En 1990 se planteó la descentralización

Durante el debate de la Convención Constituyente de 1990, el grupo "Civilidad" acercó propuestas vinculadas a las reformas del régimen municipal. En aquel momento se planteó la necesidad de poner en marcha un verdadero proceso de descentralización política y económica, sobre la base de los principios de subsidiariedad y solidaridad.
El grupo denominado "Civilidad" es ahora el Instituto para la Promoción de la Vida Municipal, Provincial y Regional. Desde ese instituto de promoción se explicó en aquel momento que el trabajo presentado ante los constituyentes había llevado más de un año de relevamiento sobre la situación municipal de Tucumán. En este caso, referidos a los aspectos político, institucional, económico, social, poblacional y cultural.

Con normas propias
En ese proceso reformista se planteó que la descentralización suponía el reconocimiento pleno de la autonomía municipal y la asunción por parte de las municipalidades de todas las responsabilidades que conforman su orden de competencias para satisfacer las necesidades de la comunidad a nivel local.
La autonomía es la facultad de darse sus propias normas fundamentales, organizar su régimen local, administrar sus propios impuestos y sus recursos. La Constitución del 90 estableció que, a través de una ley, se determine las categorías de municipios (primera, segunda y tercera). Además fijó la creación de comunas rurales en los centros urbanos que no alcancen la categoría de municipio.
También dispuso que los intendentes durarán cuatro años en sus funciones, no pudiendo ser reelegidos sino con un intervalo de un período. Determinó que el Concejo Deliberante estará compuesto por un número de miembros (concejales) establecidos por la ley, conforme a la categoría de cada municipio, y que sus mandatos serán de cuatro años sin la posibilidad de ser reelectos en el cargo.
En la Carta Magna provincial se dejó establecido, en el artículo 118, que las municipalidades son independientes en el ejercicio de sus funciones. Sus resoluciones, dentro de la esfera de sus atribuciones, no pueden ser revocadas por otras autoridades administrativas, y se comunican a la Legislatura por intermedio del Poder Ejecutivo.