14 Diciembre 2005 Seguir en 
Los derechos sexuales están reconocidos internacionalmente como parte de los derechos humanos, y las leyes nacionales comprometen al Estado, a través del sistema de salud, a hacer que nadie quede sin preservativos o sin acceso a métodos anticonceptivos. Pero los adolescentes no siempre conocen estos derechos; y en algunos casos particulares, el sistema no colabora.
La adolescencia no es una "etapa preparatoria", sino una parte significativa e importante de la vida. Es la etapa donde, entre otras cosas, despierta la sexualidad activa revolucionando todos los demás aspectos de la vida. La información, los recursos y el apoyo para que los chicos se orienten en las opciones con las que cuentan en esta etapa es un derecho consagrado en numerosos tratados de derechos humanos, y del que el Estado debe hacerse cargo elaborando políticas y programas para garantizarlos.
De acuerdo con un reciente informe emitido por la ONG Periodismo Social, el problema no residiría tanto en la falta de programas como en el hecho de que estos no hayan sido pensados específicamente para los jóvenes: "no tienen en cuenta sus intereses, sus necesidades específicas, como juegan los estereotipos y roles en esta etapa de la vida y los diversos obstáculos que enfrentan los y las adolescentes".
"Los adolescentes no están informados de que existen programas, que los anticonceptivos son gratuitos, que pueden ir a consultar a hospitales, no hay campañas efectivas que bajen a los adolescentes especialmente la información del plan, ni siquiera hay folletería para jóvenes, y esto no promueve que los chicos se interesen", sostiene Cecilia Correa, de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).En la Argentina se sancionó en 2002 la Ley 25.673, que crea del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que comenzó a aplicarse en todo el país en mayo del año siguiente. Entre otras cosas, prevé la entrega gratuita de anticonceptivos, programas de educación sexual y campañas informativas. El Estado debería proveer, en virtud de esa ley, insumos, capacitación y asesoría técnica a las provincias, la mayoría de las cuales ya sancionó sus propias leyes salud sexual, en algunos casos con fuertes resistencias.
No obstante, de acuerdo con datos provenientes de Ministerio de Salud y de Onusida, recopilados por la mencionada ONG (www.periodismosocial.net) hay 6.384 personas de entre 13 y 24 años viviendo con VIH/sida, que conformarían el 12% del total de casos notificados en el país (53.719 desde los primeros registros en 1982 hasta 2004). Los menores de 19 años que viven con con VIH/sida son 4.200, pero si además se toman en cuenta los casos no registrados, las estimaciones se duplican. También se registran numerosos embarazos no planificados.
El Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) es una agrupación de asociaciones de la sociedad civil que monitorea desde 2004 la aplicación de la ley nacional en todo el país, a través de una red provincial de organizaciones adherentes. Susana Checa, miembro del equipo, identifica grandes obstáculos en las provincias y, particularmente, con los prestadores: "hay problemas con los médicos. Están los que dicen ?yo el DIU (dispositivo intrauterino) no lo pongo?, o en algunas provincias las chicas tienen que ir a buscar diariamente las pastillas anticonceptivas al centro de salud".
"Para saber cómo intervenir con los jóvenes ?argumenta Checa?, tenés que captar la lógica de los adolescentes y la lógica de los prestadores que, muchas veces, por ideología o por discriminación, los estigmatizan y terminan por obstaculizar que los chicos se acerquen y consulten en los servicios de salud". "El modelo de la chica ?pone por ejemplo? está asociado al sometimiento al deseo masculino. Es el varón el que decide, si la chica dice ?me quiero cuidar?, tiene que negociar con su pareja sexual el uso de anticonceptivos y no está instalado que negocien de igual a igual". Para dar una idea, estudios realizados en América Latina muestran que entre el 20 % y 48 % de las adolescentes y jóvenes entre 10 y 25 años relataron que su primera experiencia sexual fue forzada.
La adolescencia no es una "etapa preparatoria", sino una parte significativa e importante de la vida. Es la etapa donde, entre otras cosas, despierta la sexualidad activa revolucionando todos los demás aspectos de la vida. La información, los recursos y el apoyo para que los chicos se orienten en las opciones con las que cuentan en esta etapa es un derecho consagrado en numerosos tratados de derechos humanos, y del que el Estado debe hacerse cargo elaborando políticas y programas para garantizarlos.
De acuerdo con un reciente informe emitido por la ONG Periodismo Social, el problema no residiría tanto en la falta de programas como en el hecho de que estos no hayan sido pensados específicamente para los jóvenes: "no tienen en cuenta sus intereses, sus necesidades específicas, como juegan los estereotipos y roles en esta etapa de la vida y los diversos obstáculos que enfrentan los y las adolescentes".
"Los adolescentes no están informados de que existen programas, que los anticonceptivos son gratuitos, que pueden ir a consultar a hospitales, no hay campañas efectivas que bajen a los adolescentes especialmente la información del plan, ni siquiera hay folletería para jóvenes, y esto no promueve que los chicos se interesen", sostiene Cecilia Correa, de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).En la Argentina se sancionó en 2002 la Ley 25.673, que crea del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que comenzó a aplicarse en todo el país en mayo del año siguiente. Entre otras cosas, prevé la entrega gratuita de anticonceptivos, programas de educación sexual y campañas informativas. El Estado debería proveer, en virtud de esa ley, insumos, capacitación y asesoría técnica a las provincias, la mayoría de las cuales ya sancionó sus propias leyes salud sexual, en algunos casos con fuertes resistencias.
No obstante, de acuerdo con datos provenientes de Ministerio de Salud y de Onusida, recopilados por la mencionada ONG (www.periodismosocial.net) hay 6.384 personas de entre 13 y 24 años viviendo con VIH/sida, que conformarían el 12% del total de casos notificados en el país (53.719 desde los primeros registros en 1982 hasta 2004). Los menores de 19 años que viven con con VIH/sida son 4.200, pero si además se toman en cuenta los casos no registrados, las estimaciones se duplican. También se registran numerosos embarazos no planificados.
El Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) es una agrupación de asociaciones de la sociedad civil que monitorea desde 2004 la aplicación de la ley nacional en todo el país, a través de una red provincial de organizaciones adherentes. Susana Checa, miembro del equipo, identifica grandes obstáculos en las provincias y, particularmente, con los prestadores: "hay problemas con los médicos. Están los que dicen ?yo el DIU (dispositivo intrauterino) no lo pongo?, o en algunas provincias las chicas tienen que ir a buscar diariamente las pastillas anticonceptivas al centro de salud".
"Para saber cómo intervenir con los jóvenes ?argumenta Checa?, tenés que captar la lógica de los adolescentes y la lógica de los prestadores que, muchas veces, por ideología o por discriminación, los estigmatizan y terminan por obstaculizar que los chicos se acerquen y consulten en los servicios de salud". "El modelo de la chica ?pone por ejemplo? está asociado al sometimiento al deseo masculino. Es el varón el que decide, si la chica dice ?me quiero cuidar?, tiene que negociar con su pareja sexual el uso de anticonceptivos y no está instalado que negocien de igual a igual". Para dar una idea, estudios realizados en América Latina muestran que entre el 20 % y 48 % de las adolescentes y jóvenes entre 10 y 25 años relataron que su primera experiencia sexual fue forzada.
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