El destino de los gobiernos locales
En la antigua Roma, un municipio (en latín, municipium) era una ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes, aunque sus vecinos obtenían los derechos de ciudadanía romana.
Hoy, se utiliza el término para referirse al conjunto de habitantes de un territorio, que puede incluir varias poblaciones. Los órganos de gobierno local que se encargan de su administración componen la municipalidad.
Las municipalidades emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Les son aplicables las leyes generales de la Nación y de la provincia a la que pertenecen, de conformidad con la Constitución. Complementariamente, dictan sus propias normas, que son las ordenanzas, las cuales no tienen fuerza de ley (son consideradas como acuerdo entre vecinos), pero que los ciudadanos deben cumplir, so pena de sanciones pecunarias.
En Tucumán, las municipalidades no son plenamente autónomas. Por ejemplo, en materia económica aún dependen de la Provincia, al punto que para contraer créditos deben contar con la autorización del Poder Ejecutivo. Es el Gobierno central, también, el que recauda el impuesto automotor, aunque las administraciones locales conservan la potestad para emitir licencias de manejo. Otro tanto ocurre con el impuesto inmobiliario, percibido por la Provincia, en tanto que municipalidades como la de capital cobran una tasa, que en este caso lleva la denominación de Contribuciones que Inciden Sobre Inmuebles (CISI).
Lo que sí define administrativa y jurisdiccionalmente a las municipalidades es que a ellas corresponde el manejo del suelo de su ejido. Es decir, es la que divide en zonas el territorio que está bajo su administración y determina qué tipo de emprendimientos corresponde a cada uno (habitacionales, comerciales, industriales, de esparcimiento). Complementariamente, autoriza, o no, las construcciones de acuerdo con esas normas de planeamiento urbano (usualmente, están reunidas en un código).
Agenda latinoamericana
A partir de los 90, se instaló el debate en torno al papel de la municipalidad en el desarrollo humano sustentable. Se conformó, entonces, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (Flacma), que en su estatuto proclamó la Agenda Municipal Latinoamericana, un documento en el que plasmo el espíritu que anima a los municipalistas del continente.
"La finalidad general de la acción política es la promoción del desarrollo en un marco de democracia, equidad y respeto a los derechos humanos -manifiesta la declaración-. Entendemos por desarrollo el incremento sostenido de la producción de bienes y servicios en un territorio determinado, que tiene por efecto un aumento equitativo del bienestar de sus habitantes, en un ambiente de refuerzo de las identidades y cultura, de ampliación de la democracia, de respeto a los derechos humanos y de equidad de género".
Esta corriente sostiene que el desarrollo debe ser sostenible, en su triple acepción. En primer lugar, debe preservar el patrimonio cultural, es decir, la identidad de la comunidad. En segundo término, debe resguardar el patrimonio natural, o sea, el medio ambiente. Y, finalmente, debe potenciar la energía de sus propios habitantes: la producción. "El desarrollo sostenible es básicamente endógeno. Se sostiene en las iniciativas, recursos, capacidad emprendedora y de apropiación del progreso técnico de los agentes del propio territorio o comunidad", advierte el documento de la Agenda Municipal Latinoamericana.
Las administraciones locales pasan de ser productoras de servicios a convertirse en proveedoras de bienes públicos. De administradoras locales a promotoras del desarrollo. De gobiernos verticales y rígidos a gestiones participativas.
En síntesis, los municipalistas latinoamericanos sostienen que para que haya efectivo desarrollo la gente debe gozar de cierta situación básica de bienestar (alimentación, salud), adecuados conocimientos y destrezas (cultura, educación), oportunidades de acción (democracia, libertad) y, además, utilizar creativamente sus recursos (producción, comercio). En consecuencia, el desarrollo no sólo tiene como objeto al ser humano, sino que el ser humano es el principal agente del desarrollo.
Poner a las municipalidades tucumanas en en esa senda es un desafío enorme, que sólo se ubica a la altura de dictarle al pueblo una nueva constitución.
