Un Ministerio Público que sea independiente

El Ministerio Público es el órgano del Poder Judicial encargado de velar por el orden público constitucional y entre sus atribuciones se encuentra el ejercicio de la acción penal y el velar por una recta administración de Justicia. La ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución establece que los convencionales constituyentes podrán incorporar al nuevo texto de la Carta Magna provincial la independencia del Ministerio Público.
En la letra constitucional de la provincia, la figura del Ministerio Público está sólo mencionada en el capítulo dedicado al Poder Judicial. Actualmente se rige por la Ley Orgánica de Tribunales y es conducido por un ministro fiscal y actúan dentro de el todos los fiscales. El ministro fiscal sirve como nexo entre la Corte Suprema de Justicia y las Fiscalías. El Ministerio Público no tiene autonomía de funcionamiento y sólo tiene poder de superintendencia sobre los fiscales.
En nuestro país, el Ministerio Público funcionó durante más de 100 años sin ley orgánica propia. Sus atribuciones estaban establecidas en los reglamentos judiciales, en las leyes orgánicas de organización de la Justicia, y en los códigos de procedimientos en lo Civil y Comercial y Procesal Penal.
Las constituciones de 1819, 1826 y 1853 incluían al Ministerio Público dentro de la órbita del Poder Judicial, hasta la reforma de 1860. A partir de 1989 los miembros del Ministerio Público pasaron a ser designados directamente por el Poder Ejecutivo, dependiendo orgánicamente del Ministerio de Justicia.
Fue luego de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que el Ministerio Público pasó a ser una institución definida y reglada por la Carta Magna Nacional. Sus funciones y atribuciones están contenidas en el artículo 120 y está reglamentado por la Ley Nacional Nº 24.946, en vigencia desde el 1º de abril de 1998. Es la denominada "Ley Orgánica del Ministerio Público".
Desde ese momento, en la órbita nacional, el Ministerio Público es un órgano independiente que integra el sistema de administración de Justicia. Se relaciona por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y con el Poder Legislativo a través de una Comisión Bicameral. Está garantizada la inmunidad funcional y la intangibilidad remuneratoria de los miembros del Ministerio Público, intentando establecer, de esta manera, la independencia en el ejercicio de sus funciones.
Se trata de un órgano bicéfalo constituido por el Ministerio Público Fiscal y por el Ministerio Público de la Defensa. El primero nuclea y coordina la acción de los fiscales y el segundo la de los defensores oficiales. Fiscales y defensores son magistrados que se desenvuelven en el ámbito del sistema judicial, cumpliendo diferentes funciones de orden legal en los procedimientos judiciales.

Con los otros poderes
El Ministerio Público se relaciona con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia. Este puede proponerle la emisión de instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados, pobres y ausentes. Además, el Poder Ejecutivo participa en el nombramiento de las cabezas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Respecto a su relación con el Poder Legislativo, anualmente, en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación remiten a la Comisión Bicameral, un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia (Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, respectivamente) el cual debe contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio; un análisis sobre la eficiencia del servicio y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que se requieran.
Con el Poder Judicial, en tanto, el Ministerio Público participa del proceso de enjuiciamiento.
En tiempos en los que la independencia de la Justicia es cuestionada, la autonomía del Ministerio Fiscal esta vista como una solución a los debates al respecto.



Según lo establece la Constitución Nacional, el Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación, quien actúa en una doble función. Es por un lado el Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y colaboran con el Procurador General los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otro lado, es el jefe máximo de todos los fiscales y en tal sentido coordina su accionar, estableciendo, entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del Estado. En esta función, el Procurador General es auxiliado por los fiscales generales de la Procuración General de la Nación. Al Ministerio Público le corresponde:
Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
Promover y ejercer la acción civil y pública en las causas criminales y correccionales.
Intervenir en los procesos de nulidad de matrimonio y divorcio, de filiación y en todos los relativos al estado civil y nombre de las personas, venias supletorias, declaraciones de pobreza y en los que se alegue privación de justicia.
Velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, del debido proceso legal y las leyes del país.
Intervenir en la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, en el caso de carecer de asistencia o representación legal, fuese necesario suplir la inacción de sus asistentes y representantes legales, parientes o personas que los tuvieran a su cargo, o hubiera que controlar la gestión de éstos.

Un órgano "extra poder"

El constitucionalista Néstor Pedro Sagüés afirma, en el libro "La Constitución argentina de nuestro tiempo", que la decisión de los constituyentes que reformaron la Carta Magna Nacional en 1994 fue poco frecuente y audaz, al propiciar la tipología de órgano "extra poder" para el Ministerio Público.
"El programa constitucional del artículo 120 (el que propicia la independencia del Ministerio Público) importa un serio y doble desafío para la clase política argentina. Es un reto a su pericia, a fin de hallar fórmulas inteligentes -razonables y eficaces- de instrumentación legal del Ministerio Público; y una prueba de su honestidad gubernativa, a fin de desenvolver lealmente al mensaje del constituyente", concluye el constitucionalista en su análisis de la reforma nacional de 1994.


La Defensoría General de la Nación es la autoridad máxima del Ministerio Público de la Defensa, ejercida por el defensor General de la Nación como jefe máximo. En líneas generales, este órgano es el encargado de velar por los derechos humanos de los ciudadanos.
Además, nuclea y organiza la acción de los fiscales y de los defensores oficiales, que son magistrados que se desenvuelven en el ámbito del sistema judicial cumpliendo diferentes funciones de orden legal en los procedimientos.
Son funciones del defensor General de la Nación:
Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa.
Realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional.
Promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la Justicia de los sectores discriminados.
Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público de la Defensa y dictar los reglamentos e instrucciones generales necesarios para establecer una adecuado distribución del trabajo entre sus integrantes, supervisar su desempeño y lograr el mejor cumplimiento de las competencias que la Constitución y las leyes le otorgan a dicho Ministerio.
Patrocinar y asistir técnicamente, en forma directa o delegada, ante los organismos internacionales que corresponda, a las personas que lo soliciten.