Se ampliarían las prerrogativas de opinión

La Convención Constituyente estará habilitada para debatir los artículos de la actual Carta Magna que contienen lo que se conoce como prerrogativas de los legisladores. Estas se vinculan con la imposibilidad de que los parlamentarios sean molestados por los votos que emitan o las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos dentro del recinto legislativo. (inmunidad de opinión). También la barrera que se fijo al arresto de un legislador, o la necesidad de solicitar un desafuero previo para iniciar un proceso penal contra quien ocupe una banca (inmunidad de arresto o de proceso).
Ambas prerrogativas motivaron fuertes debates políticos y judiciales. El ex gobernador Antonio Bussi y el ex legislador Carlos Courel se enfrentaron judicialmente por los alcances de la inmunidad de opinión. Bussi objetó al parlamentario con el argumento de que las imputaciones habían sido realizadas fuera del recinto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2004, falló a favor del dirigente radical. Los constituyentes podrían tomar ese fallo como antecedente para ampliar los límites de la prerrogativa de opinión hasta contemplar toda las declaraciones políticas de los legisladores.
La inmunidad de proceso generó cruces entre la Justicia y la Cámara durante 2002, cuando se investigó el presunto cobro de coimas para habilitar la reforma de la Constitución. Desde 1983, sólo diez legisladores tucumanos fueron desaforados para someterse a una investigación de la Justicia por causas penales.