Mejorar la selección de jueces no es la panacea

En el proceso de reforma constitucional que está en marcha en Tucumán, la creación de un organismo que seleccione a los futuros jueces concentra la atención en el propósito de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial.
Puede decirse que hay consenso para la creación de un Consejo de la Magistratura que reemplace a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, consagrado por la mayoría de las cartas constitucionales actuales. El propósito se frustrará si los dictámenes de ese Consejo no son vinculantes, por el evidente fracaso actual de los sistemas que se limitan a aconsejar o proponer ternas que son elevadas al Ejecutivo para que éste designe a algunos de los seleccionados.
Sin embargo, un mejor sistema de selección no es la panacea para mejorar la calidad y el funcionamiento del Poder Judicial. La Justicia está constituida institucionalmente por jueces, los que son irreemplazables con sistemas de mejoramiento administrativo (mejoras que, por cierto, son necesarias), dado que la Jurisdicción es indelegable. El incremento de personal administrativo, de procedimientos cibernéticos y de funcionarios judiciales no es suficiente para la calidad del servicio judicial. Es necesario incrementar el número de jueces con relación a la población total, porque la capacidad de procesar las causas está limitada por el tiempo humano, que en el caso de los magistrados es irreemplazable por razones constitucionales.
Tampoco un mejor sistema de selección de jueces podrá solucionar el actual problema institucional de la judicialización de la política, que trasladó la decisión política a la controversia judicial, por la extrema debilidad institucional de los poderes ejecutivos y legislativos.
A ello se agrega otro tema crítico, relacionado con el anterior. Se trata de que los poderes legislativos sancionan de manera sistemática leyes inconstitucionales y que, consecuentemente, luego deben ser declaradas como tales por los los jueces.
Esta situación provoca crisis institucionales continuas, sencillamente porque el Poder Judicial n o puede funcionar ante un plexo de normas inconstitucionales. De esta manera, se agrava el ataque contra los derechos de los ciudadanos. Ellos solo pueden obtener justicia litigando, con los costos que esto implica, sumado al riesgo procesal que tienen que padecer.