Crearían un nuevo sistema de remoción

El sistema de remoción de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial estará en el ojo de la tormenta en la reforma de la Constitución de la provincia. La Legislatura habilitó la discusión del artículo 110 del texto vigente, en el que se fijaron las bases del procedimiento de Juicio Político. Abrió la puerta, además, a la incorporación del "Jury o Jurado de Enjuiciamiento", institución incorporada por la Nación en 1994 con el objetivo de despolitizar el juzgamiento de los jueces.
El Juicio Político es en Tucumán el único sistema por el cual pueden ser removidos de sus cargos aquellos funcionarios, políticos o judiciales, que tienen garantizado ese privilegio por la Constitución. Se trata de un procedimiento que pone en manos de los representantes del pueblo -los legisladores- el juzgamiento de la responsabilidad de quienes ejercen funciones clave en los poderes públicos.
Los argumentos en contra del sistema de Juicio Político que hoy está vigente, se potenciaron desde 1994. Ese año, la Convención Constituyente reunida en Santa Fe, incorporó a la Constitución Nacional el Jurado de Enjuiciamiento. En el artículo 115 se creó un órgano encargado de juzgar la conducta de quienes integran los tribunales inferiores de la Nación.

Académicos excluídos
Según el abogado y periodista Adrián Ventura, al tiempo de la reforma constitucional del 94 la realidad ya había demostrado que el Juicio Político no había cumplido con los fines que inspiraron su creación. (Para ampliar ver "Consejo de la Magistratura, Editorial Depalma").
El Jurado de Enjuiciamiento es un órgano que se complementa con el Consejo de la Magistratura (CM). Es este cuerpo el que acusa a los magistrados luego de investigar su conducta. El "Jury" tiene una composición mixta- con representantes políticos, judiciales y profesionales - que sólo actúa ante el mal desempeño o por la comisión de un delito o crimenes en el ejercicio del cargo. A diferencia del CM, los representantes académicos no forman parte de este espacio.
La Constitución establece que los fallos que dicte el Jurado de Enjuiciamiento será irrecurrible. La condena tiene como único efecto la destitución del magistrado. Sin embargo, la parte condenada podrá ser acusada y juzgada luego por los tribunales ordinarios. La norma impone un plazo perentorio de 180 días para dictar un fallo luego de la decisión de abrir el proceso.