POLEMICA. La familia de Terry Schiavo (foto) no quiso que le saquen el soporte vital; un argentino, cuya esposa está en estado vegetativo, pide lo contrario.
16 Noviembre 2005 Seguir en 

María del Carmen tiene 36 años y hace siete que está en estado vegetativo, a raíz de un paro cardíaco causado por una convulsión que sufrió durante el parto de su cuarto hijo. Después de dos años de permanecer en ese estado, internada en un geriátrico de San Isidro, su marido pidió que se le retirara la alimentación y la hidratación, pero el Tribunal de San Isidro se negó en primera instancia. Rechazado ese fallo por la Cámara de Apelaciones, recibió otra negativa de la Suprema Corte de Buenos Aires, en febrero pasado.
Al pedírsele un informe, el asesor de Menores e Incapaces manifestó: "pensé que hallaría, según el diagnóstico, a una persona deteriorada, inmóvil, conectada a un respirador y a máquinas que controlaran su pulso y su ritmo cardíaco. Pero vi a una mujer con buen estado físico, despierta, respirando por sus propios medios". Recalcó que la mujer parpadeaba y hasta tosía, y que sólo tenía una sonda por donde la alimentaban e hidrataban. Tal descripción determinó la negativa judicial.
El Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) evaluó el estado de María del Carmen y se expidió con un informe. "Nos pareció que estaban dadas las condiciones para suspenderle la alimentación y la hidratación, y que el marido era la persona familiar y moralmente indicada para pedirlo", relató Carlos Gherardi, director asociado del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Comité de Bioética de la institución. El experto discute los fundamentos del fallo: "ninguna persona del Tribunal vio a la paciente; no infringieron ninguna norma procesal, pero no la vio nadie. Tampoco aceptaron los testimonios del marido, de los hijos, de los médicos y de los sacerdotes".
Se trata de un caso que llegó a la instancia judicial, lo cual habitualmente no sucede. Por el contrario, estas decisiones sobre el fin de la vida son habituales en cada servicio de terapia intensiva. "Hoy -asegura Gherardi- se puede prorrogar la muerte hasta límites insoportables, lo que nosotros llamamos encarnizamiento terapéutico. Cuando uno sabe que el problema es irreversible, hay que tratar de sacar al paciente de terapia intensiva, o de que no ingrese".
"El objetivo de la medicina no es evitar la muerte -subrayó en una jornada abierta de la UBA-, sino llevar a una muerte tranquila, cuando la medicina no tenga nada más por hacer. Los adelantos no curan a muchos más pacientes, y el aumento de 30 años en el promedio de vida se debe a que sólo se logró controlar comorbilidades que pueden sostenerse con los años".
"Una muerte cerebral está determinada por signos vitales. Es algo complejo; hay que ver cuáles son los límites de la tecnología. El gran problema se da cuando no hay unidad de criterios en las decisiones: si no hay acuerdo entre los médicos, se lleva al Comité de Etica. No se puede trasladar esa falta de decisión a los pacientes", dijo.
Lo ideal sería que el propio paciente fijara ese límite (testamento vital), pero esto sólo es factible en caso de enfermedad crónica terminal. En EE.UU. se ha visto que sólo en el 10% de los casos críticos es posible el testamento vital. En la mayoría, la decisión queda en manos del equipo médico, los comités de ética y los allegados del paciente.¿Cuánto influye la experiencia de los médicos a la hora de la evaluación? "Los médicos que ven al enfermo todos los días tienen de 10 a 30 años de experiencia; los residentes tienen menos, pero están en el trabajo diario del paciente", respondió Gherardi.
Con María del Carmen sucedió algo similar que con la estadounidense Terry Schiavo: los padres y hermanos -residentes en Rosario y sin contacto con la paciente, según Gherardi- se opusieron al retiro del soporte vital.
"Entiendo por familia a lo que indica la Ley de Transplantes -aclara-: primero el cónyuge; después los hijos, los padres y finalmente los parientes de segundo grado. Además, tiene que tener una condición especial: ser aquel que cuida a la persona". Claro que no todos los médicos ni los juristas coinciden con este criterio.
Soporte vital es cualquier método instrumental, farmacológico o mecánico, incluida el agua y la alimentación, capaz sustituir las funciones de los órganos: un riñón artificial, el respirador mecánico, marcapasos, masajes cardíacos, o vasopresores para mantener la presión arterial.
Gherardi afirma que la existencia del soporte vital pondría en cuestión la idea de "muerte natural", a la que hacen mención incluso los textos jurídicos. "No existe la muerte natural: el 70% de la gente se muere en un centro asistencial, y esto no es natural. Cuando se dice que la muerte se debe dar por obra de la naturaleza y sin ningún otro método o maniobra, se está desconociendo la medicina crítica", advirtió Gherardi.
Desde esta óptica, "muerte intervenida" será entonces la reflexión sobre qué hacer con el soporte vital en aquellos pacientes en los que no puede plantearse la posibilidad de que sobrevivan. La eutanasia, en cambio, tal como se la conocen países como Holanda, donde está legalizada, es administrar a un enfermo terminal con su consentimiento, una droga en dosis tóxica que le provoque la muerte sin sufrimiento.
