En pleno debate de la reforma Constitucional del 90 se generó un enfrentamiento entre la Corte Suprema y la Convención Constituyente que había declarado la puesta en comisión de los jueces.Aquella vez, la crisis repercutió en el Gobierno nacional. El entonces ministro el Interior, Julio Mera Figueroa intercedió en el conflicto institucional. Paralelamente los jueces provinciales comenzaron reuniones para analizar los pasos a seguir ante la disposición de poner en situación de disponibilidad a la Justicia y la caducidad de los acuerdos.Algunos magistrados habían amenazado con plantear un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia de la provincia para solicitar la inconstitucional de esa norma.En medio de la disputa, el Colegio de Abogados también se pronunció sobre el caso. El consejo directivo de la entidad profesional emitió un documento en el que condenó la decisión de la constituyente "por violatoria del sistema republicano de gobierno". El entonces presidente del Colegio de Abogados, Ernesto Gastaminza había asegurado que sólo la Corte estaba facultada a controlar la constitucionalidad. "Es el Poder Judicial, el único competente para conocer las cuestiones de derecho que se susciten", había advertido.







