La reforma de la Constitución provincial debería poner el acento en consagrar una mejora integral del funcionamiento del Estado, de modo que se fortalezcan los derechos ciudadanos y se consolide la democracia. Este es el parecer de los cinco jóvenes trabajadores que fueron consultados por LA GACETA acerca de sus inquietudes sobre la enmienda de la Carta Magna.
Aunque los entrevistados se dedican a las más diversas actividades, cuando respondieron acerca de cuál debe ser el futuro del Poder Legislativo, coincidieron en que debe aprovecharse la modificación de la Ley de Leyes para incluir normas que tiendan a que la Cámara esté compuesta por representantes capacitados. Quieren que los parlamentarios demuestren tener iniciativa y que rindan cuentas a la ciudadanía de su situación patrimonial, al ingresar al cuerpo y al dejar la banca.
Federico Nicolari, empleado de una empresa de servicios, afirmó que la Constitución debería servir para acercar a los legisladores a la sociedad.
"Tendría que haber mucha estrictez con la asistencia y con la producción en materia de proyectos, pero sería fundamental que estén obligados a manifestar públicamente, y en todos los casos, sus posiciones con respecto a iniciativas o a situaciones institucionales", aseveró.
El joven de 29 años consideró que el dinero que reciben los legisladores en concepto de salarios y de viáticos no justifica, actualmente, la función que ejercen. "Nunca se especificó bien lo que cobran y viven de vacaciones", disparó Nicolari.
Carolina Gallo, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, también entiende que la Constitución debería obligar al Poder Legislativo a dar participación al pueblo en la sanción de normas. "Hay muchos medios para consultar a la ciudadanía, y también para informarla. Si cada vez hay menos conciencia cívica, la Constitución debería obligar a los parlamentarios a dar a conocer fehacientemente todas sus acciones. Actualmente, todo se hace desde la desinformación", consideró Gallo, que es licenciada en Comunicación Social.
Al ser consultados sobre la constitucionalización de la iniciativa popular, los jóvenes consideraron que, previamente, debería establecerse con claridad las pautas de desarrollo de ese proceso. El joven comerciante José María Giménez Artero sostuvo que con el mecanismo de iniciativa popular sucede lo mismo que con el régimen electoral: "la Constitución debería establecer un marco sólido de modo que la ley que da pie a la iniciativa popular realmente sea una garantía de la participación y del poder del ciudadano", dijo Giménez Artero, de 23 años.
Capacitación
"La educación de los representantes es muy importante. Debería fijarse que los legisladores tengan, por lo menos, el secundario completo. El estudio, ciertamente, jerarquiza la clase dirigente", consideró Carolina Pérez, empleada de comercio.
Pérez, escribana de 26 años, consideró que ser legislador no es un trabajo de una mayor jerarquía que el resto de las disciplinas. "Deberían cobrar mucho menos dinero", aseveró.
Marco Tam, operador de la City bancaria, coincidió con Pérez en que la preparación de los parlamentarios debería ser una obligación constitucional.
"Debe haber una comunión entre la preparación intelectual y la capacidad de percepción de los problemas de la gente. Actualmente, da la sensación de que los representantes acceden a los cargos sólo por contar con la segunda cualidad o, lo que es peor, por movilizar gente con base en la prebenda", afirmó.
Tam, de 33 años, agregó que también debería plasmarse el espíritu de la renovación de la clase dirigente. "Los candidatos son siempre los mismos y en los partidos políticos es sumamente difícil para los jóvenes acceder a una postulación", concluyó.
Aunque los entrevistados se dedican a las más diversas actividades, cuando respondieron acerca de cuál debe ser el futuro del Poder Legislativo, coincidieron en que debe aprovecharse la modificación de la Ley de Leyes para incluir normas que tiendan a que la Cámara esté compuesta por representantes capacitados. Quieren que los parlamentarios demuestren tener iniciativa y que rindan cuentas a la ciudadanía de su situación patrimonial, al ingresar al cuerpo y al dejar la banca.
Federico Nicolari, empleado de una empresa de servicios, afirmó que la Constitución debería servir para acercar a los legisladores a la sociedad.
"Tendría que haber mucha estrictez con la asistencia y con la producción en materia de proyectos, pero sería fundamental que estén obligados a manifestar públicamente, y en todos los casos, sus posiciones con respecto a iniciativas o a situaciones institucionales", aseveró.
El joven de 29 años consideró que el dinero que reciben los legisladores en concepto de salarios y de viáticos no justifica, actualmente, la función que ejercen. "Nunca se especificó bien lo que cobran y viven de vacaciones", disparó Nicolari.
Carolina Gallo, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, también entiende que la Constitución debería obligar al Poder Legislativo a dar participación al pueblo en la sanción de normas. "Hay muchos medios para consultar a la ciudadanía, y también para informarla. Si cada vez hay menos conciencia cívica, la Constitución debería obligar a los parlamentarios a dar a conocer fehacientemente todas sus acciones. Actualmente, todo se hace desde la desinformación", consideró Gallo, que es licenciada en Comunicación Social.
Al ser consultados sobre la constitucionalización de la iniciativa popular, los jóvenes consideraron que, previamente, debería establecerse con claridad las pautas de desarrollo de ese proceso. El joven comerciante José María Giménez Artero sostuvo que con el mecanismo de iniciativa popular sucede lo mismo que con el régimen electoral: "la Constitución debería establecer un marco sólido de modo que la ley que da pie a la iniciativa popular realmente sea una garantía de la participación y del poder del ciudadano", dijo Giménez Artero, de 23 años.
Capacitación
"La educación de los representantes es muy importante. Debería fijarse que los legisladores tengan, por lo menos, el secundario completo. El estudio, ciertamente, jerarquiza la clase dirigente", consideró Carolina Pérez, empleada de comercio.
Pérez, escribana de 26 años, consideró que ser legislador no es un trabajo de una mayor jerarquía que el resto de las disciplinas. "Deberían cobrar mucho menos dinero", aseveró.
Marco Tam, operador de la City bancaria, coincidió con Pérez en que la preparación de los parlamentarios debería ser una obligación constitucional.
"Debe haber una comunión entre la preparación intelectual y la capacidad de percepción de los problemas de la gente. Actualmente, da la sensación de que los representantes acceden a los cargos sólo por contar con la segunda cualidad o, lo que es peor, por movilizar gente con base en la prebenda", afirmó.
Tam, de 33 años, agregó que también debería plasmarse el espíritu de la renovación de la clase dirigente. "Los candidatos son siempre los mismos y en los partidos políticos es sumamente difícil para los jóvenes acceder a una postulación", concluyó.







