Héctor Eduardo Area Maidana está sentado sobre un volcán en erupción. De la habilidad que tenga el presidente de la Corte para manejar el Poder Judicial depende que la lava no se derrame por las majestuosas escalinatas de Tribunales y termine colándose por los intersticios de los distintos juzgados.
Como en aquellas vetustas ollas a presión, el silbido se ha transformado en un estrépito que, hace meses, anunciaba que la Justicia podía partirse en dos. Ahora se destapó la olla.
La semana comenzó con agraviantes declaraciones televisivas del director de Comercio y de Transporte de la Provincia Enrique Romero quien, haciendo gala de nula sutileza poética llegó a decir por televisión que el fiscal Esteban Jerez era un "eyaculador precoz" por la forma como manejaba las causas.
La violencia de las palabras sacó de las casillas al fiscal anticorrupción que investiga a Romero en su Fiscalía y redobló -aunque con más altura- la apuesta. Ante una maraña de micrófonos dijo que él recibió presiones de la Corte Suprema de Justicia y recordó vinculaciones de algunos miembros del supremo tribunal con Romero o con otros sectores políticos vinculados al Poder Ejecutivo de la provincia.
No dio nombres, pero el dato, por más chiquito que sea, fue interpretado. No es una sorpresa que Carlos Alfredo Dato fue intérprete e interlocutor de algunos miembros del Ejecutivo, y algunas reuniones con el propio gobernador Julio Miranda lo confirman. El vocal de la Corte, además, es un hombre -su pasado lo confirma- de un alto perfil político y de un importante vínculo con el peronismo desde antaño. Antonio Gandur, único miembro de la actual Corte, propuesto precisamente por el gobierno de Miranda, tampoco puede negar afinidades con algunos dirigentes peronistas.
La Corte reaccionó como debía. Al sentir que todo se desmadraba decidió poner orden en el Palacio y castigó a Jerez con un apercibimiento. Sin embargo no le pidió nombres al fiscal ni ahondó la investigación, ora por prudencia, ora por temor, pero habría dejado la sensación de que se evitó esa instancia.
El chas chás para el fiscal anticorrupción fue recibido con beneplácito en varios despachos de la Casa de Gobierno. Al secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo, se le escaparon algunas palabras que confirmaron aquel sentir y terminó él recibiendo la paliza. El propio gobernador Miranda lo retó duramente por haber dicho que en el Gobierno "se esperaba una sanción más dura".
La reprimenda se explica porque Miranda, después del papelón que hizo cuando motorizó la creación de nuevas fiscalías para diluir el poder de Jerez, decidió distanciarse un tanto de los otros poderes y dejar que cada uno resolviera sus problemas. A quien ahora podrían llamarle "Juri Debo Hablar Menos" dejó traslucir, no obstante, otra actitud del Ejecutivo. Tanto es así que el juez Víctor Manuel Pérez puede llegar a tener una presentación en su contra en los próximos días.
En las altas esferas se estaría analizando que algún dirigente o amigo le inicie un juicio político al magistrado que investiga al gobernador por las presuntas coimas que se habrían pagado para que se apruebe la reforma de la Constitución. Algunos abogados se habrían acercado hasta el despacho de Pérez para conocer lo que se está investigando y se le habría denegado el acceso al expediente. Algunos montaron en cólera y empezó a pergeñarse la posibilidad de hacer una presentación en la comisión de Juicio Político de la Cámara.
En el proceso, Pérez estaría investigando las propiedades y otros movimientos de fondos del mandatario. Entre los papeles tendría incluso un informe inmobiliario que certificaría que el departamento en el que vive actualmente estaría a nombre del senador José Alperovich, quien se lo habría comprado a la "Cia.Makinenn", radicada en la República Oriental del Uruguay.
