Un poder entre dos extremos

¿Puede cambiarse la figura del vicegobernador? ¿Es posible que la reforma de la Constitución fije límites a la facultad del gobernador para dictar decretos de necesidad y urgencia? O, por el contrario, ¿pueden los constituyentes ratificar el actual sistema en el que las resoluciones quedan firmes por el mero silencio de la Legislatura? ¿Donde debe residir el titular del Poder Ejecutivo? ¿A quién tiene que pedirle permiso para viajar? ¿Cuál es el procedimiento que habrá que aplicar en caso de su renuncia o muerte?
Todos estos interrogantes quedaron abiertos desde que la Legislatura aprobó, en diciembre de 2004, la ley por la que se habilitó la reforma parcial de la Constitución. Se trata de aspectos vinculados con el funcionamiento del Ejecutivo, aquel poder al que la mayoría de los constitucionalistas le reconocen un rol central dentro de la trilogía que completan la Legislatura y el Poder Judicial.

Tendencia general
Según el Diccionario Consultor Político, de Julio César de la Vega, el Ejecutivo es el poder del Estado que en el esquema clásico de la división de poderes está investido de un conjunto de atribuciones que los facultan para ejecutar leyes, representar al Estado e instrumentar las medidas para realizar las tareas de gobierno. El mismo trabajo reconoce que existe una tendencia general hacia un fortalecimiento de los ejecutivos, en desmedro de los legislativos.
La preponderancia obedecería a que las funciones del PE son tan amplias que lo llevan a intervenir en casi todos los aspectos de la organización estatal. De la Vega consigna, además, que quienes ejercen la titularidad del poder suelen ser los conductores de los partidos mayoritarios, situación que les asegura el control sobre la Cámara.La discusión, que ocupa la atención de los especialistas desde que nació el principio de la división de los poderes, podría instalarse en la convención reformadora que sesionará en la provincia el año próximo.

Tres capítulos
La actual estructura del Poder Ejecutivo de Tucumán nació con la reforma de 1990. Entonces, se estableció que el Gobierno debía ser ejercido por un ciudadano con el titulo de gobernador y se dispuso que el vicegobernador sea su reemplazante natural.
Las pautas de su funcionamiento están contenidas en la Sección IV del texto vigente, la que está dividida en tres capítulos. El primero de ellos establece la naturaleza y duración del cargo, el segundo determina las atribuciones del PE, y el tercero legisla sobre los ministros a cargo del despacho.
La ley que dispuso la reforma parcial de la Carta Magna habilitó la discusión sólo de ocho de los 14 artículos del primer capítulo. Quedó permitido analizar la duración del cargo del gobernador y del vicegobernador y la posibilidad o no de su reelección. También, el procedimiento en caso de vacancia de algunos de los cargos, el procedimiento a seguir en caso de acefalía, la residencia del mandatario, la formula de juramento. Otra cuestión a analizar será la prohibición de cobrar gastos reservados y las limitaciones salariales para el gobernador.
No podrán modificarse, por ser temas excluídos de la ley que habilitó la reforma constitucional: la conformación del PE con un gobernador y vice, los requisitos para ocupar esos cargos, el tratamiento de excelencia para ambos funcionarios, la elección directa por distrito único y a simple pluralidad de votos. Tampoco estará en debate la imposibilidad de que los ministros sean electos al frente del Gobierno mientras ocupen sus cargos.

El ejercicio de la función
El capítulo segundo referido al Poder Ejecutivo podrá ser modificado en su totalidad. Se trata los 21 incisos que establecen las facultades del gobernador y del vice. La Convención también podrá alterar totalmente el capítulo tercero, vinculado con la cantidad de ministros que puede designar el gobernador y las funciones de estos.
Las modificaciones autorizadas podrían dar una nueva fisonomía al Poder Ejecutivo provincial. Pese a que se excluyó de la discusión a la figura vicegobernador, la posibilidad de modificar todas sus atribuciones abrirá un amplio abanico de decisiones a adoptar.
Las opiniones políticas podrían moverse entre la opción de consolidar las facultades del gobernador, para ejercer la tarea de conducir el Estado, o fortalecer el sistema de pesos y contrapesos ampliando limitaciones y controles. De donde se coloque el péndulo en la disputa dependerá, también, cómo quedarán posicionados los poderes Legislativo y Judicial en el nuevo mapa institucional.