Las administraciones del interior provincial se están quedando sin plazos para comenzar a dar explicaciones acerca de la suerte que corrieron los millonarios Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que llegaron durante las dos presidencias de Carlos Saúl Menem.
Angélica Manzanedo, delegada comunal de Gobernador Garmendia, le pidió al fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, que le conceda una prórroga de 12 días para reunir la documentación respaldatoria de los $ 2,5 millones que recibió esa localidad del noreste provincial.
La Justicia provincial investiga qué destino se dio a esos recursos, que entre 1990 y 1999 totalizaron $ 102,6 millones (o dólares, para la época) para toda la provincia, de los cuales $ 31 millones estaban discriminados para las comunas.
Se sospecha que los ATN, en lugar de ser aprovechados en beneficio de la comunidad, se usaron para otros fines, como la financiación de campañas electorales.
Manzanedo es la madre del legislador justicialista José Gutiérrez, presidente de la bancada del Frente Fundacional. Precisamente, el parlamentario fue comisionado de Garmendia durante 1995 y 1999: esos fueron los únicos cuatro años en los que llegaron ATN a ese poblado.
En total, Garmendia resultó beneficiada, durante ese período, con 19 asistencias nacionales provenientes del Tesoro, que iban de los $ 2.500 a los $ 25.000.
Para advertir la importancia del papel que jugó Garmendia en la distribución de los aportes nacionales basta advertir que fue la segunda comuna tucumana que más recursos obtuvo.
Sólo fue superada por La Madrid que, a raíz de las sucesivas inundaciones que la arrasaron, recibió asistencia nacional extraordinaria, por un monto total de $ 3,8 millones.
Comparaciones
Comparada con las 18 municipalidades del interior de Tucumán, Garmendia consiguió en ATN más plata que 17 de estas ciudades. La excepción sería Bella Vista, a la que se habrían girado $ 2,6 millones, aunque el ex intendente y actual legislador radical Juan Vildoza asegura que la suma asciende sólo a $ 2,1 millones.
El fiscal Jerez les requirió documentación, también, a las comunas de La Madrid y de Santa Ana. En el primer caso, aún no se obtuvo respuesta del comisionado Silenio Caínzo.
En cuanto a Santa Ana, su titular, José Alberto Robín, también pidió una prórroga para reunir los registros de los $ 550.000 enviados desde la Nación.
Angélica Manzanedo, delegada comunal de Gobernador Garmendia, le pidió al fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, que le conceda una prórroga de 12 días para reunir la documentación respaldatoria de los $ 2,5 millones que recibió esa localidad del noreste provincial.
La Justicia provincial investiga qué destino se dio a esos recursos, que entre 1990 y 1999 totalizaron $ 102,6 millones (o dólares, para la época) para toda la provincia, de los cuales $ 31 millones estaban discriminados para las comunas.
Se sospecha que los ATN, en lugar de ser aprovechados en beneficio de la comunidad, se usaron para otros fines, como la financiación de campañas electorales.
Manzanedo es la madre del legislador justicialista José Gutiérrez, presidente de la bancada del Frente Fundacional. Precisamente, el parlamentario fue comisionado de Garmendia durante 1995 y 1999: esos fueron los únicos cuatro años en los que llegaron ATN a ese poblado.
En total, Garmendia resultó beneficiada, durante ese período, con 19 asistencias nacionales provenientes del Tesoro, que iban de los $ 2.500 a los $ 25.000.
Para advertir la importancia del papel que jugó Garmendia en la distribución de los aportes nacionales basta advertir que fue la segunda comuna tucumana que más recursos obtuvo.
Sólo fue superada por La Madrid que, a raíz de las sucesivas inundaciones que la arrasaron, recibió asistencia nacional extraordinaria, por un monto total de $ 3,8 millones.
Comparaciones
Comparada con las 18 municipalidades del interior de Tucumán, Garmendia consiguió en ATN más plata que 17 de estas ciudades. La excepción sería Bella Vista, a la que se habrían girado $ 2,6 millones, aunque el ex intendente y actual legislador radical Juan Vildoza asegura que la suma asciende sólo a $ 2,1 millones.
El fiscal Jerez les requirió documentación, también, a las comunas de La Madrid y de Santa Ana. En el primer caso, aún no se obtuvo respuesta del comisionado Silenio Caínzo.
En cuanto a Santa Ana, su titular, José Alberto Robín, también pidió una prórroga para reunir los registros de los $ 550.000 enviados desde la Nación.
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