Balanza y espada
Mientras en el Ejecutivo consultan a los distintos asesores "Pirincho" con la ilusión de adivinar el futuro, la Justicia parece haber sufrido un corte. Los magistrados Pedro Roldán Vázquez, Alicia Noli, Carlos Norry, Miguel Iácono, Emilio Herrera Molina, María Poliche de Sobrecasas y Gladys Ríos y la fiscal María Elisa Molina salieron en apoyo del fiscal Jerez, pero a la vez pegaron un grito en defensa de la independencia de la Justicia. Por ello le pidieron a la Corte Suprema que se dilucide la verdad. Concretamente, solicitaron que se precise si hubo obstrucciones a las investigaciones del fiscal anticorrupción y que se determine quiénes son los operadores capaces de entorpecer o de desviar la balanza de la Justicia.
El Poder Judicial corre el riesgo del desprestigio, pero también asume la posibilidad de desandar los caminos de la verdad que reclama una sociedad atormentada y estragada por los errores y por las inconductas de sus principales actores.
Sería muy peligroso para toda la sociedad el armado de bloques jerecistas y antijerecistas, tanto adentro como afuera de los Tribunales. Lo importante será que la Justicia se saque la venda para ver la injusticia y la mentira, y pueda blandir la espada para combatir la corrupción y a los operadores que sólo pretenden esconderse bajo la toga o para tener "palenque ande ir a rascarse". Los próximos pasos pueden ser decisivos para el sano ejercicio de los poderes y la independencia del Poder Judicial.
Jerez, a diario, recibe el apoyo de vastos sectores agradecidos por poner luz en la oscuridad de la corrupción, pero no es el adalid de la Justicia. Las agresiones de las que ha sido objeto por husmear en cuestiones irregulares han hecho que su figura crezca a niveles que ni él mismo lo hubiera imaginado. Lentamente, se ha ido convirtiendo en un referente y hasta podría terminar siendo candidato político, tal cual lo auguró hace un año el ex ministro Antonio Guerrero. El fiscal jura y perjura que no se moverá de la Fiscalía, pero las presiones internas y externas podrían terminar acorralándolo. No faltan los que piensan que ascendiéndolo podrían hacerlo a un lado. También están los políticos que sienten que poniéndosele a su lado podrían sacar rédito a la hora de los comicios. Sorprende que no se proponga que el fiscal, como cualquier trabajador, debe cumplir sus funciones, sin presiones y en libertad. Si esto no ocurre, tampoco se puede descartar que otros sectores de la sociedad terminen convocándolo ante la falta de líderes.
Donde manda capitán...
Quien también quisiera tener mayor libertad para actuar es el vicegobernador Sisto Benjamín Terán Nougués, quien esta semana tenía las valijas hechas para viajar a La Rioja para el lanzamiento de la candidatura de su líder, Carlos Menem, y tuvo que quedarse en la provincia. El propio gobernador le pidió a su coequiper que desarmara las maletas. Terán teme quedarse sin su candidatura a diputado nacional si es que sigue navegando en las aguas mirandistas.
Por ahora, la dupla Olijela del Valle Rivas y Julio Miranda tiene un pie en cada lado. El gobernador le dijo al presidente Eduardo Duhalde que apoyará a quien él le señale, pero al mismo tiempo su compañera diputada apuesta sus fichas al ex presidente riojano.
Algo parecido está haciendo Alperovich, quien se muestra como un hombre más de la orquesta duhaldista, pero estaría dispuesto a aceptar al confeso menemista Roque Alvarez como candidato a vice de su fórmula.
Para seguir sembrando confusión, el viernes por la noche los viales distribuyeron 2.000 sillas en el club Banco Provincia y sugirieron la posibilidad de que Julio Miranda avance con la mal parida reforma de la Constitución. El mandatario dijo ni, "porque está preocupado en seguir gobernando y no le importan las internas". La confusión que ocasionan estos triples mensajes que salen desde el poder no hacen más que sumar desconcierto en una sociedad que espera más claridad desde sus principales dirigentes.
El viernes, para despedir la semana, la Corte de Justicia alertó sobre los problemas de seguridad de la provincia. En el Ejecutivo no cayó nada bien el planteo y sintieron que el máximo tribunal no debió haberse inmiscuido en el tema. Al mismo tiempo, no faltó el asesor que sugirió que no sería descabellado indultar al ex convicto, Mario "Malevo" Ferreyra y ofrecerle algún cargo entre los azules. Tampoco se cayó la idea de intervenir el municipio de capital.
