16 Noviembre 2003 Seguir en 
Si toda la crisis argentina se redujera a un problema puramente económico podríamos afirmar que nos sentiríamos relativamente tranquilos. Pero en los últimos tiempos hemos venido observando que, junto a la devaluación monetaria, se está produciendo una profunda devaluación cultural por la que conceptos que hasta hace bien poco formaban parte indiscutida del legado más caro de nuestra milenaria civilización, valen hoy menos que el peso; y que el default en lo económico ha sido acompañado por un default de las ideas, de manera que lejos de las claras y distintas que propuso Descartes como punto de partida para reconstruir los criterios de certeza, se acude a sofismas de la más variada especie en el afán de intentar justificar lo que, a la luz de esa tradición cultural, es francamente indefendible. Y nos preocupa porque el mundo civilizado, del que ha de depender en buena medida que el país salga de esta crisis, va a evaluar no tanto los fríos indicadores económicos, como la capacidad de dar respuestas inteligentes y a la altura de esos valores que componen nuestra herencia más entrañable. Por eso nos preguntamos por qué motivos no se elevan más voces críticas, por qué hay tanto silencio en torno de esta seudocultura que se quiere imponer como verdad y que, no menos que la que caracterizó a décadas pasadas, es en realidad una auténtica anticultura.
Un claro ejemplo de este preocupante fenómeno podemos encontrarlo en los motivos con que se pretende justificar la monstruosa e indiscriminada quita de un 75% sobre el valor nominal para el pago de la llamada deuda externa a los tenedores de bonos argentinos cuando, simultáneamente, se ha dispuesto pagar sin quita a organismos multilaterales que tuvieron su buena cuota de responsabilidad en la gestión y en el desenlace de la crisis argentina. Lejos de una crítica constructiva dirigida a prestar colaboración con la difícil tarea que tiene entre manos el gobierno, de todo se ha intentado hacer para defender esta posición, pues se ha querido acusar de usureros a los tenedores de bonos nacionales, y se ha pretextado invocar el auxilio supremo del valor justicia.
Pues bien, fuera de que la acusación sería gratuita e incluso injuriosa aplicada a todos aquellos tenedores de bonos que los recibieron en forma compulsiva (v.g.: en pago de indemnizaciones, o como ocurrió en el caso de las AFJP y FCI), o que no intervinieron en su compra directa (v.g.: cuotapartista de Fondos Comunes de Inversión), esa forma de razonar encierra un grueso error conceptual y un claro sofisma argumental.
En efecto, si hoy una persona nos prestara $ 100 para que le devolviéramos $ 120 mañana, amparándonos en el carácter usurario del negocio podríamos quizás negarnos a pagarle la ganancia de $ 20, pero no podríamos rehusarnos a restituirle los $ 100 que efectivamente nos prestó; mientras lo apuntáramos farisaicamente con el dedo índice tildándolo de usurero, no podríamos pretender devolverle nada más que $ 25, porque aquel tendría todo el derecho del mundo a retrucarnos: ¡no proclaméis una ética que no practicáis, ni pretendáis en nombre de la Justicia despojarme de los $ 100 que efectivamente os había prestado, pues yo seré todo lo usurero que queráis, pero vosotros váis camino a transformarnos en ladrones! Pedimos excusas por la crudeza del lenguaje, empleada con fines argumentales y para despertar las conciencias jurídicas de nuestras autoridades; para que se reflexione sobre los errados rumbos que se van insinuando en la materia. Porque en la crudeza del ejemplo se nos presenta descarnada la devaluación cultural a la que venimos haciendo alusión, que todavía se torna más patente a poco que se reflexiona que, absurdamente, en todo esto se ha pretendido invocar a la justicia. Nada más alejado de nuestra herencia cultural. Porque la justicia, desde los ya lejanos tiempos de Ulpiano, ha sido definida como "la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo"; tal es la sencilla fórmula con que dan comienzo las Institutas del Emperador Justiniano, ya contenida en el Digesto, y que proporcionó materia a tantos tratados escritos sobre el tema. Lo suyo de cada cual no es una entidad abstracta, sino la cosa concreta que a cada uno le pertenece; y que, en el caso de devolución de un préstamo, es exactamente el equivalente, o lo igual, a lo antes prestado. Por lo tanto, invocar la justicia para negarse a restituir menos que lo efectivamente prestado es un disparate, cuando no el más cruel de los sarcasmos.Sarcasmo que no solamente no justificaría que a quien recibiera ese bono al 100% de su valor nominal en pago de una indemnización -o a quien libremente lo adquiriera al 95%- se le devolviera solamente el 25%, sino que tampoco serviría para explicar por qué motivo a quien lo adquirió ya defaulteado, tan sólo al 15% del valor nominal, se le habría de reconocer el 25%, para terminar entonces premiando el cálculo "usurario" de quien así obró. Y que tampoco bastaría para justificar por qué misteriosas razones organismos tales como el FMI y el Banco Mundial, que fueron corresponsables de este desastre sin precedentes, y que auspiciaron a los cuatro vientos el pretendido "boom" argentino -mientras desviaban pudorosamente su mirada, negándose a "ver" el cierre de fábricas y la caída de indicadores económicos- serán acreedores privilegiados que habrán de recibir en premio el 100% de su inversión, pera castigar únicamente a los afiliados de las AFJP y a pequeños ahorristas de distintas nacionalidades, cándidas presas de esa nefasta propaganda, que confiaron ingenuamente en el prestigio de la Argentina y en los consejos de quienes se proclamaban expertos en materia financiera. Por ello, una renegociación de la deuda externa que realmente pretendiera ampararse en el valor justicia, tendría forzosamente que partir del reconocimiento del capital realmente invertido por cada tenedor de bonos. Solamente así se cumpliría con el postulado de dar a cada uno exactamente lo suyo que, en este caso, sería por lo menos igual al precio efectivamente desembolsado por cada tenedor en la operación de compra de títulos. Y simultáneamente, se estaría dando una clara lección a futuro a quienes hubieran pretendido alcanzar ganancias desproporcionadas, cuando comprobaran que no habrían de obtener sino la misma suma invertida, con más un módico interés. En suma, aplicando estos criterios nadie resultaría perjudicado -salvo en la pérdida de la chance consistente en la especial ganancia que cada inversor hubiera esperado obtener- pero tampoco nadie resultaría exageradamente beneficiado.
