Cómo se afectará el funcionamiento de la Cámara

La reforma de la Constitución puede modificar también aspectos referidos al funcionamiento de la Legislatura. Estará sujeto a cambios, por ejemplo, el artículo 48, que divide la fase de sesiones ordinarias en dos segmentos de 60 días cada uno. Uno va desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo, y el otro abarca desde el 1 de setiembre hasta el 31 de octubre. Se da por descontado que se prolongará el período, puesto que -salvo contadas excepciones- siempre se extendió hasta el 31 de diciembre.
Puede cambiar también el artículo 49, en el que se específica quiénes pueden llamar a sesiones extraordinarias. Hoy pueden hacerlo el gobernador, o el vicegobernador cuando se lo solicitara por escrito -al menos- la cuarta parte de los legisladores.
Otra variación probable es la referida a la admisión de los legisladores electos, aunque no hay antecedentes desde 1990 de que en la Cámara local se haya rechazado el título (o pliego) de un parlamentario.
Del mismo modo, puede haber novedades respecto del ejercicio de profesiones liberales en forma simultánea al ejercicio del cargo de legislador. El cambio del artículo 58, por ejemplo, podría obligar a los abogados que resultan electos parlamentarios a bloquear su título profesional durante el mandato.
Paralelamente, una modificación del artículo 52 daría lugar a cambiar el número y hasta la estructura de las comisiones de la Legislatura, modificación del Reglamento Interno mediante.
Una reforma que impactaría en el Ejecutivo es la del apartado 53, referido a la interpelación de los ministros. Podría habilitarse, por ejemplo, la figura del voto de censura, como herramienta de peso político para la Cámara.
A la vez, una modificación que afectaría a ambos poderes sería el del artículo 65, según el cual las leyes pueden tener principio sólo en ellos. Los constituyentes pueden pautar normas que sólo puedan originarse en la Cámara, estipular el uso de los decretos de necesidad y urgencia y establecer los términos de la iniciativa popular.