El único poder sin carácter político

La función del Poder Judicial es es jurisdiccional: cumple la tarea de administrar justicia. Por ello, no tiene carácter de órgano político, a diferencia del Ejecutivo y del Legislativo, ya que es una institución técnico jurídica.
En su "Diccionario Consultor Político", Julio César de la Vega advierte sobre la influencia de la teoría de Montesquieu en la condición actual del Poder Judicial. La división de poderes propuesta por este filósofo en "El Espíritu de las Leyes" es la que más se aproxima a la de la mayoría de las constituciones modernas.
El fundamento básico de esta separación es que, así, cada una de las tres patas del sistema republicano sirve de freno y contrapeso de las otros. En el caso específico de los tribunales, preserva la soberanía popular porque evita que los poderes políticos extiendan su predominio en forma incontrolada.
El artículo 5 de la Constitución Nacional fija los lineamientos generales que deben seguir las provincias para su ordenamiento constitucional, en el que está incluida la administración de justicia local. Esa, incluso, es una de las condiciones para que la Nación garantice a cada Estado su autonomía y el pleno ejercicio de sus instituciones.

Funcionamiento
El órgano superior del Poder Judicial es la Corte Suprema, un cuerpo colegiado integrado por cinco miembros, en Tucumán, y por nueve, en la Nación.
En el establecimiento de un sistema judicial donde se reconoce un tribunal superior, como es la Corte, la condición de inferioridad de las otras instancias no significa subordinación. Estas tienen también plena independencia, cuya manifestación más elocuente es la atribución de declarar el derecho y de dictar sentencia. Y el hecho de que esas sentencias puedan ser apeladas, tampoco demuestra subordinación, sino mayores garantías de justicia.
Precisamente, una instancia superior no puede revisar un fallo de un tribunal inferior sino cuando ha sido apelado por una de las partes. De igual modo, la revocación de un fallo no anula la sentencia total, sino aquello que es materia de apelación.
El nombramiento de los miembros de la Justicia es atribución del Poder Ejecutivo, para lo que necesita el acuerdo del Poder Legislativo.
La Constitución provincial (al igual que la nacional) garantiza independencia e inamovilidad al fijar que permanecerán en sus empleos mientras dure su buena conducta. Ambos digestos disponen, además, que los magistrados y los funcionarios judiciales recibirán una compensación por sus servicios, "la que por ningún motivo podrá ser disminuida mientras permanezcan en sus funciones". Este principio es conocido como de intangibilidad de los sueldos.
La única forma de separar a un magistrado de su cargo es el juicio político, que demanda de un procedimiento especial, también prefigurado en la Constitución Nacional y en la provincial.
La función fundamental de los jueces es definir el Derecho, que consiste en la aplicación de las leyes vigentes en el Estado. Cuando éstas normas no fueran explícitas -o no existieran-, debe basarse en leyes análogas, usos y costumbres. También debe acudir a principios generales del derecho, las razones con las que el legislador fundamentó el proyecto de ley, y la Constitución.
En las relaciones entre el Poder Judicial y los poderes políticos, se preserva en forma absoluta la independencia, pero también el Derecho Constitucional argentino pone obstáculos para que sus funciones impliquen un avasallamiento a la esfera del poder, tanto del Legislativo como del Ejecutivo. La Justicia debe abstenerse de intervenir con sus declaraciones en los hechos políticos que producen los otros dos órganos del Gobierno.
En donde sí interviene en relación con el Ejecutivo y el Legislativo es en el control de la constitucionalidad de las leyes.



El Poder Judicial tucumano está vertebrado por el Centro Judicial de San Miguel de Tucumán, el de Monteros, el de Concepción y la Justicia de Paz.
En los tribunales de la capital hay seis cámaras en lo Penal y una de Apelaciones en lo Penal de Instrucción; en lo Civil y Comercial Común (tiene tres salas); en Familia y Sucesiones (tiene dos salas); del Trabajo (tiene seis salas); en lo Contencioso Administrativo (tiene tres salas); y en Documentos y Locaciones (tiene tres salas).
Hay fiscalías de Cámara en lo Penal; otras de Apelaciones en lo Penal de Instrucción; y otras en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo.
Los juzgados civiles son en Familia y Sucesiones; Comercial Común; en Documentos y Locaciones; de Conciliación y Trámite; y de Cobros y Apremios. Los juzgados penales son los de Instrucción; los Correccionales; y los de Menores.
Las fiscalías civiles son en lo Comercial y del Trabajo; y en Familia y Sucesiones. Por otro lado están las penales: las hay Correccionales y de Instrucción.
Finalmente, están las Defensorías de menores en lo Civil, Penal y del Trabajo; las Defensorías de Menores en lo Civil y del Trabajo; y las Defensorías oficiales en lo Penal.
Los del interior tienen estructuras mucho más reducidas.