No se diga que esta es una propuesta impracticable; por el contrario, al cotizar esos bonos en un mercado secundario transparente en el que quedan registradas todas las operaciones, esta es una propuesta perfectamente realizable, pues es posible saber a qué precio adquirió sus títulos cada tenedor. Y, por lo tanto, es también factible reconocerle a cada cual lo suyo, esto es el capital que exacta y efectivamente haya invertido en la operación de compra, y canjearle sus títulos originarios por otros representativos de este último valor.
Es cierto que se ha echado mano de otro argumento para pretender justificar la postura anunciada: la capacidad de pago del país. Pero la capacidad de pago podrá servir para justificar esperas y alargamiento de plazos. E incluso, previo acuerdo con los acreedores, quitas moderadas sobre el capital; pero quitas que, llegado ese extremo, debieran alcanzar también a los organismos multilaterales de crédito y que, una vez más, tendrían siempre que ser calculadas partiendo del capital efectivamente invertido por cada tenedor.
Más nunca como hasta hoy se está pretendiendo, de quitas indiscriminadamente aplicadas por igual a quienes -por haber adquirido sus títulos a distintos valores- no se encuentran en igualdad de condiciones, porque de esa forma se terminaría premiando a quien lo adquirió defaulteado al 15%, y castigando a quien lo recibió al 80%, 90% e incluso al 100% de su valor. Lo que, en el lenguaje que vienen utilizando nuestros sofistas criollos defensores de la postura anunciada, equivaldría a decir: premiando al más "usurero", y castigando al menos "usurero", o a quien directamente no cabría siquiera calificar de "usurero".
Porque la justicia, y esto también es una verdad que hasta no hace mucho tiempo formaba parte de nuestra milenaria herencia cultural, exige tratar como iguales solamente a quienes se encuentran en igualdad de situaciones. (c) LA GACETA
Un claro ejemplo de este preocupante fenómeno podemos encontrarlo en los motivos con que se pretende justificar la monstruosa e indiscriminada quita de un 75% sobre el valor nominal para el pago de la llamada deuda externa a los tenedores de bonos argentinos cuando, simultáneamente, se ha dispuesto pagar sin quita a organismos multilaterales que tuvieron su buena cuota de responsabilidad en la gestión y en el desenlace de la crisis argentina. Lejos de una crítica constructiva dirigida a prestar colaboración con la difícil tarea que tiene entre manos el gobierno, de todo se ha intentado hacer para defender esta posición, pues se ha querido acusar de usureros a los tenedores de bonos nacionales, y se ha pretextado invocar el auxilio supremo del valor justicia.
Pues bien, fuera de que la acusación sería gratuita e incluso injuriosa aplicada a todos aquellos tenedores de bonos que los recibieron en forma compulsiva (v.g.: en pago de indemnizaciones, o como ocurrió en el caso de las AFJP y FCI), o que no intervinieron en su compra directa (v.g.: cuotapartista de Fondos Comunes de Inversión), esa forma de razonar encierra un grueso error conceptual y un claro sofisma argumental.
