La revocatoria de mandato, en debate

Según el principio de la revolución francesa de 1789, la soberanía popular es la fuente de todos los poderes. Hacia allí tiende la figura de la revocatoria de mandato.
Desde el punto de vista jurídico-político, este instituto introduce en toda constitución la figura complementaria e indispensable para que una sociedad, de manera fáctica, ejerza la soberanía que le corresponde. En estos casos, el voto deja de ser un cheque en blanco, puesto que quien resulta elegido aparece sometido en forma permanente al escrutinio público y, en consecuencia, debe rendir cuentas a sus electores o podrá ser revocado.

El debate local
En Tucumán, el debate sobre la reforma de la Carta Magna abre la posibilidad de discutir sobre la conveniencia o no de introducir esa herramienta popular en el texto fundacional. Inclusive, el Poder Ejecutivo promociona mediante publicidad callejera la importancia de que se incorpore un capítulo referido a la posibilidad de revocatoria de todos los cargos ejecutivos. En este punto resulta fundamental recaer, puesto que la figura de la revocatoria de mandato no alcanza a quienes ostentan cargos legislativos (ya sean provinciales o municipales), sino puntualmente a los funcionarios que ocupan puestos ejecutivos, como el gobernador, los intendentes y los comisionados comunales. El resto de los cargos electivos está excluido.

El cargo es del pueblo
Según entienden los especialistas, la revocatoria de mandato implica que el cargo público no es propiedad del ciudadano electo ni del partido ni de la clase social a la cual pertenezca. Por el contrario, el cargo es del pueblo, por lo cual su ejercicio debe corresponder a sus valores, a sus necesidades y a sus prioridades.
Se supone que si es la propia sociedad la que elige, observa y juzga a través del voto (y, en determinados casos, a través del sistema de consulta popular), el poder pertenece, precisamente, a la sociedad en su conjunto. De todas maneras, la inclusión de la revocatoria de mandato lleva implícita una doble responsabilidad para los ciudadanos, puesto que son ellos los que deben evaluar constantemente la gestión de su elegido. Este, a su vez, debe entonces corresponder a las demandas de la sociedad.

En Latinoamérica
En América Latina, las constituciones fueron incorporando mecanismos de democracia semi-directa, que posibilitan una intervención más activa de los ciudadanos en la discusión de los asuntos públicos, complementando la representación política.
Las cartas magnas de Colombia, de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia incluyen la figura de la revocatoria de mandato. La reforma de la Constitución Argentina en 1994 estableció la iniciativa legislativa por ciudadanos que representen el 3% del padrón electoral.
El último ejemplo latinoamericano de revocatoria de mandato lo protagonizó Venezuela, cuando en 2004 se convocó a un referendo popular para revocar o ratificar el mandato del presidente Hugo Chávez. En ese país, pueden revocarse todos los cargos y las magistraturas de elección popular, si se solicita un referendo a ese efecto por un número no menor al 20% de los electores.
El funcionari (por ejemplo un concejal), luego, es excluido si así lo decide un número igual de electores al que lo eligió, siempre que concurran a votar al menos un 25% de los inscriptos en el padrón.

Argentina
En la República Argentina, solamente las constituciones de Río Negro (para cargos comunales) y las de Mendoza, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires contemplan algún tipo de revocatoria de mandato para los funcionarios de cargos ejecutivos.