El problema de la representación política en la Argentina

En cada recodo de la sucesión de crisis que pesa sobre nuestra circunstancia, el tema de la representación política reaparece como signo de un problema aún no resuelto enteramente. Desde luego las cosas han cambiado para bien desde hace un par de décadas. Durante los años oscuros del siglo XX, en que campearon en el país poderes ilegítimos, las malformaciones de la representación política hicieron las veces de excusa para justificar golpes de Estado o estrategias fundadas en la lucha armada. Ahora, en cambio, los conflictos y armonías que giran en torno de la representación política gozan, al menos, de la presunción de legitimidad -la única valiosa y posible- que depara la práctica continua del régimen democrático.
Sin embargo, el malestar persiste. Con respecto al disgusto popular que ha provocado nuestro sistema representativo, la Argentina se ubica en una posición más cercana a la de Bolivia, Perú y Ecuador que a la de Chile, Uruguay y Brasil. En estos últimos tres países -se ha dicho con acierto- los presidentes son "sustentables", retienen su posición de autoridad y no se desmoronan presos de movilizaciones desatadas por una crisis económica, lo que efectivamente ocurrió en la Argentina y en Bolivia. El grito que evoca una mezcla perversa de resentimiento y privación de justicia, envuelto en las palabras "¡Que se vayan todos!" es, pues, elocuente señal de una ciudadanía de medio hacer en cuya trama el poder que emana de los comicios democráticos disputa su título con el poder que pretende forjarse en la calle.
Estos fenómenos no son para nada novedosos en la tradición republicana que se ha desarrollado en el mundo y, por cierto, en la Argentina. Con mayores niveles de cuestionamiento en algunas naciones y menos en otras, es preciso reconocer, más allá de estas experiencias, que hay una compleja cuestión, teórica e histórica, ínsita en la noción misma de representación política. Vale la pena señalar al respecto que, en el plano teórico, el punto de partida de la representación política es la idea de derechos, vale decir una concepción empeñada en restringir el poder político y limitarlo con una red de derechos, inherentes a cada persona, que la autoridad pública no debe ni puede transgredir.
Esta visión de las cosas redescubrió el papel de la libertad y la razón en la política y, a la vez, advirtió en ella la presencia indestructible de las pasiones y ambiciones humanas. Para garantizar la vigencia de los derechos y amortiguar los efectos negativos de las pasiones era preciso dar cima a un buen diseño institucional basado tanto en la separación de los poderes de legislar, ejecutar y juzgar, como en el principio de la representación política. ¿Será preciso recordar de nuevo que estos criterios inspiraron en 1853 a nuestra Constitución histórica? Una de las más importantes lecciones que se derivan de esta propuesta es aquella que ubica el lugar de la deliberación y el consenso en el sistema representativo. Así pues, desde que la representación política tuvo acta de nacimiento -las primeras elaboraciones teóricas se deben, entre otros, a Thomas Paine, Edmund Burke, James Madison y Emmanuel Sieyès- la política pasó a ser una ciencia práctica empeñada en perfeccionar el arte de la mediación.
Esta modificación sustancial de la democracia tal cual, por ejemplo, había sido conocida en Atenas (de la participación del pueblo en la polis por medio del sorteo, se pasó al gobierno del pueblo por medio de representantes libremente elegidos durante períodos determinados por la Constitución o la ley) tuvo efectos trascendentes. Primero, porque la definición del pueblo -su tamaño y su condición histórica- implicaba también una definición de la libertad política y de la ciudadanía. Segundo, consecuencia directa de lo primero, porque la representación pretende ser un espejo de la ciudadanía y, asimismo, conforma un cuerpo diferente del pueblo elector. Este cuerpo no está ligado por ningún mandato particular, si bien el representante dice obrar siempre "en nombre del pueblo" durante el período en que ha sido elegido.
Las tensiones derivadas de este hallazgo de la teoría política recorrieron las dos últimas centurias. La representación política es un ideal y un artificio molesto. El ciudadano sueña con poseer el espejo más exacto de un sujeto ideal y a menudo lo despierta una doble realidad: la de su propia personalidad y la que reproduce frente a sus expectativas la existencia de un cuerpo ajeno y distante. De este modo queda planteado el gran problema de la rendición de cuentas. El representante depende del voto y sin embargo -como antaño ocurría en los estamentos aristocráticos de los regímenes monárquicos- no legisla obligado por un mandato particular. El representante obra libremente y, al mismo tiempo, es responsable de sus actos frente a los electores. El representante, en fin, ejerce control desde arriba, si forma parte de una mayoría electa, mientras es controlado en sentido horizontal por una red de instituciones derivadas de la separación de poderes.Esta fórmula de gobierno no sólo remite, por consiguiente, a las condiciones culturales y morales propias de unos representantes elegidos a través de la competencia partidaria, sino también al estado sociológico de la sociedad. John Adams, el presidente de los Estados Unidos que sucedió a George Washington, escribió que el régimen representativo "debería ser un retrato exacto, en miniatura, del pueblo en general, pues debería pensar, sentir, razonar y actuar como él". No debe extrañar entonces que tal retrato recoja también la realidad de nuestras sociedades heridas por desigualdades de todo tipo. La miniatura de marras es también expresión de ese modelo desfigurado por tantos contrastes.
