La inamovilidad no será alterada por los constituyentes

El artículo 98 de la Constitución provincial de 1990, garantiza la continuidad en sus cargos de todos los integrantes del Poder Judicial, mientras dure su buena conducta. Se trata de la incorporación al plexo normativo provincial del principio de la inamovilidad de los jueces consagrado por la Ley Fundamental de la Nación desde 1853.
La idea está directamente vinculada con la separación e independencia de los tres poderes del Estado. Fue diseñada por el constitucionalismo moderno, junto con la intangibilidad de los salarios de los magistrados, como una forma de preservar a la Justicia de las presiones de los órganos políticos.
La Carta Magna vigente en Tucumán prevé que, la destitución de quienes forman parte de la Justicia, sólo puede hacerse mediante el procedimiento de Juicio Político.
El artículo 98 no está incluido como punto a reformar por la ley que habilitó la reforma parcial de la Constitución provincial. Si podrán discutirse las bases de destitución, pero los actuales magistrados seguirán gozando de la inamovilidad vitalicia en las condiciones establecidas en la actualidad. Según Germán Bidart Campos, en "Manual de Derecho Constitucional Argentino", la garantía de inamovilidad no sólo ampara contra la remoción.
También, consigna el especialista, asegura a los jueces que no pueden ser trasladados o cambiados de instancia sin antes haber expresado su consentimiento previo.



La intangibilidad de los salarios de los funcionarios y de los magistrados del Poder Judicial, es otra de las garantías que contiene la Constitución para asegurar la independencia del único poder del Estado sin características políticas.
En el orden nacional, el principio está contenido en el artículo 110 de la Carta Magna. El texto menciona que los jueces recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, la que no podrá ser disminuida, en manera alguna, mientras permanezcan en sus funciones. La intangibilidad de los haberes de los jueces está reconocida por el artículo 101 de la Constitución de Tucumán. Esta disposición no podrá ser reformado por la Convención Constituyente.
La crítica realidad financiera de Tucumán durante la década del 80, justificó en 1990 la incorporación del concepto que define como disminución salaria al atraso en el pago.
La idea seguirá incorporada a la Ley Fundamental de la provincia, pero podría adquirir otra dimensión si se incorpora en la Constitución el principio de la autarquía judicial.