Prohibición expresa de la Ley de Lemas

La Ley de Lemas es un mecanismo electoral que permite que cada partido presente un número ilimitado de candidatos. En Tucumán, en 1986, el diputado Carlos Muiño (UCR) propuso instalar ese régimen en la provincia. Su idea se trasformó en ley dos años después, aunque con modificaciones que flexibilizaron los requisitos para presentar sublemas. En 1989, la Legislatura redujo aún más las condiciones para candidatearse y, en 1991, el interventor Julio César Aráoz promulgó la norma. Esa flexibilización de las condiciones para presentar listas de candidatos provocó una avalancha de postulaciones desde 1995, lo que puso en debate la legitimidad del sistema: permitió que, con alrededor de 3.000 voluntades, los candidatos consiguieran acceder a una banca y abrió cuestionamientos sobre la real representatividad de los elegidos.
Luego de que la Ley de Lemas fuera objetada desde distintos sectores de la población y que los políticos de todos los partidos de la provincia propusieran su eliminación, el 15 de setiembre de 2004 la Legislatura derogó la norma.

Acuerdo multipartidario
Quienes se oponen a este sistema electoral argumentan que algunos sublemas de partidos que resultaron segundos en una elección pueden obtener más votos que los candidatos del partido que resultó victorioso. También sostienen que el mecanismo electoral fomenta la disgregación de los partidos, el internismo y el clientelismo político.
Ahora, ante la inminente enmienda de la Carta Magna, los convencionales constituyentes prohibirían expresamente la reinstauración de la Ley de Lemas como sistema electoral. Eso fue lo que pactó el oficialismo gobernante con la Unión Cívica Radical en las discusiones previas a la sanción de la ley que declaró la necesidad de la reforma.