La Justicia sufrirá pocos cambios

La organización del Poder Judicial de la provincia está contenida en la quinta sección de la Constitución de 1990. En el proceso reforma de la Carta Magna que ya está en marcha, sólo está habilitada la discusión de dos artículos de los 14 que contienen los capítulos primero y segundo.
La futura Convención Constituyente podrá cambiar la cláusula que establece que los jueces de todas las instancias, y demás funcionarios del Poder Judicial, serán nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura (artículo 99).
Está abierta, además, la discusión respecto del actual mecanismo de designación de los jueces de paz, que son nombrados por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Esto implica debatir, también, el hecho de que la remoción de estos funcionarios judiciales se rige por el sistema previsto para los funcionarios no sometidos a juicio político (artículo 100).
No podrán alterarse, en cambio, las normas constitucionales referidas a quiénes son los que ejercen el Poder Judicial, es decir los integrantes de la Corte Suprema y los demás miembros de los tribunales. La conformación de órganos colegiados, la inamovilidad mientras dure la buena conducta, la intangibilidad de sus remuneraciones, los requisitos para ser integrantes del Poder Judicial, ni el requisito de juramento.
Tampoco cambiarán los puntos referidos a cómo ser organizan los recursos, la facultad de la Corte para ejercer la superintendencia de los tribunales, ni la prohibición de los funcionarios judiciales para hacer política.

Incorporaciones
La reforma también puede traer institutos novedosos para la Justicia. Precisamente, podrán otorgarse, a criterio de la Convención Constituyente, la autarquía para el Poder Judicial. Paralelamente, podrá crearse la denominada "Policía Judicial", la carrera judicial y la escuela judicial. Los reformadores podrán consagrar, también, la independencia del Ministerio Público Fiscal.
Será posible, también, ingresar mecanismos para la selección de magistrados y de funcionarios del Poder Judicial (Consejo Asesor de la Magistratura). De igual manera, es posible que se fijen procedimientos para la remoción de los miembros del Poder Judicial. En este sentido, la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución habilita el establecimiento del jury de enjuiciamiento. Complementariamente, está habilitada la discusión de todo el régimen de juicio político, previsto por el artículo 110 de la actual Carta Magna.
El juicio político es un recurso extremo, recordado en Tucumán, desde el advenimiento de la democracia, por su aplicación contra el ex gobernador Antonio Domingo Bussi. Fue suspendido en su cargo cuando se conoció que poseía cuentas bancarias no declaradas en Suiza. Sin embargo, la Legislatura no consiguió los votos para destituirlo.
Aunque con menos repercusión, no han sido pocos los miembros del Poder Judicial que han pasado por esta instancia. Durante la gestión de Ramón Ortega (1991-1995) fueron sometidos a este proceso los entonces fiscales penales Esteban Jerez y Gustavo Estofán, absueltos por unanimidad. En cambio, la Cámara depuso a Joaquina Vermal, a quien debieron reponer en el cargo luego de que la Justicia objetara la remoción.
Durante la gestión de Julio Miranda (1999-2003), los legisladores enjuiciaron al ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, pero no obtuvieron los votos para deponerlo.
La actual gestión depuso al fiscal penal Héctor Abraham Mussi e iba a llevar a proceso a su par, Estofán, pero él dimitió. Hoy, enjuician a la camarista penal Alicia Freidemberg.