En la antigua Roma, un municipio (en latín, municipium) era una ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes, aunque sus vecinos obtenían los derechos de ciudadanía romana.
Hoy, se utiliza el término para referirse al conjunto de habitantes de un territorio, que puede incluir varias poblaciones. Los órganos de gobierno local que se encargan de su administración componen la municipalidad.
Las municipalidades emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Les son aplicables las leyes generales de la Nación y de la provincia a la que pertenecen, de conformidad con la Constitución. Complementariamente, dictan sus propias normas, que son las ordenanzas, las cuales no tienen fuerza de ley (son consideradas como acuerdo entre vecinos), pero que los ciudadanos deben cumplir, so pena de sanciones pecunarias.
En Tucumán, las municipalidades no son plenamente autónomas. Por ejemplo, en materia económica aún dependen de la Provincia, al punto que para contraer créditos deben contar con la autorización del Poder Ejecutivo. Es el Gobierno central, también, el que recauda el impuesto automotor, aunque las administraciones locales conservan la potestad para emitir licencias de manejo. Otro tanto ocurre con el impuesto inmobiliario, percibido por la Provincia, en tanto que municipalidades como la de capital cobran una tasa, que en este caso lleva la denominación de Contribuciones que Inciden Sobre Inmuebles (CISI).
Lo que sí define administrativa y jurisdiccionalmente a las municipalidades es que a ellas corresponde el manejo del suelo de su ejido. Es decir, es la que divide en zonas el territorio que está bajo su administración y determina qué tipo de emprendimientos corresponde a cada uno (habitacionales, comerciales, industriales, de esparcimiento). Complementariamente, autoriza, o no, las construcciones de acuerdo con esas normas de planeamiento urbano (usualmente, están reunidas en un código).
Agenda latinoamericana
A partir de los 90, se instaló el debate en torno al papel de la municipalidad en el desarrollo humano sustentable. Se conformó, entonces, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (Flacma), que en su estatuto proclamó la Agenda Municipal Latinoamericana, un documento en el que plasmo el espíritu que anima a los municipalistas del continente.
"La finalidad general de la acción política es la promoción del desarrollo en un marco de democracia, equidad y respeto a los derechos humanos -manifiesta la declaración-. Entendemos por desarrollo el incremento sostenido de la producción de bienes y servicios en un territorio determinado, que tiene por efecto un aumento equitativo del bienestar de sus habitantes, en un ambiente de refuerzo de las identidades y cultura, de ampliación de la democracia, de respeto a los derechos humanos y de equidad de género".
Esta corriente sostiene que el desarrollo debe ser sostenible, en su triple acepción. En primer lugar, debe preservar el patrimonio cultural, es decir, la identidad de la comunidad. En segundo término, debe resguardar el patrimonio natural, o sea, el medio ambiente. Y, finalmente, debe potenciar la energía de sus propios habitantes: la producción. "El desarrollo sostenible es básicamente endógeno. Se sostiene en las iniciativas, recursos, capacidad emprendedora y de apropiación del progreso técnico de los agentes del propio territorio o comunidad", advierte el documento de la Agenda Municipal Latinoamericana.
Las administraciones locales pasan de ser productoras de servicios a convertirse en proveedoras de bienes públicos. De administradoras locales a promotoras del desarrollo. De gobiernos verticales y rígidos a gestiones participativas.
En síntesis, los municipalistas latinoamericanos sostienen que para que haya efectivo desarrollo la gente debe gozar de cierta situación básica de bienestar (alimentación, salud), adecuados conocimientos y destrezas (cultura, educación), oportunidades de acción (democracia, libertad) y, además, utilizar creativamente sus recursos (producción, comercio). En consecuencia, el desarrollo no sólo tiene como objeto al ser humano, sino que el ser humano es el principal agente del desarrollo.
Poner a las municipalidades tucumanas en en esa senda es un desafío enorme, que sólo se ubica a la altura de dictarle al pueblo una nueva constitución.







