Contra los abusos en la privación de libertad

También incorporada en 1994 en la Carta Magna nacional, la acción de hábeas corpus permite a cualquier ciudadano detenido o preso comparecer en forma inmediata y pública ante un juez, que deberá resolver si su arresto fue legal y si debe mantenerse o no tal situación.
Se trata de un procedimiento destinado a la protección de la libertad personal, que busca impedir a la autoridad extender en forma arbitraria la detención de cualquier ciudadano.
El origen de este instituto proviene del derecho anglosajón y tiene como característica esencial la rapidez con la que se ejecuta, puesto que se trata de un procedimiento judicial sumarísimo. Carece, inclusive, de formalismos y su acción no requiere de abogados. Además, no sólo comprende a los casos de supuestas detenciones ilegales, sino también a aquellos en los que la privación de la libertad fue legal. Detenciones, arrestos, traslados, prohibiciones de deambular, por ejemplo, son actos que pueden lesionar la libertad física cuando carecen de fundamento y de forma.

Desaparición de personas
Antes de la reforma constitucional de 1994, el hábeas corpus encontró base en el artículo 18 del texto fundacional. "Nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de la autoridad competente", establece la norma.
Su posterior incorporación a la Carta Magna (artículo 43) no introduce demasiadas variantes, pero añade en la redacción a los casos de desaparición forzada de personas. En cuanto a la legitimación para interponer la acción, se respetó tanto la del afectado en su libertad física como la de cualquier otra persona a su nombre, lo que le otorga el perfil de una acción popular. También, resulta deducible durante la vigencia del estado de sitio. Asimismo, también cabe en el caso de un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención o en situaciones de mortificaciones innecesarias.
Esta acción expedita y rápida aparece con anterioridad incluida en varios tratados internacionales de jerarquía constitucional. Así, es mencionada en el artículo siete del Pacto de San José de Costa Rica (aunque sin denominarlo así), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo nueve) y en la Convención sobre Derechos del Nino.


Mecanismos de justicia eficaz y tutela legal

En el marco de la inclusión de mecanismos de tutela legal y justicia eficaz, los convencionales constituyentes debatirán, además de las acciones de hábeas data y de hábeas corpus, la inclusión de mecanismos de acción directa en la Carta Magna, como el amparo colectivo.
Este instituto es una ampliación del amparo individual, que está destinado a tutelar los derechos y libertades que, por ser diferentes de la libertad corporal o física, escapan a la protección judicial por vía del hábeas corpus. El amparo reviste desde siempre, al tratarse de una garantía, la naturaleza de una acción de inconstitucionalidad y de un proceso constitucional. Una vez que el amparo fue resuelto por la Justicia, este recurso no puede volver a replantearse.
El amparo colectivo supone dos elementos en una misma relación: los derechos afectados o restringidos y los sujetos que están legitimados para su interposición (como defensor del Pueblo o asociaciones, por ejemplo).
El texto constitucional sancionado en 1994 a nivel nacional amplía el ámbito de resguardo del instituto, incluyendo derechos relacionados con el medio ambiente y con el consumidor. También, se inmiscuye en la discusión referida a la problemática de la discriminación.



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