que se remonta a la configuración misma de los diferentes pueblos de España. Y el político, basado en la denominada democracia o Estado de las Autonomías. El primero, lógicamente, sirve de basamento para el nivel actual.
Bidart Campos concluye en que el nuevo instituto, según la redacción dispuesta por los constituyentes de 1994, genera un manto de incertidumbre. “La regionalización prevista sólo implica un sistema de relaciones interprovinciales para la promoción y el desarrollo económico y social. Pero, al carecer de un nivel de decisión política, tales relaciones entre provincias habrán de ser solamente intergubernamentales, que no podrán producir desmembramientos en la autonomía política de las provincias”, considera.