Como en aquellas vetustas ollas a presión, el silbido se ha transformado en un estrépito que, hace meses, anunciaba que la Justicia podía partirse en dos. Ahora se destapó la olla.
La semana comenzó con agraviantes declaraciones televisivas del director de Comercio y de Transporte de la Provincia Enrique Romero quien, haciendo gala de nula sutileza poética llegó a decir por televisión que el fiscal Esteban Jerez era un "eyaculador precoz" por la forma como manejaba las causas.
La violencia de las palabras sacó de las casillas al fiscal anticorrupción que investiga a Romero en su Fiscalía y redobló -aunque con más altura- la apuesta. Ante una maraña de micrófonos dijo que él recibió presiones de la Corte Suprema de Justicia y recordó vinculaciones de algunos miembros del supremo tribunal con Romero o con otros sectores políticos vinculados al Poder Ejecutivo de la provincia.
No dio nombres, pero el dato, por más chiquito que sea, fue interpretado. No es una sorpresa que Carlos Alfredo Dato fue intérprete e interlocutor de algunos miembros del Ejecutivo, y algunas reuniones con el propio gobernador Julio Miranda lo confirman. El vocal de la Corte, además, es un hombre -su pasado lo confirma- de un alto perfil político y de un importante vínculo con el peronismo desde antaño. Antonio Gandur, único miembro de la actual Corte, propuesto precisamente por el gobierno de Miranda, tampoco puede negar afinidades con algunos dirigentes peronistas.
La Corte reaccionó como debía. Al sentir que todo se desmadraba decidió poner orden en el Palacio y castigó a Jerez con un apercibimiento. Sin embargo no le pidió nombres al fiscal ni ahondó la investigación, ora por prudencia, ora por temor, pero habría dejado la sensación de que se evitó esa instancia.
El chas chás para el fiscal anticorrupción fue recibido con beneplácito en varios despachos de la Casa de Gobierno. Al secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo, se le escaparon algunas palabras que confirmaron aquel sentir y terminó él recibiendo la paliza. El propio gobernador Miranda lo retó duramente por haber dicho que en el Gobierno "se esperaba una sanción más dura".
La reprimenda se explica porque Miranda, después del papelón que hizo cuando motorizó la creación de nuevas fiscalías para diluir el poder de Jerez, decidió distanciarse un tanto de los otros poderes y dejar que cada uno resolviera sus problemas. A quien ahora podrían llamarle "Juri Debo Hablar Menos" dejó traslucir, no obstante, otra actitud del Ejecutivo. Tanto es así que el juez Víctor Manuel Pérez puede llegar a tener una presentación en su contra en los próximos días.
En las altas esferas se estaría analizando que algún dirigente o amigo le inicie un juicio político al magistrado que investiga al gobernador por las presuntas coimas que se habrían pagado para que se apruebe la reforma de la Constitución. Algunos abogados se habrían acercado hasta el despacho de Pérez para conocer lo que se está investigando y se le habría denegado el acceso al expediente. Algunos montaron en cólera y empezó a pergeñarse la posibilidad de hacer una presentación en la comisión de Juicio Político de la Cámara.
En el proceso, Pérez estaría investigando las propiedades y otros movimientos de fondos del mandatario. Entre los papeles tendría incluso un informe inmobiliario que certificaría que el departamento en el que vive actualmente estaría a nombre del senador José Alperovich, quien se lo habría comprado a la "Cia.Makinenn", radicada en la República Oriental del Uruguay.
Balanza y espada
Mientras en el Ejecutivo consultan a los distintos asesores "Pirincho" con la ilusión de adivinar el futuro, la Justicia parece haber sufrido un corte. Los magistrados Pedro Roldán Vázquez, Alicia Noli, Carlos Norry, Miguel Iácono, Emilio Herrera Molina, María Poliche de Sobrecasas y Gladys Ríos y la fiscal María Elisa Molina salieron en apoyo del fiscal Jerez, pero a la vez pegaron un grito en defensa de la independencia de la Justicia. Por ello le pidieron a la Corte Suprema que se dilucide la verdad. Concretamente, solicitaron que se precise si hubo obstrucciones a las investigaciones del fiscal anticorrupción y que se determine quiénes son los operadores capaces de entorpecer o de desviar la balanza de la Justicia.
