La relación del Poder Legislativo unicameral con el gobierno de turno osciló entre la armonía institucional y los choques políticos. La experiencia concluida de tres períodos de gobierno reglados por la Constitución de 1990, ha mostrado dos caras. Hubo, así, fases en que prevaleció el conflicto entre la Legislatura y el Ejecutivo. Las diferencias entre el vicegobernador y el gobernador del mismo signo político alimentaron ese estado bélico. Buena parte del ciclo 1991-95, estuvo teñida por el enfrentamiento de Julio Díaz Lozano con Ramón Ortega, ambos peronistas. La traba a la transferencia de la caja previsional a la esfera federal marcó el punto más agudo de esa tensión. Sin embargo, en el mismo período, se integró el plantel de jueces tras la normalización institucional que advino con el cese de la intervención federal. En sintonía con la Nación, esa Legislatura sancionó la privatización del Banco de la Provincia, y las leyes de concesión de los servicios de agua y cloacas y de electricidad.
La composición legislativa que vino luego, con hegemonía de Fuerza Republicana, no escapó a esa tendencia. Mientras el vicegobernador Raúl Topa mantuvo correspondencia de fines y planes con Antonio Bussi, el Gobierno consiguió leyes clave como la de la segunda privatización del banco estatal, la transferencia del sistema previsional y la autorización para la toma de crédito con el Banco Mundial por 100 millones de dólares. La luna de miel se quebró cuando Bussi y Topa se distanciaron: la suspensión del gobernador para ser sometido a juicio político en 1998 fue la señal más clara. Al gobernador no lo pudo destituir la oposición, pero no se reconstruyó el clima de cooperación .
Sisto Terán torció la historia y acomodó el ritmo de la Legislatura al proyecto del gobernador Julio Miranda. El oficialismo cerró filas y aprobó todas las normas sobre emisión de bonos. La reforma constitucional fue ley como quería Miranda, pero cayó por sus vicios. Las necesidades institucionales no cedieron ante las presiones políticas. El fantasma de la intervención federal evitó las peleas sin retorno.
La composición legislativa que vino luego, con hegemonía de Fuerza Republicana, no escapó a esa tendencia. Mientras el vicegobernador Raúl Topa mantuvo correspondencia de fines y planes con Antonio Bussi, el Gobierno consiguió leyes clave como la de la segunda privatización del banco estatal, la transferencia del sistema previsional y la autorización para la toma de crédito con el Banco Mundial por 100 millones de dólares. La luna de miel se quebró cuando Bussi y Topa se distanciaron: la suspensión del gobernador para ser sometido a juicio político en 1998 fue la señal más clara. Al gobernador no lo pudo destituir la oposición, pero no se reconstruyó el clima de cooperación .
Sisto Terán torció la historia y acomodó el ritmo de la Legislatura al proyecto del gobernador Julio Miranda. El oficialismo cerró filas y aprobó todas las normas sobre emisión de bonos. La reforma constitucional fue ley como quería Miranda, pero cayó por sus vicios. Las necesidades institucionales no cedieron ante las presiones políticas. El fantasma de la intervención federal evitó las peleas sin retorno.