"No podemos seguir empleando la misma palabra para todo, porque entonces podemos llegar a decir que quitar un respirador es matar a una persona", argumenta Gherardi. "Conclusiones de ese tipo, remata el experto en bioética, no sólo serían erróneas, sino que además serían ofensivas para quienes tenemos que salvar enfermos y podemos ser confundidos como aquellos que queremos matar".
Al pedírsele un informe, el asesor de Menores e Incapaces manifestó: "pensé que hallaría, según el diagnóstico, a una persona deteriorada, inmóvil, conectada a un respirador y a máquinas que controlaran su pulso y su ritmo cardíaco. Pero vi a una mujer con buen estado físico, despierta, respirando por sus propios medios". Recalcó que la mujer parpadeaba y hasta tosía, y que sólo tenía una sonda por donde la alimentaban e hidrataban. Tal descripción determinó la negativa judicial.
El Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) evaluó el estado de María del Carmen y se expidió con un informe. "Nos pareció que estaban dadas las condiciones para suspenderle la alimentación y la hidratación, y que el marido era la persona familiar y moralmente indicada para pedirlo", relató Carlos Gherardi, director asociado del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Comité de Bioética de la institución. El experto discute los fundamentos del fallo: "ninguna persona del Tribunal vio a la paciente; no infringieron ninguna norma procesal, pero no la vio nadie. Tampoco aceptaron los testimonios del marido, de los hijos, de los médicos y de los sacerdotes".
Se trata de un caso que llegó a la instancia judicial, lo cual habitualmente no sucede. Por el contrario, estas decisiones sobre el fin de la vida son habituales en cada servicio de terapia intensiva. "Hoy -asegura Gherardi- se puede prorrogar la muerte hasta límites insoportables, lo que nosotros llamamos encarnizamiento terapéutico. Cuando uno sabe que el problema es irreversible, hay que tratar de sacar al paciente de terapia intensiva, o de que no ingrese".
"El objetivo de la medicina no es evitar la muerte -subrayó en una jornada abierta de la UBA-, sino llevar a una muerte tranquila, cuando la medicina no tenga nada más por hacer. Los adelantos no curan a muchos más pacientes, y el aumento de 30 años en el promedio de vida se debe a que sólo se logró controlar comorbilidades que pueden sostenerse con los años".
"Una muerte cerebral está determinada por signos vitales. Es algo complejo; hay que ver cuáles son los límites de la tecnología. El gran problema se da cuando no hay unidad de criterios en las decisiones: si no hay acuerdo entre los médicos, se lleva al Comité de Etica. No se puede trasladar esa falta de decisión a los pacientes", dijo.
Lo ideal sería que el propio paciente fijara ese límite (testamento vital), pero esto sólo es factible en caso de enfermedad crónica terminal. En EE.UU. se ha visto que sólo en el 10% de los casos críticos es posible el testamento vital. En la mayoría, la decisión queda en manos del equipo médico, los comités de ética y los allegados del paciente.¿Cuánto influye la experiencia de los médicos a la hora de la evaluación? "Los médicos que ven al enfermo todos los días tienen de 10 a 30 años de experiencia; los residentes tienen menos, pero están en el trabajo diario del paciente", respondió Gherardi.
Con María del Carmen sucedió algo similar que con la estadounidense Terry Schiavo: los padres y hermanos -residentes en Rosario y sin contacto con la paciente, según Gherardi- se opusieron al retiro del soporte vital.
"Entiendo por familia a lo que indica la Ley de Transplantes -aclara-: primero el cónyuge; después los hijos, los padres y finalmente los parientes de segundo grado. Además, tiene que tener una condición especial: ser aquel que cuida a la persona". Claro que no todos los médicos ni los juristas coinciden con este criterio.
Soporte vital es cualquier método instrumental, farmacológico o mecánico, incluida el agua y la alimentación, capaz sustituir las funciones de los órganos: un riñón artificial, el respirador mecánico, marcapasos, masajes cardíacos, o vasopresores para mantener la presión arterial.
Gherardi afirma que la existencia del soporte vital pondría en cuestión la idea de "muerte natural", a la que hacen mención incluso los textos jurídicos. "No existe la muerte natural: el 70% de la gente se muere en un centro asistencial, y esto no es natural. Cuando se dice que la muerte se debe dar por obra de la naturaleza y sin ningún otro método o maniobra, se está desconociendo la medicina crítica", advirtió Gherardi.
Desde esta óptica, "muerte intervenida" será entonces la reflexión sobre qué hacer con el soporte vital en aquellos pacientes en los que no puede plantearse la posibilidad de que sobrevivan. La eutanasia, en cambio, tal como se la conocen países como Holanda, donde está legalizada, es administrar a un enfermo terminal con su consentimiento, una droga en dosis tóxica que le provoque la muerte sin sufrimiento.
"No podemos seguir empleando la misma palabra para todo, porque entonces podemos llegar a decir que quitar un respirador es matar a una persona", argumenta Gherardi. "Conclusiones de ese tipo, remata el experto en bioética, no sólo serían erróneas, sino que además serían ofensivas para quienes tenemos que salvar enfermos y podemos ser confundidos como aquellos que queremos matar".
Lo más popular







