Se pondrán en juego las potestades del PE para designar y remover jueces

El procedimiento para la selección y la remoción de los integrantes del Poder Judicial es siempre un tema controvertido para cualquier proceso de reforma de las instituciones estatales. En el debate de esta cuestión se esconden pujas de intereses y el deseo siempre latente de los poderes políticos por controlar a los magistrados.
La ley que habilitó la modificación parcial de la Constitución provincial de 1990 facultó a los constituyentes a discutir la incorporación, en el nuevo texto, de un Consejo de la Magistratura. Se buscaría dar rango constitucional a un sistema que funcionó regularmente entre 1991 y 2003, como asesor al Ejecutivo en la designación de los integrantes del Poder Judicial.
El primer problema a resolver en la discusión de este tema, será definir a quien corresponde la facultad de designar a los funcionarios y magistrados judiciales y cuáles son las limitaciones para el ejercicio de este derecho.
El régimen constitucional argentino, desde 1853, fijó en cabeza del Poder Ejecutivo la potestad de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores.
Hasta 1994, el nombramiento debía hacerse con el acuerdo del Senado, pero no se habían fijado limitaciones para el ejercicio de la potestad por parte del Presidente. La Convención, reunida en Santa Fe, introdujo la figura del Consejo de la Magistratura (CM) dentro del complejo esquema de los poderes del país.
Nacido al calor del Pacto de Olivos - acordado por los ex presidentes Carlos Menem (PJ y Raúl Alfonsín (UCR) para destrabar la reforma en 1993- el CM quedó regulado en el artículo 114. Este creó un órgano, que debía ser regulado por una ley especial, que tendría a su cargo la selección de los magistrados y la administración del poder judicial. La novedad fue la conformación mixta del Consejo, con representantes del poder político, la Justicia, los abogados y los sectores académicos.
En base a las atribuciones que los constituyentes le confirieron al CM, se modificó el procedimiento previsto por la Ley Fundamental para la selección y el nombramiento de los jueces. La potestad sigue estando en cabeza del Poder Ejecutivo, pero desde el 94 el Presidente sólo puede designar a quienes estén incluidos en la terna de candidatos que le proponga el CM. El acuerdo del Senado también sigue siendo un requisito ineludible, pero el cuerpo debe evaluar al propuesto por el PEN en una sesión pública y sobre la base de la idoneidad de los candidatos.
La modificación limitó la ingerencia política en la conformación de la Justicia Federal.

El artículo 99
En Tucumán, es el gobernador quien tiene la atribución de nombrar a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Para ejercer la potestad desde 1990 debe contar con acuerdo de la Legislatura, antes de la reforma debía contar con el aval del Senado de la provincia.
La Convención Constituyente que sesionará en 2006, podrá discutir esta facultad e introducir algunas vallas para el avance de los poderes políticos.



SELECCION.- La Constitución nacional reconoció al CM la atribución de seleccionar, mediante concursos públicos, a los postulantes a cubrir los cargos de jueces y camaristas federales. En ambos casos, el cuerpo debe emitir propuestas que son vinculantes para el Presidente de la Nación.

CONTROL DE FONDOS.- La reforma de 1994 reconoció al CM, la potestad de administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley le asigne a la administración de Justicia. La implementación de esa facultad generó tensiones con la Corte nacional.

SANCIONES.- Corresponde al CM ejercer las facultades disciplinarias sobre los magistrados. También decidir la apertura del procedimiento de remoción, ordenar la suspensión y formular la acusación de los jueces.

ORGANIZACION.- EL CM Está habilitado para dictar los reglamentos necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia en el orden federal.