El desafío es promover y potenciar la actuación del defensor del pueblo

Mediador, protector o mandatario del pueblo. Cualquiera de estas acepciones sintetiza lo que significa la palabra ombudsman, un término que comenzó a resonar en América Latina a partir de las últimas dos décadas, pero que cuenta con una larga historia a nivel mundial.
El defensor del Pueblo surge como una necesidad de contener la problemática de los abusos de autoridad en quienes ejercen cargos públicos. La figura encuentra los primeros antecedentes en los países europeos, que siguieron el ejemplo de Suecia. Esta Nación incorporó en 1809 al ombudsman en la redacción de su Carta Magna.
En el caso de América Latina, durante la década del 90 se inició la inclusión en las constituciones nacionales, muchas de las cuales (como la argentina) emuló el ejemplo español, país que incorporó al defensor en su ordenamiento jurídico en 1978.

Las atribuciones
Se trata de un órgano constitucional autónomo y comprometido con los derechos fundamentales. Posee, además, legitimación procesal, lo que le permite presentarse en sede judicial y contar con la posibilidad de ejercer los controles de constitucionalidad a través de los amparos. La gratuidad de sus servicios es otra de las características.
El ombudsman constituye en una sociedad democrática una garantía de fiscalización hacia el poder político. Es una institución del Estado (no del gobierno de turno), que no puede recurrir a la coerción para el cumplimiento de sus recomendaciones. Debe, en cambio, procurar una mayor protección de los derechos de la persona, custodiándolas frente a los excesos y el mal desempeño de la administración pública y los servicios públicos; a través de la recomendación, la pedagogía y la sugerencia para modificar las conductas equivocadas.

Electo por el Congreso
En la Argentina, la aparición del ombudsman data de la reforma constitucional de 1994.
En nuestro país es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros. Goza, además, de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Dura en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por otra vez.
En Tucumán, la ley de creación del ombudsman fue sancionada por la Legislatura el 28 de julio de 1995. A diferencia del defensor del Pueblo nacional, en nuestra provincia el funcionario cumple un mandato de seis años. Cuenta, además, con la posibilidad de ser reelegido por la Cámara para un nuevo período.