Rechazo judicial al reclamo de los usuarios

La Justicia convalidó la audiencia pública convocada por el Epret. La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó los reclamos de los usuarios. El titular del ente regulador se mostró satisfecho por la medida.

ULTIMA PALABRA. Pese a los incidentes, se convalidó la audiencia.
ULTIMA PALABRA. Pese a los incidentes, se convalidó la audiencia.
Por Redacción Política 20 Octubre 2002
La Justicia eliminó virtualmente el último impedimento que había para dejar en firme el reajuste de la tarifa de la luz en Tucumán. Sorpresivamente, ayer la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió no hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el defensor del Pueblo, la Federación Económica de Tucumán y el legislador Gumersindo Parajón (Pueblo Unido) que solicitaban que se anule la audiencia pública convocada por el Epret el pasado 25 de setiembre y se llame a una nueva.
De este modo, el aumento del 8,1% dispuesto por el Ente Regulador de Energía a partir del 1 de octubre quedó prácticamente firme para los 330.000 usuarios.
Sin embargo, los demandantes aún cuentan con la vía de la Corte Suprema de Justicia como último recurso para lograr su objetivo.
La decisión que se conoció ayer pasado el mediodía sorprendió a más de uno. En la sede de la Federación Económica de Tucumán cayó como un balde de agua fría. Sus principales dirigentes prefirieron no opinar sobre el fallo hasta que el comité ejecutivo analice la resolución y evalúe los pasos a seguir.

La falta de pruebas
Los miembros del Tribunal compuesto por los jueces Salvador Ruiz y Horacio Castellanos entendieron que la audiencia fue válida porque los demandantes "no ofrecieron prueba alguna demostrativa de la que se vio privada de presentar en la audiencia".
Los magistrados resaltaron que en la causa no se observaron arbitrariedad ni ilegalidad de la audiencia pública. Tampoco se advirtió conculcación alguna a derechos y garantías constitucionales. Por ello, "ante la falta total de prueba en contrario que debieron aportar los demandantes y la no demostración del concreto perjuicio, ya que no acreditan los elementos probatorios de los se vieron privados de acompañar en el acto público, cabe rechazar la acción de amparo", dijeron en los considerandos del fallo.
El ombusdman, la FET, organizaciones de usuarios y Parajón pidieron que se declare nula la asamblea del 25 de setiembre ya que no se permitió el libre ingreso a numerosos ciudadanos que se acercaron a los salones del Hipódromo para presenciar la audiencia donde se debatía la variación tarifaria estacional de energía eléctrica para la provincia, a partir de mayo.
La audiencia se desarrolló en medio de algunos incidentes al comienzo del debate, que provocaron el retiro de los usuarios, del defensor del Pueblo, Eduardo Rojas y de Parajón. El Epret se defendió argumentando que siempre se ajustó a derecho y dentro de las normas que reglamentan el procedimiento de audiencias públicas. Y la Justicia, esta vez, le dio la razón.

Cuestionan a una escribana


Los demandantes habían requerido la presencia de una escribana en el salón del Hipódromo para justificar su retiro. Sin embargo, el Tribunal advirtió que la profesional no dio intervención a las autoridades del Epret ni requirió del público o de las organizaciones para que hagan constar que a ella no le permitieron el ingreso. "Una prueba unilateral, sin el debido control de las partes, atenta contra el derecho de defensa en juicio", expresa el fallo de los jueces Ruiz y Castellanos.

El pago del gasto del juicio


La Cámara en lo Contencioso Administrativo también resolvió en el fallo, al que tuvo acceso LA GACETA, el tema de las costas. Siguiendo con el principio objetivo de la derrota y lo dispuesto por el Código Procesal Civil, se impone que los gastos del juicio estén a cargo de los demandantes: la Defensoría del Pueblo, la Fet y el legislador Gumersindo Parajón.

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