En efecto, si hoy una persona nos prestara $ 100 para que le devolviéramos $ 120 mañana, amparándonos en el carácter usurario del negocio podríamos quizás negarnos a pagarle la ganancia de $ 20, pero no podríamos rehusarnos a restituirle los $ 100 que efectivamente nos prestó; mientras lo apuntáramos farisaicamente con el dedo índice tildándolo de usurero, no podríamos pretender devolverle nada más que $ 25, porque aquel tendría todo el derecho del mundo a retrucarnos: ¡no proclaméis una ética que no practicáis, ni pretendáis en nombre de la Justicia despojarme de los $ 100 que efectivamente os había prestado, pues yo seré todo lo usurero que queráis, pero vosotros váis camino a transformarnos en ladrones! Pedimos excusas por la crudeza del lenguaje, empleada con fines argumentales y para despertar las conciencias jurídicas de nuestras autoridades; para que se reflexione sobre los errados rumbos que se van insinuando en la materia. Porque en la crudeza del ejemplo se nos presenta descarnada la devaluación cultural a la que venimos haciendo alusión, que todavía se torna más patente a poco que se reflexiona que, absurdamente, en todo esto se ha pretendido invocar a la justicia. Nada más alejado de nuestra herencia cultural. Porque la justicia, desde los ya lejanos tiempos de Ulpiano, ha sido definida como "la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo"; tal es la sencilla fórmula con que dan comienzo las Institutas del Emperador Justiniano, ya contenida en el Digesto, y que proporcionó materia a tantos tratados escritos sobre el tema. Lo suyo de cada cual no es una entidad abstracta, sino la cosa concreta que a cada uno le pertenece; y que, en el caso de devolución de un préstamo, es exactamente el equivalente, o lo igual, a lo antes prestado. Por lo tanto, invocar la justicia para negarse a restituir menos que lo efectivamente prestado es un disparate, cuando no el más cruel de los sarcasmos.Sarcasmo que no solamente no justificaría que a quien recibiera ese bono al 100% de su valor nominal en pago de una indemnización -o a quien libremente lo adquiriera al 95%- se le devolviera solamente el 25%, sino que tampoco serviría para explicar por qué motivo a quien lo adquirió ya defaulteado, tan sólo al 15% del valor nominal, se le habría de reconocer el 25%, para terminar entonces premiando el cálculo "usurario" de quien así obró. Y que tampoco bastaría para justificar por qué misteriosas razones organismos tales como el FMI y el Banco Mundial, que fueron corresponsables de este desastre sin precedentes, y que auspiciaron a los cuatro vientos el pretendido "boom" argentino -mientras desviaban pudorosamente su mirada, negándose a "ver" el cierre de fábricas y la caída de indicadores económicos- serán acreedores privilegiados que habrán de recibir en premio el 100% de su inversión, pera castigar únicamente a los afiliados de las AFJP y a pequeños ahorristas de distintas nacionalidades, cándidas presas de esa nefasta propaganda, que confiaron ingenuamente en el prestigio de la Argentina y en los consejos de quienes se proclamaban expertos en materia financiera. Por ello, una renegociación de la deuda externa que realmente pretendiera ampararse en el valor justicia, tendría forzosamente que partir del reconocimiento del capital realmente invertido por cada tenedor de bonos. Solamente así se cumpliría con el postulado de dar a cada uno exactamente lo suyo que, en este caso, sería por lo menos igual al precio efectivamente desembolsado por cada tenedor en la operación de compra de títulos. Y simultáneamente, se estaría dando una clara lección a futuro a quienes hubieran pretendido alcanzar ganancias desproporcionadas, cuando comprobaran que no habrían de obtener sino la misma suma invertida, con más un módico interés. En suma, aplicando estos criterios nadie resultaría perjudicado -salvo en la pérdida de la chance consistente en la especial ganancia que cada inversor hubiera esperado obtener- pero tampoco nadie resultaría exageradamente beneficiado.
No se diga que esta es una propuesta impracticable; por el contrario, al cotizar esos bonos en un mercado secundario transparente en el que quedan registradas todas las operaciones, esta es una propuesta perfectamente realizable, pues es posible saber a qué precio adquirió sus títulos cada tenedor. Y, por lo tanto, es también factible reconocerle a cada cual lo suyo, esto es el capital que exacta y efectivamente haya invertido en la operación de compra, y canjearle sus títulos originarios por otros representativos de este último valor.
Es cierto que se ha echado mano de otro argumento para pretender justificar la postura anunciada: la capacidad de pago del país. Pero la capacidad de pago podrá servir para justificar esperas y alargamiento de plazos. E incluso, previo acuerdo con los acreedores, quitas moderadas sobre el capital; pero quitas que, llegado ese extremo, debieran alcanzar también a los organismos multilaterales de crédito y que, una vez más, tendrían siempre que ser calculadas partiendo del capital efectivamente invertido por cada tenedor.
Más nunca como hasta hoy se está pretendiendo, de quitas indiscriminadamente aplicadas por igual a quienes -por haber adquirido sus títulos a distintos valores- no se encuentran en igualdad de condiciones, porque de esa forma se terminaría premiando a quien lo adquirió defaulteado al 15%, y castigando a quien lo recibió al 80%, 90% e incluso al 100% de su valor. Lo que, en el lenguaje que vienen utilizando nuestros sofistas criollos defensores de la postura anunciada, equivaldría a decir: premiando al más "usurero", y castigando al menos "usurero", o a quien directamente no cabría siquiera calificar de "usurero".
Porque la justicia, y esto también es una verdad que hasta no hace mucho tiempo formaba parte de nuestra milenaria herencia cultural, exige tratar como iguales solamente a quienes se encuentran en igualdad de situaciones. (c) LA GACETA
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