El Gobierno municipal es compartido entre el intendente y los concejales

La Municipalidad fue pensada como un órgano único de conducción política y ejecutiva en las ciudades más importantes de la provincia. La jerarquización de esos distritos fue definida según distintos parámetros: cantidad de habitantes, movimiento comercial o económico, ubicación geográfica o trascendencia histórica. El resto del territorio tucumano está organizado bajo la figura de las comunas rurales.
La estructura municipal está diseñada por la ley 5.529 (ley Orgánica de Municipios), sancionada originalmente el 5 de setiembre de 1983 (en el tramo final de la gestión militar en Tucumán). En estos 22 años sufrió numerosas modificaciones, pero no se alteraron sus ejes centrales.
El Gobierno municipal es ejercido a través de dos áreas de responsabilidades diferentes y complementarias. Así, existen un Departamento Ejecutivo (cuya cabeza es el intendente) y un Concejo Deliberante, como órgano encargado de sancionar las ordenanzas. Si estos poderes entran en conflicto en sus atribuciones, puede actuar la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Cada poder puede ser intervenido sin afectar al otro (tal como ocurrió en 2005 con el Concejo Deliberante de Bella Vista) a partir de una ley sancionada por la Legislatura, propuesta por el Poder Ejecutivo en caso de graves conflictos que afecten el normal desenvolvimiento de la administración.
La cantidad de ediles varía entre los municipios, según a cuál categoría pertenecen y en el caso de la Capital, que es el único que tiene 18 concejales. El resto varía: Banda del Río Salí, Concepción y Tafí Viejo tienen 12 concejales; Monteros, Famaillá, Yerba Buena, Aguilares, Juan Bautista Alberdi, Lules, Bella Vista, Simoca, Las Talitas y Alderetes, diez; y Burruyacu, Graneros, Tafí del Valle, La Cocha y Trancas, seis.

Distintos e iguales
Los ediles de la capital tienen facultades propias, que los distinguen de los del interior. Pueden interpelar a funcionarios; remover o suspender al intendente por mala conducta o negligencia grave en el cumplimiento de sus deberes, con el voto de las 2/3 partes del cuerpo; y elegir directamente al nuevo intendente aunque faltan más de dos años para finalizar el mandato, como se hizo con la designación de Domingo Amaya en reemplazo de Antonio Bussi. En el interior, en cambio, debe llamarse a una elección para completar el período, como la realizada en Banda del Río Salí en octubre, cuando se impuso Zacarías Khoder para finalizar el mandato trunco de su hermano fallecido, Camilo Khoder.
En cuanto a sus principales atribuciones, todos los ediles (sin distinción entre capital e interior) sancionan ordenanzas vinculantes generales; aprueban el presupuesto anual; crean y fijan los montos de las tasas y contribuciones municipales; reglamentan las pautas de construcción (código urbano) tanto en las obras públicas como privadas; y autorizan al Departamento Ejecutivo a realizar convenios con otras estructuras administrativas municipales, provinciales o con la Nación, o con particulares; entre muchas otras potestades. En cambio, la obtención de créditos debe ser autorizada explícitamente por la Legislatura provincial.
Los Concejos Deliberantes mantienen sesiones ordinarias entre el 1 de marzo (son abiertas por el intendente) y el 30 de noviembre, y pueden prorrogar sus debates. Quien ejerza su presidencia tiene doble voto para desempatar. Los ediles pueden sancionar a sus pares hasta con la separación del cargo, en casos graves.


En los municipios existen las llamadas iniciativas de ordenanza popular, que configuran en un rasgo distintivo y propio en el modo de impulsar normas de cumplimiento obligatorio. Mientras que los ciudadanos no están habilitados para presentar proyectos de ley que rijan en toda la provincia (sólo pueden hacerlo el Poder Ejecutivo o un legislador), sí pueden proponer normativas que estén limitadas al ámbito de una intendencia determinada, para lo cual deben cumplir con algunos requisitos legales.
El trámite de sanción de una ordenanza popular, según la ley 5.529 (vigente desde 1.983), tiene diversos pasos:
A.- Debe presentarse con el apoyo mínimo del 20% del total de sufragantes de la última elección municipal.
B.- Se debe incluir el juramento ante escribano público de diez de los firmantes de que todas las firmas son auténticas.
C.- En los 10 días de presentado el proyecto, el secretario del Concejo Deliberante examinará si se alcanza la cantidad de avales requerida.
D.- Si faltan firmas, se podrá completar este requisito en otros 10 días hábiles.
E.- La iniciativa debe ser tratada en el recinto en los 20 días hábiles subsiguientes, pudiendo ser aprobada o rechazada, sin cambio alguno al texto
F.- La ley no establece si el Departamento Ejecutivo puede vetar una ordenanza popular aprobada. Por esta laguna, quienes la impulsan pueden interpretar que el intendente no está facultado para hacerlo
G.- Luego de aprobada, los concejales necesitarán 2/3 de los votos del cuerpo para reformar o derogar la ordenanza popular.
H.- Si se la rechaza, la ordenanza popular será sometida al voto directo de la ciudadanía en la siguiente elección general para renovar el Concejo Deliberante. Quedará automáticamente sancionada si obtiene la mayoría absoluta de los votos en esos comicios (mitad más uno de los sufragios emitidos).
Durante 2005, en la capital se presentó una iniciativa de este origen contra la apertura de nuevas salas de juego, en medio de la polémica por la instalación de 1.000 máquinas tragamonedas en el Hipódromo (proyecto que todavía está en debate). Los concejales cuestionaron la veracidad de algunas firmas y se presentaron en la Justicia para que se resuelva si se habían cumplido con todos los requisitos fijados por la ley 5.529. Aún no hubo un pronunciamiento judicial sobre este asunto.
La reforma de la Constitución provincial permitiría jerarquizar este sistema de proponer normas vinculantes, incluyéndolo explícitamente en el mecanismo de funcionamiento de las estructuras municipales. Además, se podría ampliar su área de acción para que alcance también a las iniciativas de ley general para la provincia.



La estructura administrativa de un municipio está diseñada como la manifestación del Estado más cercana a las necesidades de la gente. Precisamente, para privilegiar la relación con el vecino, la legislación electoral vigente permite a los extranjeros elegir y ser elegidos en los comicios de intendente y de concejales.
Para este caso excepcional se habilita un registro especial, de inscripción voluntaria para quienes pretendan sufragar, y una mesa exclusiva para el voto de los extranjeros, quienes reciben una libreta especial para registrar su participación. En el caso de postularse a un cargo electivo, se les exige que sean propietarios y que tengan cinco años de residencia inmediata en el municipio.
La idea de la radicación es general para todos los candidatos, sean argentinos o extranjeros (deben figurar en el padrón electoral respectivo al momento de postularse), ya que responde al concepto de que quienes quieren conducir una ciudad deben tener cercanía con sus habitantes. Por ello, también se les exige a las autoridades en ejercicio (tanto intendente como concejales) que residan efectivamente en el municipio durante el cumplimiento de sus mandatos.