El verdadero debate es cómo debe hacerse Justicia

Desde que el poder político ha advertido que los jueces ejercen el control de legalidad de las actuaciones del Ejecutivo y el control de constitucionalidad de las leyes dictadas por el parlamento, la designación y estabilidad de los magistrados se ha convertido en una cuestión central.
Frente a un proceso de reforma constitucional, nos preguntamos si está en la mente de los futuros constituyentes profundizar la jerarquización del Poder Judicial, de su independencia y de su idoneidad. Hay dudas razonables acerca de la sinceridad de la propuesta de mejorar el sistema de reclutamiento, de designación y de remoción de los magistrados. Son condiciones necesarias para asegurarles independencia frente a los otros poderes. Y para permitirles controlar a los poderes políticos.
El primer paso lo dio la reforma de 1990, al darles inamovilidad en reemplazo del sistema de acuerdos periódicos. Quedan pendientes de resolver dos cuestiones: cómo tener los mejores jueces y cómo hacer eficiente el servicio de justicia.
El primer interrogante se responde con los diversos sistemas que existen en el derecho comparado para designar jueces. El segundo, mediante un diseño institucional que dé respuesta. Que resuelva los casos de manera oportuna y satisfactoria, respecto del contenido de las decisiones, y del tiempo y los recursos que insumen dictar un fallo.
Juan B. Alberdi decía con acierto: "indirectamente hace la justicia quien hace el juez". Hoy podríamos parafrasearlo, diciendo que la calidad de la Justicia que deseamos estará relacionada con los mecanismos para designar magistrados.
La Nación dio este debate en 1994, e incorporó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Lo va a hacer Tucumán, frente a la proximidad de una reforma, porque la Legislatura habilitó que se debate su incorporación.
En realidad, el verdadero tema de debate es el rol que debe desempeñar la judicatura dentro de los poderes del Estado, o -dicho de otro modo- sobre cómo debe hacerse justicia. Como decía Jerónimo de Zeballos, "poco importa que el príncipe sea amigo de la justicia, si no elige buenos ministros que la hagan".
No deberían estar ausentes en la futura reforma un mecanismo de admisión de candidaturas abierto y que garantice paridad de condiciones. Tampoco debería faltar un mecanismo de selección justo, que tome en cuenta los méritos de los postulantes. Ni una evaluación objetiva y transparente de los postulantes, que comprenda sus antecedentes académicos, sus conocimientos teóricos y prácticos y sus aptitudes psíquicas y éticas.
Hay tres mecanismos cuya existencia contribuirá a una Justicia calificada. Son los concursos como medio de selección, la capacitación para el ejercicio de la función y la carrera judicial.
Muchos se manifiestan a favor de seguir el camino de los paises de Europa Continental y de Iberoamérica, que incorporaron a sus instituciones el Consejo de Magistratura. En general tienen los siguientes roles: ser el órgano de autogobierno del Poder Judicial; intervenir en el proceso de designación de magistrados; ejercer el régimen disciplinario de los jueces y participar en el procedimiento de remoción de los mismos; y ejercer funciones de superintendencia.
Su advenimiento significará una disminución importante de atribuciones para los tres poderes del estado. El Ejecutivo dejará de ser el que en forma exclusiva y discrecional proponga a los magistrados. El Legislativo, perderá las facultades de enjuiciamiento político. Y en el Judicial, saldrá de la órbita de la Corte el manejo y ejecución del presupuesto y el régimen disciplinario de sus miembros.
Para el ciudadano común, la cuestión no es menor: el castigo a su indiferencia por estos temas es que serán juzgados por jueces a los que condicionará la política, privándolos de independencia e imparcialidad.