"Debe estar al margen de circunstancias políticas"

El carácter constitucional del Defensor del Pueblo de la Nación es indispensable, pues constituye una sólida garantía de independencia para la institución. Ello importa que su actuación quede al margen de las circunstancias políticas cotidianas y coyunturales. De otra manera, su tarea podría perturbar el ejercicio de sus atribuciones.
Por su propia naturaleza y como institución de defensa de los derechos humanos, el Defensor del Pueblo requiere de dicha jerarquía constitucional para convertirse, así, en un trascendente factor de equilibrio que, con permanencia, se inserta activamente en el estado democrático de derecho. Es deseable que la creación y organización de los Defensores del Pueblo y demás instituciones similares, en el ámbito provincial, también se lleve a cabo en el más alto nivel jurídico, pues de ese modo sus competencias, misiones y herramientas fundamentales no podrán ser luego modificadas por los poderes constituidos, por los poderes gobernantes y a través de procedimientos ordinarios.
Deben aprovecharse las oportunidades en que se declare la necesidad de la reforma constitucional de las provincias y las cartas orgánicas municipales, para brindar al Ombudsman el rango legal que debe tener.
Los Defensores son un factor de equilibrio que, lejos de obstruir a los poderes del Estado, potencian el ejercicio del buen gobierno, cuya misión esencial es la satisfacción de los intereses y necesidades del pueblo.
Esta medida que otorga al ombudsman el carácter constitucional forma parte del compromiso de las instituciones nacionales, provinciales y locales para asegurar el respeto de todos los derechos humanos en nuestro país.