La dialéctica que nos propone la representación política circula así por esa avenida de doble mano: de la sociedad a la instancia de las deliberaciones y decisiones políticas, y de estas al seno mismo de la sociedad de donde los representantes emanan. Por eso la representación política vive (y sobrevive) constantemente al ritmo de procesos de conservación y cambio. Los representantes pueden convertir en cristal frío el dinamismo social para que nada cambie, o bien pueden emprender un derrotero alternativo, fijando el rumbo y las garantías de una reforma.
El problema más agudo que plantea este conflicto abierto entre conservación y cambio podría tal vez condensarse en esta pregunta: ¿es acaso posible plasmar una ética reformista, como la que la sociedad argentina hoy requiere, por fuera del sistema representativo? La respuesta, va de suyo, debe ser rotunda: nada por encima del artículo primero de la Constitución nacional; todo lo posible bajo el amparo de esa venerable sentencia. Pero las desgraciadas dificultades que venimos soportando desde hace tantos años deberían servir de advertencia para no repetir fracasos ni cavar la fosa de una recurrente frustración.
La Argentina fue sacudida en muchas ocasiones por unos cambios sociales, demográficos y económicos que la situaron a la vanguardia del concierto latinoamericano de naciones. En estas marchas y contramarchas, salvo contadas excepciones, la falla de origen estuvo radicada en la manera como se concibió y practicó el régimen representativo. Aun en el curso de la mutación que transcurrió entre 1880 y 1912, los conflictos que sobrevinieron en la forma de alzamientos cívico-militares tuvieron por objeto combatir un sistema de gobiernos electores establecido en los órdenes nacional y provincial. Aunque moderna en su sociedad y cultura, la Argentina de aquella fragua no pudo suturar la brecha que existía entre una notable producción de bienes públicos (seguridad jurídica, educación, etcétera) y un régimen político poco permeable a una transparente competencia electoral.
Lo que es aún más grave, cuando se buscó con ahínco superar esa etapa mediante las reformas electorales del primer Centenario, la corta experiencia que siguió a tal proyecto se clausuró violentamente en 1930. Desde ese momento, la representación política estuvo sujeta a un arbitraje coactivo impuesto a toda la sociedad por encima de la Constitución nacional. En un marco semejante, sobrevino un segundo momento de movilización política -mucho más abarcador que el que había comenzado en 1912- que tuvo la característica de establecer el estado de bienestar escindiendo la vigencia de los derechos civiles y políticos. El proceso histórico, que en muchos países condujo por acumulación de experiencia a los derechos sociales, se llevó a cabo en la Argentina por exclusión. Se quebró así el ámbito de la representación política y ese vacío fue muy pronto invadido por un pretorianismo que concebía la política como guerra y lucha armada, y que a la postre concluyó engullendo toda la escala de derechos.
De algún modo -si se admiten las hipótesis contenidas en esta apretada síntesis- esta fue la herencia que recibió nuestra democracia inaugurada hace veinte años: una democracia en gran medida huérfana de un largo aprendizaje en el arte de la mediación política, con partidos en algunos casos endebles y, en otros, con la suficiente aptitud para construir hegemonías apoyadas en los recursos gubernamentales (y esto vale tanto para el gobierno nacional como para los gobiernos provinciales). Quizás sea esta una de las variables mejor pertrechadas para explicar por qué a los mecanismos propios de la democracia representativa hoy los confrontan mecanismos ocultos, comportamientos corruptos y un espurio y desmesurado clientelismo.
Estos factores, vistos en conjunto, denotan un estado de insuficiencia institucional: no todas las libertades se convierten entre nosotros en derechos y no todos los derechos tienen la posibilidad de ser defendidos por la ciudadanía gracias a la virtud de una Justicia independiente. De aquí podríamos concluir, en una primera aproximación, que con el Estado y la Justicia con que hoy cuenta la ciudadanía será difícil salir adelante. Difícil, pero no imposible. Uno de los peores errores que podríamos cometer consistiría en dejar de proteger "el hilo de seda" -como lo llamó Guglielmo Ferrero- de la legitimidad democrática; y ya sabemos, decía ese historiador, que cuando se rompe ese hilo delgado lo suplanta la opresión de "las cadenas de hierro".
Los argentinos no queremos ni deseamos tal cosa, pero para ascender desde el fondo de estas crisis sucesivas es preciso entender, sobre todo, cuál es el resorte que las provoca. El problema, creo yo, está en la mediación y en sus efectos: en las carencias de esa inteligente combinación entre virtud e interés según la cual la ciudadanía aprende a representarse y se siente representada; en la debilidad de esa dosis de confianza, en suma, que hace y rehace los nervios de comunicación entre gobernantes y gobernados.
Para rehacer ese tejido es preciso recuperar el apetito por el largo plazo. La representación política no se reforma de un día para otro. Requiere tiempo, paciencia y tenacidad para consolidar una forma de gobierno -la democracia- que todos, sin mayores fisuras, seguimos considerando como la mejor de cuantas hemos practicado. Si ello es así -y no dudo de que así lo sea- sólo una puesta al día de nuestra representación política, a través de viejos y de nuevos partidos, podrá llevar a cabo esos propósitos. (c) LA GACETA