Concursos para el ingreso o el ascenso en el Poder Judicial, y creación de una carrera de la magistratura y de una escuela para formar a quienes aspiren a cumplir con ese rol institucional. Estas serán algunas de las alternativas que podrían discutirse en la Convención Constituyente para mejorar el funcionamiento de la Justicia desde 2006.
Las tres opciones figuran en la ley que habilitó el cambio parcial de la Carta Magna del 90. La primera, de modo implícito, al prever la incorporación de un Consejo de la Magistratura (CM). Las otras dos lo hacen en forma explícita en la norma sancionada en diciembre de 2004.
La reforma constitucional de 1994 incorporó a nivel nacional que la selección de magistrados que realice el CM debe realizarse mediante concursos públicos. El sistema rige para los cargos de las magistraturas inferiores de la Justicia Federal. En la práctica, las evaluaciones incluyen una instancia escrita y otra oral en la que se toman en cuenta los antecedentes y la capacidad de los evaluados para resolver problemas concretos.
En Tucumán, tanto el derogado CAM como el actual sistema de selección creado por el PE, no contemplaron evaluaciones para los aspirantes a ocupar cargos en la Justicia. En principio, sólo se toman en cuenta los antecedentes de los candidatos pero sin necesidad de fundamentar el por qué de la opción por uno u otro de los interesados.
El sistema de selección de los jueces por concursos es el que prevalece en la Europa continental. Se trata de un producto nacido durante la era napoleónica en Francia, donde se puso en acento en los conocimientos técnico- jurídicos por sobre los intereses o contactos políticos.
En los países cuyo sistema jurídico tiene sus orígenes en el derecho romano, los magistrados son nominados por otro poder del Estado. En la Argentina la potestad queda reservada a los poderes ejecutivos. En algunos estados de los Estados Unidos, la selección se realiza por votación popular, pero esa alternativa no forma parte de la idiosincrasia latinoamericana.
La posibilidad de crear una carrera judicial es impulsada por quienes están incorporados a la estructura tribunalicia.
Las tres opciones figuran en la ley que habilitó el cambio parcial de la Carta Magna del 90. La primera, de modo implícito, al prever la incorporación de un Consejo de la Magistratura (CM). Las otras dos lo hacen en forma explícita en la norma sancionada en diciembre de 2004.
La reforma constitucional de 1994 incorporó a nivel nacional que la selección de magistrados que realice el CM debe realizarse mediante concursos públicos. El sistema rige para los cargos de las magistraturas inferiores de la Justicia Federal. En la práctica, las evaluaciones incluyen una instancia escrita y otra oral en la que se toman en cuenta los antecedentes y la capacidad de los evaluados para resolver problemas concretos.
En Tucumán, tanto el derogado CAM como el actual sistema de selección creado por el PE, no contemplaron evaluaciones para los aspirantes a ocupar cargos en la Justicia. En principio, sólo se toman en cuenta los antecedentes de los candidatos pero sin necesidad de fundamentar el por qué de la opción por uno u otro de los interesados.
El sistema de selección de los jueces por concursos es el que prevalece en la Europa continental. Se trata de un producto nacido durante la era napoleónica en Francia, donde se puso en acento en los conocimientos técnico- jurídicos por sobre los intereses o contactos políticos.
En los países cuyo sistema jurídico tiene sus orígenes en el derecho romano, los magistrados son nominados por otro poder del Estado. En la Argentina la potestad queda reservada a los poderes ejecutivos. En algunos estados de los Estados Unidos, la selección se realiza por votación popular, pero esa alternativa no forma parte de la idiosincrasia latinoamericana.
La posibilidad de crear una carrera judicial es impulsada por quienes están incorporados a la estructura tribunalicia.







