Algunos asesores pusieron ayer el grito en el cielo cuando se enteraron de que un sector del gabinete promueve una rebaja salarial al personal político. La nómina de los hombres de consulta es uno de los secretos celosamente guardados en el PE. Algunos funcionarios se arriesgan a decir que no son más de medio centenar, aunque los gremios especulan con que en el Estado hay más de 400 asesores.
Según un informe preliminar que se maneja en la Casa de Gobierno, los sueldos de esa franja de empleados contratados (muchos ya ocuparon cargos) oscila entre los $ 900 (básico y con categoría 24) y los $ 2.800 (aquellos que, además del sueldo básico, cobran por título y por antigüedad en la función pública).
Si se toma como promedio un haber mensual de $ 2.500, al año se gastarían unos $ 12 millones, el monto equivalente a un tercio de una planilla salarial mensual o para financiar un plan laboral por tres meses con 33.000 beneficiarios (con $ 120 mensuales).
Los ministros Osvaldo Jaldo (Economía) y Fernando Juri (Gobierno) y el secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo, promueven que el tope de las remuneraciones de los asesores sea $ 1.500. "No puede haber un recorte de tal magnitud", se habría quejado un asesor al conocer la intención de ajustar el gasto. El funcionario cuestionado habría respondido que si el gobernador Julio Miranda toma la decisión política de avanzar con ese recorte, a los colaboradores que se resistan a la idea les quedarían dos caminos: aceptar la rebaja o renunciar al cargo.
Tiempo de definiciones
Algunos funcionarios comentaron que hoy estará lista la nómina de asesores para aplicar el bisturí. Ese listado sería debatido en una reunión que se haría en las próximas horas porque la medida regiría a partir de la liquidación salarial de este mes. Otra de las iniciativas resistidas (por compromisos políticos, según voceros del Gobierno) es la revisión de las designaciones realizadas en los últimos seis meses.
"Hay un derroche de $ 12 millones"
Al enterarse de que en la Casa de Gobierno se está discutiendo la continuidad o no de los asesores de gabinete, el titular de la UCR local, José Ascárate, llegó a la conclusión de que el origen de la crisis no es económico ni social, "sino sencillamente moral".
En base a los datos que manejan los gremios respecto de que habría 400 asesores en el PE, con sueldos superiores a los $ 2.500, Ascárate indicó que "se trata de un derroche irresponsable y sin control de una suma de $12 millones anuales".
El legislador puntualizó que esos fondos surgen claramente del Presupuesto provincial, con la partida 012 (Bienes y Servicios no Personales). "Se permite este tipo de contrataciones y gastos sin discriminar, al sólo arbitrio de mezquinos intereses políticos", sostuvo. Más aún: Ascárate cree que en el PE sólo se intenta dar continuidad en el cobro de salarios a innumerables funcionarios que pasaron por el gabinete y que luego son reciclados como "asesores?". "Con esos recursos se podría atender a los comedores escolares o comprar insumos para hospitales", sugirió.
Según un informe preliminar que se maneja en la Casa de Gobierno, los sueldos de esa franja de empleados contratados (muchos ya ocuparon cargos) oscila entre los $ 900 (básico y con categoría 24) y los $ 2.800 (aquellos que, además del sueldo básico, cobran por título y por antigüedad en la función pública).
Si se toma como promedio un haber mensual de $ 2.500, al año se gastarían unos $ 12 millones, el monto equivalente a un tercio de una planilla salarial mensual o para financiar un plan laboral por tres meses con 33.000 beneficiarios (con $ 120 mensuales).
Los ministros Osvaldo Jaldo (Economía) y Fernando Juri (Gobierno) y el secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo, promueven que el tope de las remuneraciones de los asesores sea $ 1.500. "No puede haber un recorte de tal magnitud", se habría quejado un asesor al conocer la intención de ajustar el gasto. El funcionario cuestionado habría respondido que si el gobernador Julio Miranda toma la decisión política de avanzar con ese recorte, a los colaboradores que se resistan a la idea les quedarían dos caminos: aceptar la rebaja o renunciar al cargo.
Tiempo de definiciones
Algunos funcionarios comentaron que hoy estará lista la nómina de asesores para aplicar el bisturí. Ese listado sería debatido en una reunión que se haría en las próximas horas porque la medida regiría a partir de la liquidación salarial de este mes. Otra de las iniciativas resistidas (por compromisos políticos, según voceros del Gobierno) es la revisión de las designaciones realizadas en los últimos seis meses.
"Hay un derroche de $ 12 millones"
Al enterarse de que en la Casa de Gobierno se está discutiendo la continuidad o no de los asesores de gabinete, el titular de la UCR local, José Ascárate, llegó a la conclusión de que el origen de la crisis no es económico ni social, "sino sencillamente moral".
En base a los datos que manejan los gremios respecto de que habría 400 asesores en el PE, con sueldos superiores a los $ 2.500, Ascárate indicó que "se trata de un derroche irresponsable y sin control de una suma de $12 millones anuales".
El legislador puntualizó que esos fondos surgen claramente del Presupuesto provincial, con la partida 012 (Bienes y Servicios no Personales). "Se permite este tipo de contrataciones y gastos sin discriminar, al sólo arbitrio de mezquinos intereses políticos", sostuvo. Más aún: Ascárate cree que en el PE sólo se intenta dar continuidad en el cobro de salarios a innumerables funcionarios que pasaron por el gabinete y que luego son reciclados como "asesores?". "Con esos recursos se podría atender a los comedores escolares o comprar insumos para hospitales", sugirió.
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