En el debate de un nuevo régimen municipal, la autonomía es la clave

Tucumán es una de las pocas provincias que aún no adecuó su normativa a los postulados de la Carta Magna nacional del 94. Centralización.

AGUILARES. La tierra de los célebres corsos cuenta con un Concejo Deliberante de 10 miembros. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
AGUILARES. La tierra de los célebres corsos cuenta con un Concejo Deliberante de 10 miembros. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Por Redacción Política 08 Enero 2006
Tucumán es una de las cinco provincias del país (las otras son Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe) que debe adecuar su Constitución, en lo referido a los municipios, a lo que consagra la Carta Magna argentina de 1994. El artículo 123 del digesto nacional fija: "cada provincia dicta su propia Constitución (...) asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero". Esta disposición es taxativa e impone como sistema la autonomía, aunque deja un campo de acción a cada provincia para determinar su alcance.
Según la Federación Argentina de Municipios (FAM), los gobiernos municipales representan la primera instancia de participación de los ciudadanos. Por ello, deben regirse por el núcleo de intereses y necesidades locales, sin interferencias.
A partir de 1990, Tucumán avanzó en esa línea, aunque sea en parte, desde que son los mismos vecinos quienes eligen en forma directa a sus intendentes. Además, a los municipios se les reconoce autarquía financiera, es decir, el manejo independiente de sus finanzas, que se integran por el cobro de tasas y contribuciones y por la coparticipación provincial. Mientras tanto, el concepto de la autonomía avanza en los términos esencialmente políticos de la administración, sin depender de un órgano superior que le dicte lo que deba hacer o cómo comportarse.
La autonomía significa un reconocimiento a los municipios de sus atribuciones para desarrollar acciones, dotándolos de los recursos suficientes para financiarlas. "Las provincias se deben abstener de interferir de modo tal que lleguen a tornar ilusorio o claudicante el régimen", al decir de la FAM. Tampoco podrán los Gobiernos de provincia asumir facultades municipales, como si fuesen dependencias descentralizadas, independientemente del modo que disponga cada Carta Magna para solucionar conflictos internos que se puedan producir (como el extremo de una intervención provincial).

Los puntos centrales

Lo dispuesto por la Constitución Nacional alcanza cuatro aspectos:
A.- En lo institucional, la autonomía puede ser plena (cada municipio dicta su dictar su propia Carta Orgánica Municipal -COM-) o semiplena. La COM es una suerte de Constitución que rige sólo en el ámbito territorial de ese distrito. En esos documentos se definen sus objetivos como Estado y se determina su estructura orgánica de Gobierno. En los hechos, esta norma reemplazaría a la vigente Ley Orgánica de Municipalidades, sancionada en 1983 y con múltiples adecuaciones y cambios desde ese entonces. Un régimen semipleno mantendría una ley única para todos los municipios, con un régimen similar. Optar por uno u otro sistema (o incluso, por uno mixto) depende de cada estructura socio-económica provincial. La Constitución puede establecer que las COM deban ser revisadas, corregidas o aprobadas por el Poder Legislativo y cuál debe ser su contenido mínimo.
B.- En lo político, ser autónomo implica tanto la potestad de elegir sus propias autoridades municipales como la de poder escoger entre diferentes formas de gobierno local, distintos sistemas electorales, independencia en la fecha de los comicios, mayor o menor participación ciudadana, y la forma de destitución de los funcionarios (juicio político o revocación de mandato, por ejemplo), entre otras posibilidades.
C.- En el plano administrativo, el municipio definiría todo lo relativo a la prestación de los servicios públicos, la realización de las obras públicas, el poder de Policía y la organización administrativa, entre otros aspectos, sin interferencia ni intromisión por parte de las autoridades provinciales.
D.- En lo económico y financiero excede la mera potestad de crear, definir e imponer tasas y contribuciones, y avanza en el manejo independiente del gasto público, la promoción del desarrollo económico y los acuerdos de regionalización.

Solución de problemas
"En los niveles de Gobierno local es donde mejor se perciben las necesidades y los problemas de sus habitantes. Es allí donde con mayor eficiencia se pueden desarrollar las acciones tendientes a resolver los inconvenientes que se presenten, utilizando los recursos económicos del municipio de la mejor forma posible", destaca la FAM, al reivindicar lo dispuesto a nivel nacional.
Asimismo, es en este ámbito de gestión donde más eficaz y eficientemente pueden realizarse los controles por parte de los organismos adecuados, lo que se potencia también con la proximidad física entre administrador y administrado, e involucra a los vecinos en una actitud más comprometida en la supervisión de los asuntos colectivos.
En este mismo orden de argumentación, se ha sostenido que las experiencias de centralización de la gestión de Gobierno han demostrado su incapacidad para hacer frente a todas las necesidades de desarrollo local, lo que fue superado con los avances registrados con la autonomía municipal, la que trae consigo un mecanismo implícito de redistribución del poder en la base misma de la estructura política del Estado.

DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMIA Y AUTARQUIA

AUTONOMIA PLENA
*Darse sus propias normas a través de una Carta Orgánica (si no tiene esa potestad, es una autonomía semiplena)
* Elegir sus autoridades
*Administrarse sin injerencia externa
*Autofinanciamiento
En los municipios autónomos, el Gobierno municipal tiene una esfera propia de acción, que no le ha sido otorgada por un nivel superior sino que le ha sido reconocida por el poder constituyente.

AUTARQUIA

*Auto - administración en base a normas generales que son dictadas por el o los niveles superiores.
*La esfera de competencias municipales surge de una delegación de facultades por parte del Estado provincial. Las atribuciones delegadas al municipio pueden ser sumamente amplias, pero en cualquier momento se puede plantear una avocación, total o parcial de esas potestades, por parte de la autoridad que las otorgó.

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