El Poder Judicial corre el riesgo del desprestigio, pero también asume la posibilidad de desandar los caminos de la verdad que reclama una sociedad atormentada y estragada por los errores y por las inconductas de sus principales actores.
Sería muy peligroso para toda la sociedad el armado de bloques jerecistas y antijerecistas, tanto adentro como afuera de los Tribunales. Lo importante será que la Justicia se saque la venda para ver la injusticia y la mentira, y pueda blandir la espada para combatir la corrupción y a los operadores que sólo pretenden esconderse bajo la toga o para tener "palenque ande ir a rascarse". Los próximos pasos pueden ser decisivos para el sano ejercicio de los poderes y la independencia del Poder Judicial.
Jerez, a diario, recibe el apoyo de vastos sectores agradecidos por poner luz en la oscuridad de la corrupción, pero no es el adalid de la Justicia. Las agresiones de las que ha sido objeto por husmear en cuestiones irregulares han hecho que su figura crezca a niveles que ni él mismo lo hubiera imaginado. Lentamente, se ha ido convirtiendo en un referente y hasta podría terminar siendo candidato político, tal cual lo auguró hace un año el ex ministro Antonio Guerrero. El fiscal jura y perjura que no se moverá de la Fiscalía, pero las presiones internas y externas podrían terminar acorralándolo. No faltan los que piensan que ascendiéndolo podrían hacerlo a un lado. También están los políticos que sienten que poniéndosele a su lado podrían sacar rédito a la hora de los comicios. Sorprende que no se proponga que el fiscal, como cualquier trabajador, debe cumplir sus funciones, sin presiones y en libertad. Si esto no ocurre, tampoco se puede descartar que otros sectores de la sociedad terminen convocándolo ante la falta de líderes.
Donde manda capitán...
Quien también quisiera tener mayor libertad para actuar es el vicegobernador Sisto Benjamín Terán Nougués, quien esta semana tenía las valijas hechas para viajar a La Rioja para el lanzamiento de la candidatura de su líder, Carlos Menem, y tuvo que quedarse en la provincia. El propio gobernador le pidió a su coequiper que desarmara las maletas. Terán teme quedarse sin su candidatura a diputado nacional si es que sigue navegando en las aguas mirandistas.
Por ahora, la dupla Olijela del Valle Rivas y Julio Miranda tiene un pie en cada lado. El gobernador le dijo al presidente Eduardo Duhalde que apoyará a quien él le señale, pero al mismo tiempo su compañera diputada apuesta sus fichas al ex presidente riojano.
Algo parecido está haciendo Alperovich, quien se muestra como un hombre más de la orquesta duhaldista, pero estaría dispuesto a aceptar al confeso menemista Roque Alvarez como candidato a vice de su fórmula.
Para seguir sembrando confusión, el viernes por la noche los viales distribuyeron 2.000 sillas en el club Banco Provincia y sugirieron la posibilidad de que Julio Miranda avance con la mal parida reforma de la Constitución. El mandatario dijo ni, "porque está preocupado en seguir gobernando y no le importan las internas". La confusión que ocasionan estos triples mensajes que salen desde el poder no hacen más que sumar desconcierto en una sociedad que espera más claridad desde sus principales dirigentes.
El viernes, para despedir la semana, la Corte de Justicia alertó sobre los problemas de seguridad de la provincia. En el Ejecutivo no cayó nada bien el planteo y sintieron que el máximo tribunal no debió haberse inmiscuido en el tema. Al mismo tiempo, no faltó el asesor que sugirió que no sería descabellado indultar al ex convicto, Mario "Malevo" Ferreyra y ofrecerle algún cargo entre los azules. Tampoco se cayó la idea de intervenir el municipio de capital.
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