Las facultades del Gobierno pueden mutar

El artículo 87 es una de las normas que pueden ser modificadas por los constituyentes. Sus 21 incisos fijan las atribuciones del Poder Ejecutivo.

Por Redacción Política 25 Noviembre 2005
Los miembros de la convención constituyente estarán habilitados para modificar el capítulo de atribuciones del Poder Ejecutivo. Esa sección de la Constitución provincial tiene un solo artículo (es el 87), que consta, a su vez, de 21 incisos.
Buena parte de esas normas pautan deberes y obligaciones administrativas del gobernador. Establecen, por ejemplo, que él representa a Tucumán ante la Nación y las otras provincias.
Se indica, además, que el mandatario puede nombrar y remover ministros y que debe dar cuenta anualmente a la Legislatura sobre sus actos, en la apertura del período de sesiones. Se establece, también, que puede conmutar penas, conceder jubilaciones y retiros y otorgar licencias. Que puede vetar leyes, auxiliar con la fuerza pública a los otros poderes, e inspeccionar los bienes y recursos de la policía, así como pedir informes a los departamentos de administración.
"Es guardián del orden público y reprime las conspiraciones y tumultos o sediciones por los medios que establece esta Constitución y las leyes", precisa el último de los incisos.

Decretos y reglamentos
Otros apartados, en cambio, fijan atribuciones que hacen al poder político del Ejecutivo y sobre los cuales puede haber cambios y agregados sustanciales.
Por ejemplo, es muy probable que se incluya en este capítulo la figura de los decretos de necesidad y urgencia. En Tucumán, tienen vigencia de ley si no son rechazados por la Legislatura a los 20 días de su dictado. Estas normas no figuran en la Carta Magna del 90. En la Constitución Nacional de 1994 fueron incluidos, precisamente, entre las atribuciones de la Presidencia. Una comisión bicameral debía realizar el seguimiento de esta vía legislativa de excepción, pero nunca fue instrumentada.En la Carta Magna tucumana, el inciso 2 del artículo 87 consigna que el Ejecutivo participa en la formación de las leyes (con arreglo a la Constitución provincial), las sanciona y las promulga. El punto siguiente establece que expide instrucciones y reglamentos para ejecutar las leyes, pero sin alterar su espíritu.
Precisamente, se calcula que también habrá reformas en lo atinente a la potestad del gobierno en cuestiones impositivas. Ya hubo polémicas, tanto durante este Gobierno como en el anterior, por la reglamentación del Código Tributario. Legisladores y empresarios afirmaban que, en la instrumentación del digesto, se creaban nuevos tributos. El Ejecutivo sostuvo que no desnaturalizaba el sentido de la norma. Hoy, el inciso 13 sólo refiere: "(el Gobierno puede) hacer recaudar a Rentas y decretar su inversión".

Las finanzas
Es posible, también, la concesión de más atribuciones en materia presupuestaria. Según nuestra Constitución, el Ejecutivo debe pasar a la Cámara la cuenta de gastos de la Provincia del ejercicio vencido, y detallar el uso y ejecución del presupuesto. También tiene que presentar a la Legislatura, en la primera quincena de setiembre, el plan de gastos y recursos de la Provincia que planea aplicar durante el año siguiente. Pero ese plazo no suele cumplirse.
Otro término que tampoco suele respetarse es el de la acefalía de los ministerios. "En ningún caso (podrá) durar más de treinta días", señala el inciso 16, también sujeto a cambio.
Durante la reforma, además, pueden producirse innovaciones respecto de la capacidad del Gobierno para intervenir municipalidades y comunas. Hoy está compelido a hacerlo mediante un proyecto de ley, salvo que la Legislatura esté de receso. Justamente, también puede haber novedades respecto de las atribuciones del Ejecutivo durante el lapso que está fuera del período de sesiones ordinarias. Hoy, en ese interregno, puede nombrar interinamente a los funcionarios cuya designación requiere el acuerdo parlamentario. Debe dar cuenta de ello en el primer mes de sesiones.
Otro inciso modificable es el 5. Faculta a la gobernación a nombrar, con acuerdo de la Legislatura, "los jueces de la Corte Suprema, de las Cámaras de primera Instancia, el ministro Fiscal, los fiscales, los defensores y asesores en la Administración de justicia, y demás funcionarios para cuyo nombramiento se exija este requisito".



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