Los especialistas en derecho constitucional coinciden en que ningún sistema electoral es neutro, es decir, totalmente positivo o negativo. Ellos privilegian diferentes valores políticos o sociales. Se pueden otorgar mayores o menores opciones a los votantes; mejorar la representatividad de las minorías o fortalecer a las mayorías; o fomentar el pluralismo de la sociedad. La opción por uno u otro sistema es una decisión política que suelen tomar los Estados en función de sus propias realidades. Según la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución provincial, la Convención Constituyente podrá incluir cambios en el artículo 38 de la Carta Magna local, que establece las características del régimen electoral. Los convencionales podrán reformar íntegro el artículo, excepto el inciso 9, que es el que establece la división de la provincia en tres secciones electorales. La prohibición de modificar este punto quedó expresamente fundada en la norma que habilitó la enmienda.
La Constitución modificada en 1990 incorporó un capítulo especial con las bases del régimen electoral, el que está contenido en un sólo artículo que conforma la sección segunda del texto aún vigente.
La Convención Constituyente que deliberó hace 15 años incluyó ese artículo en la Carta Magna. Los argumentos expuestos fueron que las reglas del proceso comicial eran alterados continuamente, sólo por medio de leyes y de decretos. De hecho, en 1985 se había dividido a la provincia en cinco secciones; en 1987, en tres; en 1989, en 11; y en 1993 en dos.
Frente a esos antecedentes, el bussismo argumentó que quería dar firmeza a las reglas electorales para evitar esos cambios. El artículo 38 habilita a la Legislatura a sancionar un sistema electoral, pero fija algunos límites. Uno de ellos es la división de la provincia en tres secciones electorales. También establece penas para quienes incurran en fraudes contra la libertad y legalidad del sufragio, como también la venta del voto. A su vez, establece quiénes estarán en condiciones de elegir y ser elegidos y que la representación política tiene por base a la población, entre otros puntos.
En el debate previo a la sanción de la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución, el oficialismo y la UCR sellaron un pacto que establecía la posibilidad de que quede expresamente establecido en la Carta Magna la prohibición de reinstaurar la Ley de Lemas. Este sistema electoral fue derogado por la Legislatura el 15 de setiembre de 2004. Luego, la Cámara dictó un nuevo régimen electoral: es el de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos políticos, consagrado por medio de la ley 7.536.
Este sistema fue empleado por primera vez en las primarias para elegir candidato a intendente en Banda del Río Salí, el 21 de agosto pasado. Será utilizado nuevamente el próximo domingo, cuando se disputen las internas para elegir convencionales constituyentes.
Distintas visiones
El constitucionalista Mario Justo López afirma que la expresión "sistema electoral" es utilizada para designar el modo de distribuir y de adjudicar los cargos electivos en función de los resultados electorales.
Desde el retorno de la democracia, en 1983, la sociedad argentina discutió la necesidad de reformar esas reglas. Distintos sectores encontraron explicaciones a la crisis de representación en el mecanismo con el que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas se transformaba en cargos políticos.
En Tucumán, esa discusión se reabrirá en la Convención Constituyente.
La Constitución modificada en 1990 incorporó un capítulo especial con las bases del régimen electoral, el que está contenido en un sólo artículo que conforma la sección segunda del texto aún vigente.
La Convención Constituyente que deliberó hace 15 años incluyó ese artículo en la Carta Magna. Los argumentos expuestos fueron que las reglas del proceso comicial eran alterados continuamente, sólo por medio de leyes y de decretos. De hecho, en 1985 se había dividido a la provincia en cinco secciones; en 1987, en tres; en 1989, en 11; y en 1993 en dos.
Frente a esos antecedentes, el bussismo argumentó que quería dar firmeza a las reglas electorales para evitar esos cambios. El artículo 38 habilita a la Legislatura a sancionar un sistema electoral, pero fija algunos límites. Uno de ellos es la división de la provincia en tres secciones electorales. También establece penas para quienes incurran en fraudes contra la libertad y legalidad del sufragio, como también la venta del voto. A su vez, establece quiénes estarán en condiciones de elegir y ser elegidos y que la representación política tiene por base a la población, entre otros puntos.
En el debate previo a la sanción de la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución, el oficialismo y la UCR sellaron un pacto que establecía la posibilidad de que quede expresamente establecido en la Carta Magna la prohibición de reinstaurar la Ley de Lemas. Este sistema electoral fue derogado por la Legislatura el 15 de setiembre de 2004. Luego, la Cámara dictó un nuevo régimen electoral: es el de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos políticos, consagrado por medio de la ley 7.536.
Este sistema fue empleado por primera vez en las primarias para elegir candidato a intendente en Banda del Río Salí, el 21 de agosto pasado. Será utilizado nuevamente el próximo domingo, cuando se disputen las internas para elegir convencionales constituyentes.
Distintas visiones
El constitucionalista Mario Justo López afirma que la expresión "sistema electoral" es utilizada para designar el modo de distribuir y de adjudicar los cargos electivos en función de los resultados electorales.
Desde el retorno de la democracia, en 1983, la sociedad argentina discutió la necesidad de reformar esas reglas. Distintos sectores encontraron explicaciones a la crisis de representación en el mecanismo con el que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas se transformaba en cargos políticos.
En Tucumán, esa discusión se reabrirá en la Convención Constituyente.







